Más financiación para Canarias

Al mismo tiempo se ha abierto un nuevo marco de relaciones con el Ejecutivo central, que incluye visitas a Canarias de Zapatero y de varios ministros, así como la celebración en otoño de un Consejo de Ministros Extraordinario en las Islas. Hay que saber actuar inteligentemente en este contexto en beneficio de Canarias; y hay que exigir del Gobierno canario que proceda con seriedad y responsabilidad, anteponiendo los intereses generales a los intereses partidistas de los grupos políticos del Ejecutivo.

En esta situación, el Gobierno canario lleva meses agitando lo que denomina “deuda histórica del Estado con Canarias”. Esta deuda, según el gobierno, es una particular suma del incumplimiento del artículo 96 del REF en los Presupuestos estatales, de los recursos financieros derivados de la supresión del ITE y del déficit en el sistema de financiación autonómico por los incrementos poblacionales del Archipiélago. Esta “deuda” Soria y Rivero la han cuantificado, desde el año 2002, en 1.773 millones de euros por el déficit inversor en los PGE, 1.693 millones por la compensación del ITE y 4.000 millones más por el déficit del sistema de financiación, aunque hace pocos días Soria, en una nueva cuantificación, nos dice que el aumento que exigirá en la nueva financiación es de 890 millones por año, es decir, la deuda sería 7.120 millones. Por tanto, según el Gobierno canario la “deuda” a exigir al Estado desde el 2002 sería, como poco, 7.466 millones o, con la última aportación de Soria, nos iríamos a 10.586 millones. Para tener una magnitud de comparación del significado de estas disparatadas cantidades baste recordar que el Presupuesto de Canarias para 2009 es de 7.667 millones de euros.

Los PGE para 2010

En mi opinión, la prioridad en los próximos PGE debe ser la convergencia de la inversión presupuestada para Canarias con la media inversora estatal per capita. Para ello es imprescindible, entre otras cosas, incorporar definitivamente a Canarias en la política ferroviaria española, única política de transporte público de la que estamos excluidos. Eso significa que Canarias participe en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020, aprobado por el Estado, donde las actuaciones ferroviarias concentran más del 48% de las inversiones totales previstas. Este Plan supone anualmente 16.000 millones de euros de inversión y debemos lograr que los proyectos ferroviarios planificados para Gran Canaria y Tenerife sean financiados por el Estado como se hace en el resto de las comunidades autónomas, incluida Baleares.

Tener capacidad para negociar en los PGE para 2010 importantes inversiones para el Archipiélago es un objetivo prioritario, más aún con la grave crisis económica que vive Canarias. Esa es la actitud que están adoptando los dos diputados de CC en el inicio del trámite de los Presupuestos aprovechando la debilidad parlamentaria del Gobierno de Zapatero. Esa y no la política de hostigamiento que sigue el Gobierno canario, amarrado a la estrategia estatal del PP, de denunciar un déficit inversor para Canarias en los PGE desde el año 2002. Porque hay que recordar que esos Presupuestos denunciados fueron aprobados por PP y CC en 2002, 2003 y 2004 y por CC con el PSOE en 2005, 2006 y 2007. O nos hemos olvidado ya cuando el diputado Mauricio y luego el diputado Paulino Rivero aparecían vendiendo esos Presupuestos estatales como los mejores para Canarias “gracias a la influencia de CC en Madrid”. Ahora los mismos nos dicen que esos Presupuestos han sido una “sablazo” para el Archipiélago. Total incoherencia.

Nuevo sistema de financiación autonómico

El sistema vigente de financiación de las comunidades autónomas de régimen común fue aprobado en diciembre de 2001 en el Congreso, a propuesta del gobierno de Aznar, por el PP con el apoyo de CC. Tomó como base la población de 1999 y ha demostrado su poca flexibilidad para adaptarse al crecimiento poblacional elevado y su desigual distribución por regiones. El incremento poblacional de Canarias ha generado mayores necesidades de gasto que el sistema no previó ni se contemplaron en sus normas de evolución. Esto ha hecho que la financiación per cápita del Archipiélago, que en 2002 se situaba en la media de las comunidades autónomas, haya terminado cayendo por debajo de esa media en años sucesivos, cuestión que es preciso corregir en el nuevo modelo que se está negociando. Ese es el asunto realmente importante: obtener una financiación que cubra el coste efectivo de los servicios que presta Canarias. Y para ello debemos aspirar a que el nuevo sistema de financiación nos sitúe en la financiación global per capita por encima de la media española, siendo el importe de esta desviación positiva lo que representa el sobrecoste efectivo de la prestación de los servicios públicos en un territorio insular y alejado (ultraperificidad).

Por otra parte, desde NC apoyamos que el Ejecutivo central deje de retener la compensación que actualmente realiza por el extinto ITE y que asciende a 335 millones de euros contabilizados como ingreso en los Presupuestos del Estado para 2009. Esta retención hay que resolverla mediante la negociación por lo que valoramos como positivo que, en la reunión entre el presidente Rivero y el ministro Chaves, se haya creado una comisión de estudio para este asunto. Otra cuestión es a quién corresponde la titularidad de esos recursos, que reivindican para sí los cabildos, mientras que el Gobierno canario entiende que son suyos, y que también deberá resolverse a través del acuerdo. Una vez más, las estridentes reclamaciones que hacen Soria y Rivero, exigiendo “deudas históricas” por la aplicación del sistema de financiación, por la retención del ITE desde 2002 o por las inversiones en los PGE, servirán para la confrontación partidaria, pero dificultan los acuerdos que benefician a Canarias.

En definitiva, ahora lo que corresponde es centrar todos los esfuerzos en conseguir que Canarias se sitúe en la media de inversión estatal en los Presupuestos Generales del Estado de 2010; lograr que en la financiación autonómica se cubra el coste efectivo de unos servicios que en Canarias se dan en condiciones de insularidad y lejanía; y alcanzar un acuerdo razonable sobre el ITE, eliminando su retención por el Estado y consensuando con los cabildos su distribución.

(*) Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias

Román Rodríguez *