El gobierno de los pirómanos

Ruano podía haber dicho que Coalición Canaria quiere cumplir su programa electoral, podía haber confesado que para construir una nación hay que imitar al Estado y tener policía, bandera, ejército y esas cosas que lucen tan bonitas el día de la patria. Pero claro, cuando gobiernas con el partido cuyo presidente de honor es un exministro franquista que en su día declaró que la ikurriña se legalizaría por encima de su cadáver, y cuyo candidato a las elecciones europeas declaró hace poco que en con Franco “la mayoría vivíamos plácidamente”, pues tienes que usar argumentos no nacionalistas para defender la policia volcánica. Y un argumento de consenso con el PP es decir que los pobres roban. Y como aumentará el número de pobres, pues habrá que poner policías autonómicos ya que Zapatero no nos manda todos los hombres armados que queremos. Ya sabemos como son estos pobres, que no quieren comer los yogures casi caducados y entonces pasa lo que pasa, que se meten a robar en los supermercados. Claro que el gobierno no podrá impedir estas golfadas porque la semana pasada nos contaron que iban a crear una policía canaria para ponerla en la puerta de los institutos para que nuestros hijos no se droguen. No podemos tener de todo: institutos sin camellos y supermercados sin ladrones. Hay que elegir. El gobierno prefiere acabar con los camellos y anunciar en el Parlamento que los pobres se van a poner a robar.

Mientras el consejero de Seguridad nos anuncia que aumentará la inseguridad, la consejera de Sanidad avisa a los parados que van a perder sus cartillas sanitarias. El gobierno hará una campaña informativa para contar a los desempleados que cuando se les acabe el subsidio, deberán tramitar una nueva tarjeta sanitaria para personas sin recursos, porque si no perderán el derecho a la sanidad universal y gratuita. El ejecutivo podía haber enviado una circular interna a los funcionarios del Servicio Canario de Empleo y del Servicio Canario de Salud pidiéndoles que recordaran a los desempleados la estúpida legislación que obliga a los ciudadanos que pierden los recursos asistenciales a tener que perder la paciencia en una burocracia absurda. Aunque en España la sanidad en un derecho universal y gratuito, el Estado nos obliga a tener siempre una cartilla sanitaria vinculada a una persona que esté cotizando a la seguridad social, que sea pensionista o que reciba un subsidio de desempleo. Si no cumplimos esos requisitos y no tenemos familiares que los cumplan debemos contarle al Estado la situación que el Estado ya conoce, para que nos de una cartilla sanitaria que ponga “persona sin recursos”. Así son las leyes que aprueban estos diputados y senadores pluriempleados.

La campaña informativa anunciada por el gobierno ha provocado exactamente el efecto contrario. Centenares de llamadas a la seguridad social, a Sanidad, comentarios en los periódicos digitales de ciudadanos que creen que ha habido un cambio en la ley y que Zapatero nos va a quitar la sanidad universal y gratuita. El sindicato CCOO calificó ayer de “cruel insensibilidad” la campaña anunciada por el gobierno canario. El responsable de sanidad de CCOO dijo que el Servicio Canario de Salud y el Instituto de la Seguridad Social podrían arreglar los problemas administrativos sin necesidad de crear alarma social. Y tiene razón. Tenemos una consejera de Sanidad que lleva muchos años en política. Ha tenido cargos públicos tanto en el PSOE como en el PP, siembre cuando estos partidos han estado en el gobierno. Roldós sabe que desde 1987 existe el el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La mitad de sus miembros son los representantes de los gobierno de las 17 comunidades autónomas. Dos meses antes de las últimas elecciones generales, el 12 de diciembre de 2007, Mercedes Roldós y otros 5 consejeros de Sanidad del PP abandonaron uan reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad porque el ministro no quería tratar el problema de la financiación sanitaria, porque no formaba parte del orden del día. Se iba a hablar de las listas de espera, pero a dos meses de unas elecciones hacía falta un boicot al gobierno del Estado y Mercedes Roldós obedeció las órdenes de su partido. No fue el primer boicot, ha habido otros, siempre relacionados con el dinero que debe dar el Estado. En ese Consejo Interterritorial podría plantear Roldós un cambio en la normativa para no obligar a los desempleados a estar cambiando de cartilla sanitaria. También podrían plantearlo los diputados y senadores del PP que suman mayoría con los de la oposición. Pero Mercedes Roldós ha preferido usar el camino más fácil: lanzar mensajes a la prensa para dar la impresión de que Zapatero nos quitará la sanidad universal y gratuita.

Se esquivocan los que decían que este gobierno es ultrachicharrerista, que sus colores son blanquiazules. Este gobierno es amarillo, pero no de la UD Las Palmas, sino amarrillo en el sentido periodístico, tenemos un gobierno que nos da a los periodistas titulares que servirían para rellenar todas las páginas del periódico El Caso, o los informativos de una televisión pública que quiere imitar al desaparecido periódico. El presidente anuncia que España va a una situación de bancarrota, el consejero de Seguridad anuncia más inseguridad y pronostica que los pobres se harán ladrones, la consejera de Sanidad nos anuncia que los parados se van a quedar sin médico porque son tontos y no renuevan sus papeles, la consejera de Turismo Rita Martín nos pronostica que el principal sector económico en las islas está en caída libre. Los gobiernos están para apagar los fuegos, pero Paulino Rivero lidera una tropa de pirómanos que después de 20 años en el machito se limitan a decir que viene un gran incendio y ellos, ¡por supuesto!, no tienen culpa de nada.

Juan García Luján