Gobierno sin avales

Lo más urgente es lo de Tebeto. El TSJC le ha dado al Ejecutivo quince días de plazo para que ingrese en la cuenta de depósitos judiciales los más de cien millones de pesetas que debe abonar, según el mismo tribunal, a la familia Bittini, propietaria de Canteras Cabo Verde. No entraré en los detalles del asunto que permanecía agazapado tras la notoriedad del de Tindaya, pero me interesa destacar cuan significativo resulta que Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente, considere injusto que “alguien que no es propietario del suelo tenga beneficios” sin mover una piedra.

Dicho así, parecerá a los menos avisados comentario razonable. Sin embargo, las leyes, al margen de lo que puedan parecernos, están ahí para ser cumplidas. Allá él con lo que haya querido decir. Para mí hay algo de freudiano en ese comentario por cuanto refleja la íntima convicción de que sólo la propiedad del suelo genera derechos justos y exigibles en vía judicial. Una impresión que refuerza su esforzada ley de Medidas Urgentes para que no contraríe a los dueños de solares forma alguna de proteccionismo y esas boberías de rojos venidos a menos. Se entienden así sus opiniones sobre Granadilla y otros casos menos sonados movidos por ecólogos, ecologistas, falsos progresistas de medio pelo y otras gentes de malvivir carentes de la sacrosanta condición de propietarios. Debería Berriel cambiar la denominación de Medio Ambiente de su consejería, que si renunció antes al Ambiente completo como su propio nombre indica, demanda ahora nueva reducción a un cuarto de eso, de Ambiente.

Bromas aparte, oculta Berriel que los pagos obligados son consecuencia de errores y cabezonerías del Gobierno, tan contumaces que se repiten hasta la saciedad en otros casos de menor relevancia mediática. La prepotencia gubernamental, de este Gobierno y de los anteriores del mismo color, le ha llevado a descuidar la defensa jurídica de los intereses públicos con desprecio de los informes técnicos, cuando se han producido. No han faltado advertencias en los medios no adictos al Régimen, y por eso mismo perseguidos, respecto a la confusión de lo público y lo privado con ciertas ínfulas caciquiles y el decidido manejo del poder para obtener réditos políticos (lo de Tindaya, sin ir más lejos, es un ejemplo) o para vengarse de los rivales, vistos como enemigos a muerte. La idea de que, en el peor de los casos, ya arrearán quienes vengan detrás sigue bien presente porque quienes mandan saben que nunca les exigirán responsabilidades por sus cancaburradas, ya sean producto de la ignorancia o de saber más que los ratones colorados.

En lo de Tebeto dicen que el Gobierno no defendió los intereses públicos ni atendió a las posteriores solicitudes de negociación de Bittini. Con lo que los plazos se han cumplido y sólo queda ya depositar el dinero. Un dinero que habrá de salir de créditos puros y duros, si es cierto, como ha indicado la diputada psocialista Francisca Luengo, que ningún banco español está dispuesto a concederle avales al Gobierno.

Que esa es otra, pues significaría que la Banca considera de altísimo riesgo la forma de actuar del Ejecutivo pauliano con una cuota nada despreciable de arbitrariedad y capricho. Un buen botón de muestra fue el intento de desviar precisamente hacia Luengo la responsabilidad de Tebeto. Lo que implicaba afirmar que el simple traslado de un documento por parte de la entonces secretaria general técnica prevaleció sobre las decisiones de la Consejería y del Gobierno. Una versión imposible de creer, pero que, de ser cierta, pondría de manifiesto una gestión tan desastrada que la Banca, de natural amarrona salvo para los fichajes del Real Madrid, no está dispuesta a avalar. Lo que esto significa, podrán suponerlo: o paga el Gobierno en cash, como Soria, o no saldrá adelante

Son muchos los que advirtieron a este Gobierno y a los anteriores que cebaban bombas que podían estallarle en las manos. Y en eso estamos.