Quien paga, manda

Escueta y contundente sentencia extraída de nuestro refranero. Se puede aplicar al derecho de exigir calidad al producto comprado, o comportamiento adecuado por el servicio pagado. Pero la interpretación oficial parece algo más perversa. Un sentido tan peyorativo como: “Detenta el poder quien dispone de los medios económicos necesarios”.

Detentar (lat. detentare) significa retener y ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público. O dicho de una persona: Retener lo que manifiestamente no le pertenece.

Nos encontramos ante la definición de una realidad inexplicable. Aquí no manda el que paga, sino el que cobra; y además le roba a quien le paga en demasía, con una generosidad forzosa pero legal; pues no es el patrono –el pueblo soberano– quien estipula los emolumentos, sino el propio empleado –el político– el que decide cuándo debe ganar… Y además, roba.

No es fácil asumir el cúmulo de atrocidades que están avasallando nuestra dignidad ciudadana en virtud de los últimos escándalos de corrupción masiva. Tan generalizados que no es juicio temerario opinar que solo asoma la punta del iceberg.

La alarma ciudadana parece amortiguada por una actitud de resignación colectiva ante la abundancia e inevitabilidad de los desmanes institucionales. El riesgo está en la posible gota de agua que colme el vaso de la paciencia popular. Cuando estalle el vidrio, porque su capacidad se vea superada por la indecencia de los gobernantes, ni siquiera el camuflaje de la economía sumergida servirá como catalizador para la supervivencia de un pueblo maltratado y afectado por quienes han usado la bandera del bienestar para aplicarla en exclusivo beneficio propio. Pandilla de desalmados; aforados unos; otros, poderosos beneficiarios de una justicia politizada –contrasentido irracional, por incompatible con un supuesto estado de derecho, pues se admite subrepticiamente al poder judicial como dependiente del ejecutivo–… Todos ellos responsables del fracaso humanitario.

No significa que todos los políticos sean iguales y sean igualmente corruptos. Sería imprudencia generalizar en tal sentido. Es evidente que algunos son honrados y que sus principios morales coinciden con el discurso y puede que no mientan a sus potenciales votantes. Pero la perniciosa estructura de los partidos políticos invita a la sospecha de que, en efecto, todas estas formaciones políticas sí son iguales. Grupos que aglutinan una ideología (teórica); que priorizan intereses de partido por encima de los derechos ciudadanos (y por debajo de las ambiciones individuales), con lo que el cacareado servicio al pueblo se va al garete. Una ley electoral nefasta (que no interesa reformar para no perder privilegios). Listas cerradas para cultivar el nepotismo. Tramas organizadas para esquilmar dinero público. Fiscales comprados para ejercer la defensa de reos poderosos en lugar de acusarlos. Jueces que insultan el principio constitucional de “todos iguales ante la ley”... ¿Qué significa eso de “jueces para la democracia”? ¿Acaso hay otros que lo son para otra cosa o causa? En cualquier caso, el afiliado honrado, adscrito a cualquiera de estas formaciones corruptas, y los incautos votantes de buena fe, deben plantearse ser cómplices, pasivos o no, de tanta fechoría.

Los últimos acontecimientos parecen iluminar una atisbo de esperanza al irse haciendo justicia. Pero no nos engañemos; es la sociedad civil la única capacitada para resolver sus propios problemas, pues mediante la indignada presión popular y con el apoyo de los medios de comunicación que no tienen limitado su derecho a la libertad de expresión por compromisos oficiales, los presuntos van desfilando hacia la cárcel. Aunque lo importante para subsanar su delito debiera ser, además, la devolución de todo lo robado más intereses de demora. Que el partido en el poder se apunte ahora como adalid de la represión contra su propia corrupción, tiene mucha guasa.

Irrisoria resulta también la pretendida ganancia de pescadores del partido del ceño fruncido, en este río revuelto, cuando se pone en plan salvapatrias. Es otro contrasentido que quien denigra todo lo español; que menosprecia su geografía, historia, tradiciones; que odia a sus gentes y se burla de sus creencias, usos y costumbres; pretenda algún día llegar a gobernarnos desde un patriotismo foráneo, subvencionado por países peligrosos por la entidad moral de sus gobernantes, que no de sus habitantes. Solo nos faltaría, como solución, regresar a las catacumbas de un modelo político, social y económico, que ha fracasado irreversiblemente tras un siglo de hoces y martillos que han masacrado mucho (checas incluidas).

Esperemos que, con la firmeza del pueblo soberano, que paga y manda, se consiga rescatar nuestra dignidad desde una Justicia eficaz, limpia e “igual para todos”.