Del gobierno representativo a la democracia

El Movimiento 15-M ha hecho posible la reaparición de un discurso y una voz -en realidad de una pluralidad de voces y discursos- que estaban ahí, que se venían manifestando a través de diversas formas, pero que no habían logrado alcanzar tanta fuerza y visibilidad pública.

Gracias a él muchísimas personas de muy distintos sectores sociales han salido a la calle para hacer patente su indignación con el sistema político y económico vigente. Es pronto aún para saber qué caminos tomará, qué consecuencias tendrá o simplemente si logrará mantenerse en el tiempo. Sin embargo, no cabe duda de su éxito. De repente toda España está discutiendo las raíces económicas y políticas de los niveles de paro, pobreza y malestar social que sufrimos. Pero no por ello debe obviarse el problema de qué es lo que ha provocado su emergencia, qué condiciones sociales, económicas y políticas han dado pie a que tantas personas muestren su cabreo por no pocas ciudades de España. Por mi parte no dudaría en señalar que se trata de una profunda insatisfacción con el modo en que los grandes partidos, sindicatos, empresas y bancos nos tratan: como una mercancía, como un medio para su ansia de poder y riqueza. Estos ciudadanos claman contra la partitocracia y la plutocracia, contra el gobierno de los partidos y los banqueros, contra su desvergonzada alianza y dependencia mutua. Demandan un futuro, trabajo y derechos básicos (vivienda, trabajo, salud, educación,?). Pero también exigen cauces efectivos y ágiles de participación y, sobre todo, capacidad de decisión. Saben que en nuestras sociedades se ha gestado un enorme y creciente proceso de privatización y mercantilización de la toma de decisiones, que nuestras vidas dependen de que el FMI, el BCE, «los mercados» o, peor aún, ésta o aquella agencia de calificación decida rebajar la calidad de nuestra deuda, elevar los tipos de interés, imponer un drástico programa de reducción del déficit presupuestario, reducir prestaciones sociales, privatizar servicios y empresas públicas? Saben también que los ciudadanos no deciden prácticamente nada, que quien decide ?bajo la inmensa presión de los agentes antes citados- son los representantes, los políticos, los partidos. Y dicen por ello que esto no es una democracia.

En realidad no les falta razón. Ya hacia mediados del siglo pasado Joseph Schumpeter ?un conocido economista austríaco- alababa esta forma de gobierno al tiempo que decía que no era una democracia sino, más bien, «el gobierno del político». Pero esto mismo era lo que mucho antes, en los inicios de la modernidad, no pocos pensadores y políticos de por entonces llamaban «gobierno representativo» o «república representativa». Y lo hacían, precisamente, para diferenciarlo de la democracia, a la cual consideraban una mala forma de gobierno en la que el «demos», esto es, los muchos, pobres y libres podrían imponer sus criterios y necesidades a través de una «legislación de clase», de un gobierno de la mayoría del pueblo. No es este el lugar para detenerse en la cuestión ?por otra parte sumamente interesante- de cómo aquello que se definía y defendía como «gobierno representativo» ha acabado, con el paso del tiempo, denominándose y legitimándose como democracia representativa. Sea como haya sido, tengo para mí que no estaría mal volver a nombrar las cosas por su nombre, esto es, dejar claro que no vivimos bajo una democracia sino, más bien, bajo un gobierno representativo. De ahí que, a mi modo de ver, las propuestas del 15-M puedan ser concebidas como una exigencia de transición desde el gobierno representativo a la democracia o, más concretamente, como una recuperación de la tan vieja como persistentemente insatisfecha demanda: «somos el demos, queremos gobernar».

No obstante, sobre el gobierno representativo bajo el que vivimos me gustaría añadir varias precisiones más. Pueden resumirse bajo la idea de que tal forma de gobierno posee y afronta serios déficits sociales y políticos. Si bien creo que ambos son importantes y de hecho que una verdadera igualdad política no es posible sin una drástica reducción de las desigualdades sociales, aquí me detendré en estos últimos, esto es, en los déficits políticos de los gobiernos representativos que nos gobiernan pero no nos representan, a saber: sus déficits de representación, de credibilidad y de participación.

Nuestro modo de de gobierno no es tan representativo como pretende. Y ello no sólo porque ?como señalan los manifestantes- los representantes o la clase política no suele escuchar a los representados, ni llevar (re-presentar o volver a presentar) su voz a las instituciones. También porque no somos los ciudadanos los que elaboramos programas y propuestas y los representantes los que las trasladan a las instituciones. Ocurre precisamente al revés: los representantes construyen programas y propuestas que luego intentan vendernos en los periodos electorales mediante medios ya sobradamente conocidos. Pero este gobierno representativo es también insuficientemente representativo porque bajo ellos y a través de muy diversos mecanismos (sistemas electorales, financiación de los propios partidos y de las campañas, control de o por los medios de comunicación,?) la representación política no constituye un fiel reflejo de la voluntad, opinión y voto de los ciudadanos. A ello cabría añadirle no sólo el vergonzoso mercadeo de promesas, planes, proyectos, medidas,?, electorales a la búsqueda de cualquier voto. También el flagrante incumplimiento de tales promesas.

Pero, por otra parte, bajo este modo de gobierno, al que habitualmente se conoce también como «democracia de partidos» para destacar el fundamental papel que éstos juegan en el proceso político, no son los ciudadanos ni los propios militantes de los partidos los que toman las decisiones fundamentales, elaboran los programas, deciden los candidatos, nombran a los asesores, designan los liberados,? Como ya sugería poco más arriba, en realidad y salvo excepciones puntuales, todo suele estar atado y bien atado. Tal y como desde principios del siglo XX señalaban Weber, Michels, Ostrogorski y muchos otros, lo que impera es «la ley de hierro de la oligarquía», es decir, es la oligarquía de cada partido la que decide casi todo y, cuando es el caso, lo somete posteriormente a aclamación por parte de sus militantes. La política queda así en manos de unos pocos y se convierte en una lucha por el poder. Y una conocida frase resume el poder de tales oligarquías: ¡el que se mueve no sale en la foto! De hecho, la propia emergencia del 15-M puede que mucho tenga que ver con la ruptura del enorme poder organizativo e ideológico que hasta hace poco poseían los grandes partidos, sindicatos y medios de comunicación. Una ruptura que Internet y las nuevas redes sociales han hecho posible. Ahora convocar una manifestación, crear una corriente de opinión, etc., no depende únicamente de la aceptación y beneplácito del partido o el sindicato. Los mismos ciudadanos pueden hacerlo de forma totalmente autónoma.

Pero este modo de gobierno está igualmente aquejado de una seria crisis de credibilidad. Es manifiesta la creciente desconfianza de los ciudadanos ante los partidos, los políticos y hasta con la propia política. La animadversión, la desafección, la apatía, la indiferencia?, forman parte de las actitudes de los ciudadanos. Saben que no todos son iguales. Pero nos les faltan razones pues ven como la corrupción, el clientelismo, el enchufismo, la mentira, la difamación, el enriquecimiento, la financiación ilegal o la compra-venta de favores y votos se ha convertido en una práctica política habitual. El amplio número de imputados y su vergonzosa presencia en las listas electorales es un indicador de ello. Y los ciudadanos no ven medidas claras frente a estos fenómenos. Es más, ven como largos, lentos, complejos y costosos procesos judiciales ?que para colmo de los colmos ya se solicita sin el menor pudor que se paguen con fondos públicos- suelen terminar en nada y después de mucho tiempo.

Pocas dudas caben, por último, de que este gobierno representativo afronta también una fuerte crisis de participación. La mejor prueba de ello es la creciente aparición de leyes y reglamentos de «fomento» de la participación política de la ciudadanía. Pero también lo prueban los altos porcentajes de abstención electoral, algo que poco preocupa a los grandes partidos políticos salvo ?como acabamos de comprobar- en los días previos a las elecciones. Pero alude también, y sin duda con más importancia, a los bajos niveles de afiliación a los partidos, a los sindicatos y a las grandes asociaciones. Estos fenómenos suelen explicarse echando mano del socorrido cliché sobre la apatía, apoliticismo y desinterés de los ciudadanos. O también recuperando aquella vieja tesis conservadora de que si la ciudadanía no participa se debe, en realidad, a su satisfacción con el funcionamiento del sistema político. Pero a lo que no se alude es al hartazgo de la ciudadanía para con unos medios de participación (partidos, elecciones, reglamentos) que no ofrecen oportunidades reales de decidir, que están profundamente burocratizados y al servicio del gobierno de turno, que ofrecen medios para informar, escuchar, oír o a lo sumo -y aún así de forma controlada- dejar opinar a la ciudadanía. Pero no les ofrecen medios para decidir, para participar en la toma de decisiones. Ésta siempre queda reservada a los representantes, a políticos. Y esto vale tanto para los referéndums, las iniciativas legislativas, las iniciativas reglamentarias, las famosas consultas,?.. A título de ejemplo, en España hay posibilidad de referéndums, pero sólo si el Rey los convoca mediante propuesta del Presidente del Gobierno y previa autorización del Congreso de los Diputados. En Canarias pueden realizarse consultas populares, pero sólo si el Gobierno, a instancias del Presidente, lo tiene a bien. En la ciudad de Las Palmas podrá igualmente convocarse alguna consulta popular, pero una vez más solo si el Alcalde y la mayoría absoluta del Pleno municipal lo consideran conveniente. Y no es que estos mecanismos no tengan interés. En mi opinión lo tienen y mucho. Son pequeñas grietas por las que puede entrar ?aunque no sin un enorme esfuerzo y tesón de la ciudadanía- la participación ciudadana. Pero por el momento y salvo excepciones no ofrecen la posibilidad de que la ciudadanía, cuando así lo desee y por sí misma, pueda poner en marcha procesos de consulta y decisión colectiva y vinculante sobre los asuntos que crea conveniente. Porque de esto es, en definitiva, de lo que se trata: de participar y, sobre todo, de decidir.

Como se ve la tarea no es fácil y son muchas las cosas por cambiar. Ni los grandes partidos o sindicatos ni mucho menos las empresas y bancos van a modificar nada. De estos últimos nada cabe esperar. A los primeros les inquieta, pero sólo antes de las elecciones. Es posible que algunos se saquen otro conejo de la chistera. De hecho ya hay alguna que otra propuesta acerca de la reforma del sistema electoral canario. Pero no importa. Como dice José Luis Sampedro, las batallas hay darlas independientemente de su posible éxito o fracaso. “Hay que darlas por el simple hecho de darlas”, para “ir cambiando las cosas” en el sentido en que deseamos y consideramos justo, para crear conciencia o, cuando menos, para mostrarles lo que queremos y lo que no queremos. En suma, para mostrarles que no somos mercancía o -por decirlo con fuste kantiano- que «no tenemos precio sino dignidad».

* Profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad de La Laguna

Roberto Rodríguez Guerra*