¿Probidad política? Un recorte de 112 millones…

Pues bien, sobre la probidad el diccionario de la Real Academia nos dice que probidad es sinónimo de honradez; es decir, de integridad en el obrar humano. Y según el diccionario de María Moliner, la palabra probo “se aplica a la persona que cumple con sus deberes profesionales; que no comete en ellos fraudes ni inmoralidades”. ¿Es, pues, probo, mantener tal nivel de gastos en la materia referida durante una situación de crisis como la que vivimos?... Se nos dice que Canarias es la Comunidad Autónoma con menos altos cargos del conjunto del Estado. 130 en total? Y que, por consiguiente, su actitud sería ejemplarizante en la materia? Pero la cuestión no es esa. La cuestión es si lo invertido en tales cargos públicos revierte en resultados eficaces debido a la alta calidad de sus conocimientos y a la categoría de las estrategias que implementan, y si en una situación de crisis deberían o no dar ejemplo reduciendo sus salarios? ¿ Cuál es el salario mínimo interprofesional?... ¿Es o no es el salario medio canario el más bajo del conjunto del Estado?... ¿ Cuántos mileuristas ?trabajadores que no llegan mensualmente a mil euros de salario- hay en las islas?...

Además, ahora resulta que los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2010 deberán sufrir una reducción del gasto público a instancias del Ministerio de Economía y Hacienda para cumplir con los criterios europeos de reducción de déficit público. El ajuste en este año será de 112,1 millones de euros; en caso contrario, se vería impedido el Gobierno de Canarias a solicitar nuevos créditos por 1.200 millones de euros para financiar el presupuesto, o a incrementar el déficit autorizado en 2011 por 900 millones de euros más, lo que colocaría a la Comunidad Autónoma en una situación insostenible desde el punto de vista financiero. El Gobierno de Canarias nos dice que “las áreas que menos disminuirán serán sanidad, educación y políticas sociales”, pero no nos dice que no disminuirán en nada. Un ejemplo de probidad presupuestaria sería recortar los salarios públicos en el porcentaje de la reducción del gasto presupuestario que afectase a las áreas que configuran en Canarias el estado del bienestar: la educación y la sanidad pública. Ese sí sería un gobierno probo. O al menos en un porcentaje de los mismos, si no el 100 por 100? Pero ya se sabe, no se le pueden pedir peras al olmo?

¿Es probo que, según el PSC-PSOE de Santa Cruz de Tenerife, una asesora del alcalde Miguel Zerolo cobre casi 50.000 euros anuales sin haber sido su nombramiento oficialmente publicado en el Boletín Oficial de la Provincia?... ¿ Es probo que el alcalde de Arona, también de Coalición Canaria, cobre más que el Presidente del Gobierno de España?... Pero ningún partido está a salvo, porque los comportamientos éticos son propios de las personas, no de los partidos. Y en todos los hornos cuecen habas? ¿ Fue probo que en el Cabildo Insular de Lanzarote el PSC-PSOE aprobara en abril de 2008, ya en crisis, un presupuesto en el que destacaba una subida espectacular de sueldos en cargos públicos y asesores?... Sólo en asesores aumentaron en 186.000 euros la partida en comparación con 2007, es decir, un 51% más.¿ Fue proba la subida acordada “sotto voce” el 4 de enero de 2008 por los tres partidos con presencia en el Parlamento de Canarias ( PP, PSOE y Coalición Canaria) a favor de los diputados acogidos al régimen de dedicación exclusiva, acuerdo salarial que les permitió pasar de percibir de 48.929,28 a percibir 58.572,42 euros anuales?...

Un gobierno probo no es el que gasta más. Ni siquiera es el que gasta menos. Un gobierno probo es el que gasta eficazmente y transforma el gasto en calidad de los servicios públicos que presta a la ciudadanía. Y los actuales números están muy distantes de una óptima y eficaz probidad gestora gubernamental. No existe la más mínima posibilidad de desarrollo para un territorio si éste está sometido y capturado por facciones ajenas al interés colectivo y al devenir de un pueblo. La probidad de la función política es multicompleja en tanto que depende del ejercicio diario de esa misma política, de acceder y mantenerse en el poder para conducir el Estado y la sociedad. La condición suficiente para controlar la corrupción pública se cumplirá sólo cuando la ciudadanía, que es la mandataria -en tanto que titular de la soberanía-de los políticos electos y de los no electos, tenga también una participación directa en el diseño, evaluación y control de la praxis diaria de las políticas públicas, políticas que deben ser la encarnación y la realización de sus derechos ciudadanos. Y no otra cosa.

José Carlos Gil Marín