Antes de otoño

La superposición de los hechos hace difícil la síntesis. Veamos. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mitigó la zozobra popular al situar la intención de voto por encima de los socialistas por primera vez desde 2004, a la espera de que se confirme hoy mismo la inyección del Tribunal valenciano que archivará los trajes del presidente Camps, ¡viva Naseiro!

Por su parte, el Consejo Económico Social (CES) tomó el pulso de los canarios y éste revela que si el gobierno de Rivero y Soria le disgusta, la oposición socialista no lo hace en menor medida. Al revés: en dos años, casi se duplica el porcentaje de los descontentos con sus modos de hacer política, dato que ahora mismo, en el ecuador de la legislatura y en vísperas del encuentro de Lanzarote con el presidente del Gobierno, no debe pasar inadvertido. Al menos, servirá -un suponer- de reflexión autocrítica.

En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quebró la alianza gubernamental parida cuando aún circulaban por la red los videos con los reproches que los firmantes se habían dedicado en campaña. Pero ya se sabe que en la política canaria, estas cosas, minucias. Es el penúltimo capítulo del convulso mandato: declaración de emergencia social, pleitos judiciales de mala pinta, reajustes en el gobierno, frustrado gobierno de concentración, pugnas intestinas? Por si acaso, Miguel Cabrera Pérez Camacho ha anticipado que el último puede ser una censura. Y machada al margen, vaya usted a saber.

Pero lo que sí hay que mirar con lupa es la ruptura del diálogo social pues, tal como están las cosas, sí que puede alimentar una inestabilidad inquietante en vísperas de le elaboración de los próximos presupuestos y de la presidencia de turno de la Unión Europea que ostentará España a partir del próximo 1 de enero. Gobierno y centrales sindicales han reaccionado, quizá de forma inesperada, a los planteamientos de la patronal, CEOE. Se quejan de que el documento de los empresarios supone desmarcarse de los principales acuerdos que han sustanciado tanto las relaciones laborales como la viabilidad del sistema de pensiones, consagrado en aquel Pacto de Toledo.

Nos habíamos acostumbrado, salvo episodios puntuales, a la paz social. Prácticamente, treinta años de diálogo, de relaciones de buena vecindad, ahora rotas -educadamente escenificada la fractura- y a la espera de que las partes actúen con el máximo realismo y con la máxima flexibilidad cuando reanuden -como así lo quieren, parece- las negociaciones.

Habrá que ser consecuentes: no hay que poner en riesgo la solvencia del sistema de la Seguridad Social ni el sistema de pensiones. Por ejemplo, la reducción de las cotizaciones empresariales (en cinco puntos, propone la patronal) puede significar un notable desequilibrio en las cuentas de aquélla y una seria distorsión de la cobertura a trabajadores que pierden su empleo al no poder las empresas abonar las indemnizaciones correspondientes.

Y lo que parece que hay que evitar a toda costa: la desregulación del mercado de trabajo, traducción de las pretensiones empresariales de simplificar o incluso suprimir los procedimientos administrativos en materia laboral. Cuidado, porque ahí están en juego el control de los recursos públicos y la protección de los derechos de los trabajadores.

Asignatura pendiente.