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Unas pocas firmas más

José Carlos Gil Marín / José Carlos Gil Marín

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Sólo parece, pues, que faltan unas pocas firmas más de congresistas del Congreso de los diputados para devolver al pueblo lo que es del pueblo, la soberanía popular, devolver al pueblo el decidir sobre lo que se ha consumado por el PSOE-PP con premeditación y nocturnidad?

Las 10 firmas de los diputados catalanistas de Convergencia i Unió; las 6 del Partido Nacionalista Vasco; tan sólo una al cien por cien segura, sólo una, de los socialistas del PSOE (¿dónde están el PSC de Cataluña, Izquierda Socialista, o los sectores críticos de la izquierda real?); las 2 de Izquierda Unida; las 3 de la ERC de Cataluña, republicana e independentista; las 2 de Coalición Canaria; las 2 del BNG gallego; la de la diputada de Nafarroa Bai; y la firma de Rosa Díez, de Unión, Progreso y Democracia, estarían a siete escasas firmas (según algunas fuentes a tres) de evitar la consumación del final del Estado Social y Democrático de Derecho del artículo 1.1 de la Constitución de 1978; o al menos de postergar tal hecho fáctico a la manifestación de la voluntad del pueblo soberano.

Quedarían, pues, tan sólo unas pocas firmas más para plantear una consulta, un referendum, a la propuesta en curso, que debería haber nacido de los propios reformantes? Pero que no lo han hecho? Aún es tiempo?

En el Senado faltarían 4 firmas? O las unas, o las otras? Pero dense?

¿Se reforma, pues, en una noche la Constitución, y no se puede en prácticamente dos meses convocar un referendum, que además podría coincidir con la convocatoria electoral del 20N para ahorrar costes logísticos?

¿Dónde está el informe preceptivo pertinente del Consejo de Estado según su Ley Orgánica? ¿Vamos a creernos que se cumplirá el contenido ad futurum de una Ley Orgánica, a aprobar en 2012, cuando no se cumplen las actuales? Por no cumplirse ni se cumple la Constitución? Pongamos tan sólo algunos ejemplos que todos tenemos en nuestra mente, a modo de recordatorio para que sus señorías firmen, citemos tan sólo algunos de sus artículos constitucionales, incumplidos desde 1978:

“Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”? ¿No han sido la especulación y la burbuja inmobiliaria casus belli de la actual crisis?

“Artículo 35.1: Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”? ¿No estamos ya en 4 millones 130 mil 927 parados registrados? ¿Qué Gobierno ha cumplido desde 1978 con la Constitución en este artículo?

Se dice desde el PSOE-PP que esta reforma quiere introducir la práctica y el principio del buen gobierno en la administración pública estatal, en el conjunto de los diferentes gobiernos existentes en diferentes ámbitos territoriales, en el Estado:? ¿Pero dónde queda entonces el artículo 103.1 de la Constitución?: “Artículo 103.1: 1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”? ¿No será que en verdad se recuerda lo que manifestó el pueblo y votó en 2005 respecto a un proyecto de Constitución europea, que ni era europea -sino de los Estados dominantes como lo es hoy esta aún propuesta de reforma impuesta igualmente desde fuera- ni era Constitución? ¿Y que por eso no se quiere el referendum? ¿No será que se temen los fantasmas del pasado?

¿Pero no habíamos quedado que la transición se había culminado y la democracia alcanzado en 1978? Si Adolfo Suárez entendiese lo que pasa, preferiría no haberlo visto? ¿Dónde están las formas y los tiempos, sagrados en democracia tanto como el fondo de lo debatido, que bajo su presidencia consiguieron una transición pacífica y en apariencia plena? Digo en apariencia, porque visto lo visto?

¿Por qué este doble lenguaje, que hace que aparezcan fenómenos sociopolíticos como el de los asamblearios, mediatizados, instrumentalizados y utopistas indignados?

Ahora que hemos conocido el patrimonio de sus señorías, (por cierto, que curioso que el comunista Llamazares se entregue al capitalismo en lo personal e invierta y posea en dinero contante y sonante, más de 300.000 euros, o que la diputada Ana Oramas indique poseer “tan sólo” algo más de 19.000?); ahora que los hemos conocido, y que la indignación aumenta ante subterfugios legales que ocultan la realidad fáctica, que quieren aparentar menos de lo que en verdad se tiene, o que muestran realidades opuestas a la ideología que se dice defender; ahora que nos hemos indignado con los subterfugios jurídico legales que buscaban esconder debilidades partidistas internas tras los resultados electorales obtenidos (desde el pasado viernes se quedará el PSOE con 14 diputados en el Parlamento de Canarias, perdiendo uno tras la expulsión del nuevo Presidente del Cabildo herreño) intentando evitar la moción de censura; ahora que estamos en el espacio y en el tiempo en el que estamos, sólo se podría en parte mitigar esta indignación sentida con la recuperación de la autoritas del Parlamento del Estado, del Congreso de los Diputados, sede de la representación de la soberanía, si se alcanzan las 35 firmas requeridas por los artículos 166 a 169 del texto constitucional.

Si no es así, requiem in pacem, democracia. Si no es así, habrá que reinventar lo dado. El cambio paradigmático global es, pues, cada vez más, una constatación.

La alianza que en el Hierro o en La Palma ha sido este verano y tras las elecciones autonómicas necesaria alternancia democrática, en el conjunto del Estado ha sido, para con esta propuesta de reforma constitucional, y por los mismos partidos protagonizada, PSOE-PP, un oligopolio político.

José Carlos Gil Marín

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