El pacto que ya no existe

Esta perspectiva ilumina buena parte de la historia económica y administrativa de las islas. Es sabido que tras la Conquista, para promover su poblamiento y una actividad económica que le permitiera servir, además, de estribo a la navegación oceánica, se concedió al archipiélago ventajas fiscales y se le toleró comerciar de aquella manera tan por libre, al margen de la Casa de Contratación sevillana. Quien quiera hablar de que la corona procuraba el bienestar de sus amados súbditos, que lo haga; pero sin perjuicio de admitir que tanto amor obedecía no menos al deseo de los monarcas de no acogotar a los isleños, no fueran a caer en la tentación de cambiar la dependencia de España por la de alguna de las potencias enemigas del imperio español.

Esa política de siglos asentó el “acervo económico canario” que generó un contexto en que la españolidad isleña era pura retórica ante el juego de los intereses en presencia que se desarrollaba como si Canarias fuera un país extranjero respecto a España. La crisis española de principios del siglo XIX así lo puso de manifiesto pues los titulares de los intereses isleños dominantes llegaron a plantearse si convenía a su preservación mantenerse bajo la corona de España, buscar la protección inglesa o sumarse a las colonias americanas en vías de emancipación. Manuel Hernández González y Manuel de Paz encontraron en aquel periodo paralelismos entre los procesos americanos y el caso canario.

El paralelismo más evidente fue el de Cuba, que no se sumó a la primera oleada independentista, sin duda porque no se sentía fuerte para enfrentarse a España y porque ésta hizo grandes concesiones a su oligarquía: libertad de comercio, supresión del estanco del tabaco, continuidad de la trata de esclavos, control del poder, etcétera. Cuba se independizó en 1898 y Canarias siguió española, pues vio compatible esa condición nacional con las aspiraciones de no integrar las islas en el mercado español, el libre comercio negado a los peninsulares, o el reconocimiento de las singularidades físicas, fiscales y económicas y del modo se ser y de hacer económico, que venía del siglo XV. Todo un pacto o como quieran llamarlo.

En definitiva: fuera “pacto colonial” o “acuerdo político-institucional”, lo cierto es que la oligarquía revalidó la permanencia del archipiélago en el marco del Estado burgués del XIX y que éste reconoció, por su parte, la especificidad de la economía canaria diferenciada de la peninsular, como han señalado Antonio Macías y José Rodríguez Martín. Fue un proceso largo que culminó con el decreto de Puertos Francos de 1852, ratificado como ley en 1900 y “actualizado” a la baja por el REF de 1972; hasta llegar a hoy, en que se han perdido las referencias al dichoso acervo incluso como evidencia histórica.

Para decirlo de una vez, la cuestión es que aquel pacto o acuerdo murió y no ha sido sustituido. La oligarquía y la burguesía canarias han perdido sus señas al dejar de ser las únicas clases políticamente activas y ya no se identifican con las aspiraciones de otros tiempos. Puede entenderse que el pacto sea hoy un traje viejo, pero preocupa la incapacidad de las clases dirigentes para proponer otro con visión de futuro. Desde la aceptación de un Estatuto de Autonomía, bien empapado del espíritu centralizador de la institución provincial y con el relegamiento a la nada de los Cabildos, hasta el continuo implorar beneficios presupuestarios, subvenciones, dinero para carreteras y un etcétera, que incluye los obligados numeritos de firmeza nacional-preelectorera, se han consumido las habilidades de nuestros representantes políticos que no dan pie con bola. Da grima verlos vender, incluso mal vender, su voto por un puñado de euros; o aferrarse a un REF desnaturalizado y descabalgado de la globalización económica; o llamar a la rebelión por una maleta; o sentirse traicionados ante la importación de bananas americanas; o discutir quien nos ha dado más dinero, si Aznar, Felipe o Zapatero; todo con el adobo del pueblerinismo hegemónico especialmente arraigado en determinados núcleos de poder santacruceros, los que no se han quitado aún la casaca dieciochesca, oculta bajo la levita decimonónica, como deja entrever el periódico famoso con su neoindependentismo de mesa de noche.

Creo que la pérdida de la memoria y del sentido de la Historia y el empeño en no abrir los ojos al futuro en un mundo global es el principal lastre del archipiélago. La actitud ante la crisis da idea de lo que hay (o sea, de lo que no hay). Se limitan los políticos a esperar a que escampe fuera y vuelva la euforia turística, en lo que se disponen leyes para relanzar la especulación (medidas urgentes, descatalogación de especies para enterrarlas en cemento y demás). Una política de tierra quemada que descuida aspectos como la educación y la sanidad. Inquieta el convencimiento de la inutilidad de pedirles que miren atrás como paso previo a la urgente invención del futuro, de acuerdo con el principio de que burro viejo no aprende idiomas.