La Onu debe declarar ilegal la pobreza

En septiembre del año 2000, en la llamada Cumbre del Milenio en la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 189 jefes de Estado y de gobierno presentes, suscribieron una Declaración, conocida como Declaración del Milenio, que recogía ocho objetivos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio ( ODM ), el primero de los cuales proponía erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo y establecía la fecha de 2015 para reducir a la mitad, con respecto a 1990, el número de personas que sufrían esa inadmisible situación.

Han transcurrido catorce años desde entonces y si bien se han logrado progresos indudables el hecho cierto es que para 2015, la fecha tope para la consecución de los ODM, el panorama de la pobreza extrema, de la pobreza “ moderada ” y el hambre en el mundo continúa siendo desolador.

A día de hoy 1000 millones de personas, casi la séptima parte de la población mundial, vive en situación de pobreza extrema ( 1.25 dólares diarios ) y 2.500 millones más en estado de pobreza “ moderada” ( menos de 2 dólares diarios).

Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, cree posible acabar con la pobreza extrema hacia 2030, aunque reconoce que para acabar con ella desde ahora “ se necesitaría que un millón de personas dejara de ser pobre cada semana durante 16 años”.

En fin, la perspectiva de que la pobreza deje de ser el principal problema social de la humanidad en el siglo XXI no está nada clara. Y menos si, como los estudios más recientes de economistas como Thomas Piketty (“El capital en el siglo XXI”) y otros ponen de relieve, el sistema económico capitalista imperante en el mundo genera y generará una desigualdad progresiva, entre una exigua minoría, que concentrará la riqueza, y una creciente mayoría que, inexorablemente, engrosará las filas de los empobrecidos.

Ante ese panorama la única salida decente, de cara a la revisión que en 2015 deberá hacer la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) de la consecución de los ODM es que, por lo que se refiere al objetivo número uno, la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la ONU declare ilegal la pobreza. Sólo una medida así, impulsada por la máxima representación de la comunidad internacional, tendrá la legitimidad y el valor suficiente para poner en la agenda mundial la erradicación de la pobreza como el objetivo social prioritario a conseguir por el conjunto de las instituciones internacionales, los Estados y los gobiernos de todo el mundo.

La ONU tiene el deber moral imperativo de adoptar, como muy tarde en 2015, cuando se haga el balance de los logros de la Declaración del Milenio, la decisión de declarar ilegal la pobreza, porque solo así las instituciones económicas internacionales y los Estados y gobiernos del mundo estarán obligados y comprometidos a poner como primer e ineludible objetivo de sus políticas económicas y sociales la erradicación de la pobreza.

No valdrá entonces el artificio del crecimiento económico ilimitado, incompatible a medio y largo plazo con el equilibrio ecológico del planeta, como vía para asegurar el fin de la pobreza, sino que se planteará, sin enmascaramientos ideológicos interesados, la cuestión de la redistribución de la riqueza tan inconcebiblemente concentrada en un minoritario polo social – 85 personas tienen tanta riqueza como 3. 500 millones de seres -, que la inmensa mayoría de la sociedad está condenada a pasar innecesarias privaciones, inadmisibles desde el punto de vista ético y legal.

En su día, en el siglo XIX, fue ilegalizada la esclavitud. En su día, en el siglo XX, tuvo lugar el reconocimiento de la igualdad de derechos de la mitad femenina de la humanidad. Al llegar el siglo XXI no basta ya con denunciar la inhumanidad de los prejuicios contra los pobres y la misma aporofobia, la meta social y moral inaplazable es la erradicación de la pobreza, y la obligación de la ONU es despejar el camino declarando su ilegalidad.