Menos ministerios. ¿Y?

Es saludable que los partidos políticos introduzcan la austeridad en sus discursos. Pero, claro: deben llevarlo a la práctica si acceden a la gobernabilidad de las instituciones, en solitario o coligados, única forma de ganar o recobrar credibilidad. Está muy extendido que los políticos derrochan o despilfarran, perciben salarios muy altos e incluso utilizan en demasía los recursos públicos a su alcance. Y claro, en tiempos de crisis, la tendencia a reprochar esos comportamientos, sobre todo cuando los protagonizan los adversarios, se va acentuando.

El Partido Popular (PP) ha hecho –y hace- bandera del ahorro que significaría suprimir al menos siete de los veintidós ministerios que componen la actual estructura del Gobierno de España. La ultraderecha, en horas bajas desde los resultados de Andalucía, se ha sumado a la pretensión y coinciden en que se trata del Gobierno más caro de la historia de España. Por eso interpretan que el número de ministerios es sinónimo de gasto superfluo y suelen apuntar en la diana de los suprimibles a Igualdad y Consumo.  

Pero algunos datos indican lo contrario. Cierto es que, según las cifras gubernamentales, la “desaparición” de ministerios no acarrea las consecuencias que las derechas quieren hacer ver. Suprimir Consumo, por ejemplo, no implicaría el despido de los funcionarios que trabajan en este departamento –474 personas, según datos de 2021— ni el ahorro de las partidas presupuestarias que tiene asignadas (57,18 millones de euros para el año 2022). Centrándonos en este departamento, los argumentos de reducir su rango para que vuelva a ser Secretaría de Estado apenas supondrían más ahorro que el derivado de que su máximo responsable, en vez de cobrar como ministro, ingresas un salario de secretario de Estado. El actual titular del Ministerio de Consumo, Alberto Garzón, cobra 76.355,28 euros brutos al año y si fuese secretario de Estado su sueldo sería de 74.892,12 euros: un ahorro de apenas 1.463 euros brutos al año.

Lo mismo, según las fuentes consultadas, se puede decir del resto de ministerios de nueva creación, desde el de Derechos Sociales al de Igualdad, pasando por el de Seguridad Social, el de Ciencia o el de Universidades, “lo que rebaja sensiblemente las expectativas de que un gobierno más pequeño suponga un ahorro reseñable en una administración que este año maneja un presupuesto de 196.142 millones de euros y que, en las últimas décadas, ha acumulado una deuda pública de 1,4 billones”.

Los propósitos reduccionistas de las derechas apuntan también al número de asesores de cada departamento. Pero, primero, téngase en cuenta que la cifra de personal eventual que cada departamento contrata no es consecuencia directa de que haya más o menos ministros sino de la decisión política de cada uno de ellos. Luego, tratando de poner las cosas en contexto, con este ejemplo que encontramos en la publicación Newtral: cada ministro del presidente Rajoy trabajaba con la ayuda de cincuenta y un asesores, mientras que cada ministro de Sánchez lo hace con treinta y cuatro. Eso es un 33 % menos de personal de personal de confianza al servicio de cada titular de ministerio.

En fin, mucho hay que temer que el debate, pese a los datos, continuará.