Sin ilusión para defendernos de la reforma de las administraciones locales

Se consumó el asalto a los ayuntamientos. El pasado 16 de octubre, el Congreso de los Diputados sacaba adelante, con los únicos votos del PP, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, saltándose los compromisos internacionales adquiridos por España con la firma de la Carta Europea de Autonomía Local en 1985, interviniendo ayuntamientos, reduciendo servicios y privándoles de la capacidad que tienen de resolver los problemas de la ciudadanía.

Desde que entre en vigor la ley, el próximo 1 de enero de 2014, los ayuntamientos volverán al siglo XIX y cuestiones como las políticas de igualdad, las escuelas infantiles, las actividades extraescolares o la protección del medio ambiente ya no estarán en sus manos. Servicios como los de atención domiciliaria, menores, discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia y mayores serán los primeros de los que tendrán que desprenderse en un plazo máximo de un año. De esta manera, el Gobierno hace culpables de la crisis a los ayuntamientos, cuando su deuda supone el 4% de la deuda total del Estado.

Desde que se anunció la ley, el grupo de gobierno de Ingenio ha tenido varias oportunidades para posicionarse públicamente y tomar cartas en el asunto. Desde agosto, al alcalde de Ingenio, Juan José Gil, se le ha requerido para que se manifestara contra este ataque al municipalismo, para que iniciara una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas municipales para la presentación de enmiendas en el trámite parlamentario y para que pusiera en marcha los mecanismos jurídicos con los que cuenta la administración local. ¿Qué hizo el alcalde? Nada.

Mientras la ley se acercaba con paso firme hacia su tramitación definitiva, el alcalde de la Villa de Ingenio ha tenido la oportunidad de solicitar un planteamiento de conflictos en defensa de la autonomía local, en base a la LO 7/1999 de 21 de abril, mediante un pleno extraordinario y urgente. Ha tenido la oportunidad de solicitar un dictamen preceptivo al Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma de Canarias que avalara su planteamiento y ¿qué ha hecho? Nada, absolutamente nada.

La dejadez del alcalde de Ingenio y su socio de gobierno, con respecto a este tema, llega a ser alarmante, no se sabe si por un apoyo tácito, que sería grave, o por desconocimiento absoluto de la norma y las consecuencias que conlleva, que sería más grave aún.

Mientras más de dos mil alcaldes se manifestaban en Madrid y desde sus ayuntamientos hacen todo lo posible para parar esta ley, la falta de respuesta que ha dado el PP de Ingenio, que según ellos no es lo mismo que el PP, y su socio Agrupa Sureste, viene a demostrar lo que la ciudadanía de la Villa de Ingenio ya apunta abiertamente. Nos encontramos ante un grupo de gobierno que muestra graves síntomas de agotamiento y una imagen de derrota apenas pasado el ecuador de la legislatura, sin ánimo para defender al municipio y sin ilusión por sacar esto adelante.