Más madera a la Cámara de Comercio

Es obvio también que ya es un poco tarde para rectificar todos los efectos perversos de lo que empezó mal, y según rumores sigue mal. Pero sería peor aún, y nada ejemplarizante, que el que por Ley es el Órgano Tutelante de las Cámaras, es decir la Consejería de Industria Comercio y Nuevas Tecnologías, sepultara tan grave asunto bajo toneladas de papeles, informes jurídicos de parte, y cuantas trampas dilatorias de leguleyo se le pudieran ocurrir para no convocar de inmediato el proceso electoral parcial e intentar rectificar y subsanar lo que fue originalmente una injusticia, según el fallo de la sentencia comentada.

Salta también ahora a primer plano que la denuncia de presunta adulteración del censo electoral, presentada en su momento por el representante de la Plataforma Cámara de Comercio y la propia Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias en la Fiscalía Anticorrupción, aún está pendiente de resolución judicial, lo que a mi entender es aún mucho más grave. Si la Sala competente admitiera como cierta la existencia de tal adulteración, presuntamente promovida y propiciada según se publicó por el entonces presidente José Miguel Suárez Gil, el proceso debería ser anulado en su totalidad por afectar a la raíz democrática de las elecciones camerales. Ya no sería una elección parcial de una parte del Pleno lo que habría que hacer, sería una repetición al cien por cien en la elección de vocales. Y en ese caso ¿en qué situación legal quedarían las decisiones aprobadas por un pleno cuya elección hubiera sido declarada irregular? Por lo tanto, a mi entender, resulta obvio y urgente que alguien con autoridad suficiente debiera “estimular el celo” y echar más madera en las calderas de los magistrados que tienen desde hace tanto tiempo este asunto sobre su mesa para que dicten sentencia. Las garantías democráticas electorales y la legitimación de sus dirigentes están en juego en lo que atañe a la Cámara de Comercio de Las Palmas.

En lo concerniente al fondo real del problema, creo que ha llegado el momento de reflexionar y legislar seriamente sobre la forma práctica de documentar y comprobar fehacientemente la veracidad real del mandato que ciertos profesionales de la representación presumen ostentar para actuar en nombre de colectivos sociales, sindicales o empresariales. Es difícil de entender por qué una consejería, pongo por caso, exige a los sindicalistas las actas de las votaciones para establecer los porcentajes de apoyo a sus respectivas centrales y fijar un ranking según el cual se les convocará o no a reuniones para llegar a acuerdos o solucionar conflictos sectoriales, y no se hace lo propio con las organizaciones sociales y empresariales, patronales y asociaciones vecinales, cuya auténtica representatividad siempre queda como un arcano, que según el diccionario DRAE dícese de las cosas secretas, recónditas, reservadas y difíciles de conocer.

Peor aún, cuanto más aparecen en los medios de comunicación esos presuntos dirigentes, que no líderes, más representativos les suponen los políticos y más temor les producen, cuando pudiera darse el caso, y se da en la práctica con mucha frecuencia, que tras ellos sólo hay unas siglas y una casi nula afiliación. El presidente actual de la CCE ya dijo muy acertadamente hace tiempo cuando arreciaba la marejadilla entre presuntos representantes que “los políticos tontos se reúnen con siglas”, sobre todo a la hora de repartir subvenciones graciables o graciosas.

Pero de este y de otros muchos asuntos pendientes de resolver en las Cámaras, ya nos ocuparemos en otra ocasión, porque el encuadramiento obligatorio, las cuotas a pagar, la ausencia de auditorias externas y el agrupamiento por epígrafes dan mucho juego, aunque sean asuntos serios y poco dados a lo lúdico, excepto para justificar algunos gastos de representación. Pero y usted, que es presunta víctima de este estado de cosas, ¿qué opina?

José Fco. Fernández Belda