El Gobierno, contra los cabildos

Por ello, en la imprescindible reforma del Estatuto de Autonomía ?aplazada 'sine die' de manera irresponsable por el actual Gobierno de Canarias- deben abordarse asuntos de enorme calado, como el alcanzar mayores niveles de autogobierno, blindar nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), llevar a cabo esa necesaria reforma del marco político-administrativo de las Islas y, asimismo, desarrollar una reforma electoral que acabe con este injusto sistema que ha dejado sin representación en el Parlamento a 150.000 ciudadanos y ciudadanas de las islas.

En nuestra Comunidad Autónoma es visible la significativa dispersión competencial actual y palpable el hecho de que sobre un mismo asunto intervengan, a menudo solapándose, diversas administraciones. Esto aparece diáfano en la aplicación de la Ley de la Dependencia, En lugar de transferir la gestión en su aplicación a los cabildos, que ya ejercen las competencias en políticas para mayores y para discapacitados, y que cuentan con unidades de evaluación y estructuras profesionalizadas en este cometido, montan un nuevo Servicio de la Dependencia en el Gobierno, contratando a más de 100 personas sin experiencia alguna en este área. Esto, además de ser un gasto ineficiente e injustificable, ha contribuido a su fracaso.

Cada día son más las opiniones cualificadas que abogan por una mayor insularización de la administración de la comunidad autónoma, lo que redundaría en mayor cercanía al ciudadano y en mayor eficiencia en la gestión. Para eso es imprescindible que los cabildos recuperen capacidad fiscal para convertirlos en verdaderos gobiernos de la isla, y generando mayor transparencia en los ingresos y gastos.

Crisis institucional

Un paradigma de los problemas que están sobre la mesa lo estamos viviendo estos días, en los que asistimos a una profunda crisis institucional sin precedentes, con el enfrentamiento abierto entre los cabildos insulares y el Gobierno de Canarias a cuenta de la participación en los ingresos derivados del Régimen Económico y Fiscal (REF).

La actitud que viene manteniendo el Ejecutivo canario constituye, en mi opinión, una vuelta de tuerca más en los modos de actuar del Gobierno más centralista y más anticabildista de nuestra historia que, en este caso, pone en peligro la supervivencia de los cabildos insulares. La Federación Canaria de Islas (FECAI), que agrupa a los cabildos insulares, ha llegado incluso a anunciar que está dispuesta a llegar a los tribunales si el Ejecutivo de Rivero y Soria persiste en su empeño de recortar esos ingresos derivados del REF, lo que llevaría al colapso económico de las corporaciones insulares.

Los cabildos, como se sabe, no cuentan con capacidad recaudatoria. Sus principales fuentes de financiación son, fundamentalmente, tres: el bloque de financiación canaria (REF), que supone el 38,78% del total; los tributos del Estado (22,66%) y las competencias transferidas de la Comunidad Autónoma (21,05%). Todos estos parámetros han caído en 2010, pero en el caso del REF y de las competencias transferidas la caída se viene produciendo desde 2007.

Los recursos del REF tienen su origen en los arbitrios insulares que eran titularidad de los cabildos; se trataría de recuperar esa titularidad histórica. Además, en 2001 se pusieron en marcha los planes sectoriales que contribuyeron decididamente a una adecuada financiación de las competencias que ejercen los cabildos en diversos ámbitos. Sin embargo, el actual Gobierno de ATI-CC y PP ha ido disminuyendo drásticamente su aportación a estos planes, lo que ha debilitado aún más a los cabildos canarios.

Caída de ingresos

Como bien señala la FECAI, se ha producido una espectacular caída de ingresos de los cabildos insulares, mientras que los ayuntamientos han resistido mucho mejor, al haberse producido una evolución positiva del Fondo Canario Municipal, a lo que se añaden las partidas provenientes de los fondos del Plan Feile, un Plan del que el Estado, incomprensiblemente, dejó fuera a los cabildos. Una FECAI que también pone el acento en las deficiencias en la gestión e información de los tributos del REF, con 472 millones en gastos de gestión en el período 1999-2010. Los costes de gestión de la recaudación se siguen manteniendo pese a la caída de la recaudación en los últimos años, dando la impresión de que están haciendo caja con los mismos.

Ante una situación que pone en peligro la elaboración de los presupuestos de los cabildos para 2011, la FECAI exige que se aplique la disposición transitoria 4 de la Ley 9/2003, que señala que el Gobierno canario “con cargo a sus fondos garantizará a todas las islas una asignación equivalente a la que vinieran percibiendo en el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2002”.

Sin que su aplicación suponga salvar todos los problemas que tienen hoy las corporaciones insulares si contribuiría, junta a otras medidas de ajuste interno, a poder elaborar los presupuestos para el próximo año y garantizar el mantenimiento de los servicios. En todo caso urge entrar en los temas de fondo, en este caso concreto en un nuevo modelo de financiación para los cabildos y los ayuntamientos, y de forma más general, en esa imprescindible reflexión y toma de decisiones sobre el modelo político-administrativo más adecuado para dar cumplida respuesta a las necesidades del Archipiélago y su ciudadanía.

* Presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez *