Gestionar los fondos europeos

Los proyectos que el Gobierno de Canarias desarrollará en el marco de los fondos europeos de recuperación son importantes para contribuir a superar esta crisis e impactar favorablemente en la economía y en el empleo. En un corto período de tiempo tendremos que gestionar muchos cientos de millones de euros adicionales a nuestros propios presupuestos, lo que exige una acertada elección de las propuestas, buena planificación y una gestión ágil, eficiente y lo menos burocratizada posible, así como un control adecuado del proceso y un cumplimiento estricto de las exigencias de la UE. El Estado ya introdujo cambios legislativos a través del Real-Decreto-ley 36/2020 que aprueba medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Canarias hace ahora lo propio en su ámbito competencial.

La pandemia de la COVID-19 ha supuesto limitaciones a la movilidad, cierres parciales o totales de negocios, limitaciones de aforos en numerosas actividades, dañando al conjunto de la economía y, especialmente, aunque no solo, al sector del turismo. Esta crisis global también ha mostrado las debilidades de nuestro modelo económico y su enorme dependencia. Una realidad que, como señala la exposición de motivos del decreto, hace imprescindible transformarlo en uno más sostenible y resiliente. De manera que la reforma del modelo posibilite “una rápida recuperación de la actividad económica, impulse la inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo” y contribuya a la creación de un empleo de calidad, así como afrontar retos en energías alternativas, movilidad sostenible, cohesión económica y social y, en definitiva, redoblar la apuesta por una sociedad más competitiva, equilibrada y solidaria. 

La Unión Europea ha implementado el Next Generation EU, con un fondo financiero de 750.000 millones, de los que 390.000 son ayudas no reembolsables. Un instrumento que pretende apoyar a los estados miembros en las tareas de recuperación y superación de los daños causados por la pandemia, la adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas que se encuentran en dificultades, y hacer más fuerte el mercado único acelerando la transición ecológica y digital.

Con dos grandes programas. Uno, el mecanismo de recuperación para el próximo sexenio que permitirá al Estado español disponer de 69.500 millones de euros en ayudas directas para todo el periodo, de los que el 70% deben comprometerse en los tres primeros años y todos ejecutarse antes de final de 2026. En el que participarán el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el sector privado, en cantidades aún por distribuir. Y, además, está el programa REATC-EU, con otros 12.500 millones, de los que 10.000 se Han repartido territorialmente. Canarias accede con el 6,3% del total estatal (630 millones, de ellos 504 en 2021), por encima de lo que le correspondería por su peso poblacional, pero con justicia por el mayor efecto de la crisis en las Islas, a comprometer en los años 2021 y 2022, y que deben ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2023. Para sanidad, educación, servicios sociales, empleo, pymes, autónomos, seguridad, I+D+i o sistema turístico. 

Estos fondos se encuentran aún pendientes de aprobación definitiva por el Consejo Europeo. Y cuentan con algunas dificultades por resolver, como el reciente frenazo impuesto por el Tribunal Constitucional alemán, que pueden retrasarlos. 

Planificación y gestión

El Ejecutivo canario está tomando decisiones para que nuestra Archipiélago se encuentre en las mejores condiciones para gestionarlos. En esa línea se inscribe la reciente aprobación del decreto Ley de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del Next Generation EU en el ámbito de la Comunidad Canaria. 

Se establece un modelo de gobernanza para la ejecución de los proyectos vinculados a estos fondos. Con un órgano de alta dirección y gobernanza, la Comisión de Planificación y Gobernanza, presidida por el titular del Ejecutivo y en la que participa todo el Gobierno, a la que le corresponde la aprobación y seguimiento de los fondos. Y otro, un Comité Director de Planes y Proyectos, que coordina y garantiza la ejecución de los planes y proyectos, presidido por el vicepresidente y consejero de Hacienda. Además, se designa como autoridad responsable de los fondos ante la Administración General del Estado a la Dirección General de Presupuestos; y se atribuye su control a la Intervención General de la Comunidad Canaria. 

El reto de la gestión de los fondos europeos nos lleva a tomar decisiones respecto a los recursos humanos, dado que se va a multiplicar la carga de trabajo de la administración con efectivos muy limitados. Por eso, se generarán nuevas unidades administrativas de carácter provisional, se procederá a la readscripción de personal, así como a nuevas contrataciones. Se crean, además, directores de gestión de los fondos para programas y proyectos, en una apuesta por la profesionalización de la función directiva pública profesional. Se prevén, asimismo, acciones de formación específica en tareas vinculadas a la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos.

En su articulado se recogen las medidas de gestión presupuestaria, administrativa, contractual y de gestión de subvenciones, con el fin de agilizar la dotación de los créditos de los proyectos financiados con fondos europeos. Se establece la prioridad en la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria que hayan de implementarse. Se flexibiliza el régimen competencial previsto para la autorización de las transferencias. Y se simplifican los expedientes a la documentación imprescindible.

Agilizar trámites

Por otra parte, se incluyen dos medidas para agilizar los procedimientos. Una de ellas es la tramitación de urgencia y el despacho preferente de los asuntos relativos a los fondos procedentes del Next Generation EU y la otra es la exceptuación del trámite de autorización previa del Gobierno de los expedientes de gastos, subvenciones y convenios que las leyes anuales de presupuestos sujetan a su autorización, por razón de su cuantía. Se abordan, asimismo, las especialidades en materia de contratación pública con el fin de implantar una cultura de la gobernanza de los fondos europeos. Se Impulsa la contratación electrónica. Se reduce el plazo para emisión de informes y cumplimentación de trámites. Y se establece la suficiencia del bastanteo de cualquier Administración Pública (antes solo de la canaria). Simplificándose la composición de las mesas de contratación en procedimientos de adjudicación abiertos simplificados y supresión en los abiertos simplificados sumarios.

El texto también hace referencia a las especificidades en gestión de subvenciones. Entre ellas, la posibilidad de otorgar subvenciones con concurrencia no competitiva, la de ampliarlas en su cuantía y la realización de convocatorias abiertas. Por último, se introduce en el ámbito autonómico las medidas de simplificación de la tramitación de convenios con otras administraciones, posibilitando que las actuaciones que requiera el cumplimiento de los fines de interés general puedan articularse a través de entidades que colaboren con la Administración. Asimismo, se recogen los instrumentos de colaboración público-privada, prevista en el Real-Decreto-ley 36/2020 estatal.

Además, el decreto canario contiene dos medidas tributarias: la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a determinadas importaciones y entregas relativas a los congeladores especiales destinados a la conservación adecuada de las vacunas; y, asimismo, una modificación del Decreto-ley 19/2020, de establecimiento del tipo cero en el IGIC aplicable a la importación o entrega de mascarillas y productos sanitarios para incluir determinados tipos de mascarilla que se habían omitido en el texto original.

En definitiva, se trata de un decreto ley de medidas urgentes y provisionales que establece significativos cambios en el funcionamiento de las administraciones, adaptando las normas a unas excepcionales circunstancias. De forma que los recursos procedentes de fondos europeos que lleguen a Canarias y que gestione su Gobierno, y que deben ser ejecutados en un corto espacio temporal, junto a los contenidos en los presupuestos autonómicos, cuenten con una planificación y gestión rigurosa, y la vez flexible y eficiente, desplegando todas sus potencialidades y contribuyendo a los imprescindibles cambios económicos y sociales en clave de sostenibilidad, digitalización y equidad.

Román Rodríguez es vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.