Un 0,5 al Gobierno

Este último es el caso que nos ocupa, un asunto tan crucial como el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como la Ley de la Dependencia, donde a similitud del PISA, el Ejecutivo de Rivero queda en niveles muy bajos en la competencia básica de dar la adecuada respuesta a las personas dependientes, confirmando su enorme insensibilidad social.

En efecto, el VI Dictamen la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sobre la financiación y los costes de la Ley de Dependencia en las comunidades autónomas, publicado el pasado 15 de diciembre, advierte que el Archipiélago tiene la tasa de cobertura de atención más baja de España, 4 de cada 1.000 habitantes, mientras que la media estatal triplica ampiamente la canaria: 14 de cada 1.000.

Asimismo, deja bien a las claras que, en el caso de nuestro Archipiélago el esfuerzo del Gobierno no pasa nunca más allá de los aspectos verbales y propagandísticos. Así, La Rioja gasta 183 euros por habitante, mientras que Canarias sólo destina 32, cuando la media estatal asciende a 102 euros.

A la cola

En el referido informe se presenta un ranking por calidad en la prestación, que encabezan Castilla-La Mancha y Castilla y León, ambas con un 9, seguidas de País Vasco (8,5), Aragón (8,5), La Rioja (8), Andalucía (7,5), Navarra (7,) Cantabria (6,5), Cataluña (6,5), Galicia (5,5), Extremadura (5) y Murcia (5). Suspendidas aparecen Asturias y Baleares, con un 4, Ceuta y Melilla (3), Madrid y Comunidad Valenciana, que logran un 2, y a gran distancia Canarias, que obtiene un 0,5.

Entre los criterios de evaluación se encuentran el número de personas atendidas, los trámites administrativos efectuados a los dependientes en relación con la población de cada comunidad, así como el número de los que teniendo derecho aún no reciben la correspondiente prestación.

La Ley, una de las de mayor impacto social aprobadas por el Congreso de los Diputados, lleva cuatro años aplicándose. Y los sucesivos informes, tanto de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales como del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del IMSERSO, constatan que en Canarias es la comunidad en la que peor se aplica.

Tuve la oportunidad de participar en el Congreso de los Diputados en el proceso de gestación de esta ley, a la que Nueva Canarias contribuyó con un buen número de enmiendas destinadas a definir de manera precisa el derecho subjetivo, reforzar la autonomía personal, fomentar la participación de los usuarios en la toma de decisiones que les afectan y potenciar el apoyo a las familias.

Asimismo, las enmiendas incidían en reconocer y favorecer la participación de las entidades del tercer sector (entidades que prestan servicios sociales sin ánimo de lucro), homogeneizar los criterios de composición y actuación de los órganos de valoración de las comunidades autónomas y garantizar el trato igualitario de las personas en situación de dependencia, al margen del lugar en que residan. La aceptación de más de una veintena de transaccionales permitió que muchas de nuestras reivindicaciones se incorporaran al texto definitivo y da una idea del alto nivel de consenso alcanzado.

Dije entonces y reitero ahora que esta ley constituye un avance importante en el reto de la igualdad efectiva, impactando decididamente en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por cualquier tipo de dependencia, asegurando una cobertura mínima de servicios asistenciales y prestaciones económicas, así como a su entorno familiar.

Estado del Bienestar

Porque la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia constituye un elemento esencial en el fortalecimiento del cuarto pilar del Estado del Bienestar: la universalización de los servicios sociales, dentro del cual la atención a las situaciones de dependencia es uno de los principales ámbitos de actuación.

Los datos que arroja el VI Dictamen de la Ley de la Dependencia muestran, una vez más, la incapacidad e irresponsabilidad del Gobierno autonómico para desarrollar esta ley, lo que supone un maltrato a los dependientes y a sus cuidadores. Un Gobierno de Canarias que se ha dedicado a confundir a la ciudadanía, a duplicar la burocracia y a “engordar” el número de trabajadores públicos en la Consejería de Bienestar Social (en lugar de ceder la gestión a los cabildos insulares que ya ejercen competencias en políticas de atención a mayores y discapacitados, y cuentan con un personal capaz y experimentado) consolidando un gasto ineficiente e injustificable que, además, no ha contribuido a mejorar el desarrollo de la ley.

Ese categórico suspenso que, una vez más, merece la aplicación de la Ley de la Dependencia en las Islas tiene su traducción directa en el sufrimiento de miles de personas a las que se les conculcan gravemente sus derechos. No tiene excusa ni justificación posible; y constituye un ejemplo diáfano del pésimo Gobierno que sufrimos, y no merecemos, los hombres y mujeres de esta tierra.

Román Rodríguez