Hacia un nuevo modelo territorial

Las vueltas de tuerca que hacen cada vez más insostenible la situación del Partido Popular (PP) -solo esta formación política la resistiría en un país de las características de España- hacen que esté pasando inadvertida -salvo en el desencuentro no resuelto con los catalanes- la posición fijada por el PSOE para lograr un nuevo modelo territorial. Lástima porque es una aportación interesante en el devenir político, condicionado por la crisis. Los ciudadanos esperan de las organizaciones políticas respuestas serias, sólidas, alternativas a concepciones que van quedando desfasadas, a estructuras que han ganado en obsolescencia después de valiosos servicios y a demandas surgidas de las propias exigencias sociales. En ese sentido, los socialistas han dado un paso pensando en los intereses generales, en una nueva hora para el país y también para el propio partido al que se pide, tras su historia centenaria y tras las experiencias acumuladas en los años de gobierno, que esté a la altura de las circunstancias y de las nuevas demandas, sobre todo cuando tanto desafecto hay hacia la política, cuando tanto desencanto y tanto recelos se van amontonando. El examen de las consultas demoscópicas, en efecto, tiene que haber alertado a sus dirigentes.

Esa posición del PSOE se condensa en la propuesta de un Estado más eficaz, más democrático y más integrador. Más que una respuesta a las reformas ideologizadas del PP, lo es al neoliberalismo y a la fiebre privatizadora de sus políticas. La sociedad demanda al socialismo una diferenciación, también en época de crisis y en fase de oposición: en la reunión del Consejo Territorial, respaldada por el Comité Federal, máximo órgano entre congresos, ha encontrado una opción de reforma constitucional que habrá de incluir el denominado principio de igualdad de todos los ciudadanos a las prestaciones sociales básicas (educación, sanidad y derechos sociales) así como el reconocimiento explícito de dos nuevos derechos: la protección social y el derecho a la salud.

Este marcado acento social de la propuesta socialista precisa de garantías para su aplicación y ésta se contrasta con el establecimiento de un principio de estabilidad social del gasto público que asegure un nivel mínimo de prestaciones públicas y la creación de un Fondo de Garantía del Estado de bienestar para tiempos de crisis.

El PSOE, ya era hora, toma la iniciativa y ahora habrá de promover un arduo proceso de negociación para intentar alcanzar un nuevo modelo territorial. Frente a las tentaciones rupturistas y a los afanes de recentralización, y ante sus propios problemas internos, lanza un guante que viene a ser una señal de vitalidad en plena desazón política. Más Estado, más derechos, un nuevo modelo de financiación autonómica, transparencia informativa y administrativa y el reconocimiento de los hechos diferenciales son, entre otros, los objetivos a los que se encamina esta propuesta que sirve para empezar a creer, con fundamento, que hay vida política más allá de la cotidiana corrupción.