Futuro energético

Esto le sirve a Rivero y a otros miembros de ATI-CC para acusar de la paralización de la implantación del gas en Gran Canaria al Cabildo y a la Mancomunidad del Sureste que se ha opuesto a la ubicación de la regasificadora en Arinaga. Y, además, centran la necesaria diversificación energética en la introducción del gas, olvidando el rotundo fracaso del Ejecutivo en la implantación de las energías renovables a pesar de las inmejorables condiciones que Canarias reúne para su desarrollo y las exclusivas competencias del Ejecutivo en esta materia. Lo primero que hay que decir con rotundidad es que la responsabilidad en la aprobación de los planes Territorial de Ordenación de Infraestructuras Energéticas de Hidrocarburos es del Gobierno canario; y que a fecha de hoy no lo ha hecho. No puede por tanto acusar a otras instituciones de la negligencia en la ejecución de sus propias competencias. La ciudadanía tiene que saber que el anterior gobierno cabildicio decidió dividir en tres los planes energéticos: producción con hidrocarburos, producción eólica y transporte de la energía. El primero de ellos se acordó, tras una discusión competencial, que fuera el Ejecutivo el que lo realizara, como lo hacía en el resto de las islas, y no lo han hecho. Los dos últimos le corresponden al Cabildo, que sí está ejerciendo sus responsabilidades de planificación.

La política energética del Cabildo de Gran Canaria está orientada claramente a incrementar el peso de las energías renovables en la producción eléctrica. Y está cumpliendo con los deberes que tenía asignados. En primer lugar, con la aprobación inicial del Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras de Producción de Energía Eólica (PTE 32). El PTE 32 establece las previsiones en la localización presente y futura de instalaciones eólicas en la isla, combinando el aprovechamiento eólico con la adecuada protección del territorio y el medio natural. En este aspecto, la actual servidumbre aeronáutica y electromagnética del aeropuerto choca con nuestras previsiones de implantación y estamos en conflicto con las limitaciones que trata de poner aviación civil. Trabajamos asimismo, para incorporar el papel que la energía eólica jugará en la alimentación de la futura central hidroeléctrica que aprovechará los saltos de agua entre las presas de Chira y Soria. Esta novedosa propuesta, que aprovechará los 400 metros de diferencia de cota entre estas dos presas, cuenta con los pertinentes estudios que demuestran su viabilidad técnica, económica y medioambiental. Con una potencia de 170 megawatios, posibilitará la producción del 25% de la energía que consume Gran Canaria, reduciendo significativamente los niveles de contaminación. El proyecto supondrá unos 120 millones de euros de inversión, estimándose en unos cuatro años el tiempo de ejecución de la obra. Se otorgará mediante concurso público, siendo la adjudicataria quien realizará la inversión económica que requiere esta infraestructura, que acabará con el actual monopolio del petróleo y sus derivados en la producción eléctrica de Gran Canaria. El tercer asunto responsabilidad del Cabildo, el plan de transporte de redes eléctricas, también se encuentra en avanzado proceso de tramitación.

Además, entre las medidas para el fomento de la competitividad de Gran Canaria, impulsadas por la Sociedad de Promoción Económica, dependiente de la Consejería de Desarrollo Económico del Cabildo, ya incluimos impulsar y agilizar los procesos de concesión de autorizaciones y licencias para las instalaciones eólicas y fotovoltaicas; desarrollar un programa de cualificación profesional para especialistas en instalación y mantenimiento de estas instalaciones. Así como identificar y apoyar nuevos aprovechamientos e iniciativas de energías renovables en el ámbito insular, para aumentar la aportación de las energías renovables a la producción energética insular y generar empleo cualificado acorde con las demandas sectoriales. En esa línea, exploramos nuevos caminos para incrementar el peso de las renovables y disminuir nuestra actual dependencia energética. Entre ellos, la introducción de turbinas eólicas off-shore incluso en aguas con profundidades superiores a 50 metros. Se trataría de impulsar un parque eólico flotante de unos 10 megawatios de potencia frente a la costa sureste de Gran Canaria, aprovechando la fuerza de los alisios que nos convierte en lugar privilegiado para la producción eólica. Igualmente, se comienzan a investigar en la isla nuevas propuestas de gran interés, como el aprovechamiento de la energía de las olas.

Fracaso del Gobierno

¿Qué ha hecho mientras tanto el Gobierno de Canarias? Poco o nada. Recordemos el fracaso en el cumplimento del Plan Energético de Canarias (PECAN) que propugnaba “para el año 2015 alcanzar un 30% de la generación eléctrica mediante fuentes de energía renovables, apoyándose principalmente en un desarrollo intensivo de la energía eólica”, cuando hoy, en 2011, seguimos con una mísera aportación de un 4% de producción eléctrica mediante energías limpias, frente al 22% estatal y el 70% de Navarra. En esta legislatura no se ha instalado ni un solo nuevo aerogenerador por el fracaso en los concursos eólicos convocados por el Gobierno canario. Esto si supone un sobrecoste en la producción eléctrica canaria, como pone de manifiesto el Informe de la Agrupación Empresarial Innovadora de Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos. Este Informe, financiado por el Gobierno canario y presentado en marzo de 2010 por el entonces consejero de Industria, asegura que el sobrecoste global del sistema eléctrico canario con respecto al peninsular, estimado en unos 900 millones de euros anuales, podría reducirse a la mitad si utilizáramos energía de origen eólico.

La dependencia actual que tiene Canarias del petróleo es un contrasentido en una islas que Jeremy Rifkin definió como “la Arabia Saudita de las renovables”. Por eso, desde NC nos proponemos continuar con el cambio de modelo energético. Para mitigar los efectos de una posible crisis energética. Para cumplir los objetivos de la UE para el 2020 en la lucha contra el cambio climático, que obliga a implantar políticas de ahorro y eficiencia, así como un incremento de las energías renovables. Para lograr, por esa vía, empleo estable y de calidad, en nuevos ámbitos de producción y servicios, cómo las energías renovables, la construcción ecoeficiente y la rehabilitación y gestión energética de edificios; así como las infraestructuras para el transporte público guiado, y la incorporación progresiva de vehículos eléctricos, híbridos o alimentados mediante combustibles alternativos, que contribuyan a mejorar la eficiencia del transporte privado.

Román Rodríguez