El Estatuto de Autonomía reconoce la doble capitalidad, pero ni el texto la desarrolla, ni la praxis política la ha hecho efectiva. Para solucionar ambas lacras el Estatuto debe reorientar su discurso desde los equilibrios “de reparto” hacia la equidad “de poder”. Con otras palabras, el Estatuto debe dejar meridianamente claro que cuando en una legislatura el poder ejecutivo se localiza en una capital el poder legislativo se localizará en la otra, y que en las siguientes legislaturas se hará lo mismo de manera inversa. Es decir, que si durante una legislatura la sede del Parlamento se ubica en Santa Cruz de Tenerife y la sede de la Presidencia (y Vicepresidencia) se ubica en Las Palmas de Gran Canaria, en la legislatura siguiente la sede del Parlamento se ubicará en Las Palmas de Gran Canaria y la sede de la Presidencia en Santa Cruz de Tenerife. Nada importará para ello de qué isla provenga el Presidente electo ni en qué islas el partido más votado tenga mayor implantación. Organizado así el poder, las islas no capitalinas participarían en el gobierno, ya con la creación de oficinas parlamentarias, ya acogiendo las sedes de alguna de las instituciones de la administración autonómica, ya con ambas medidas.La reforma de la Ley Electoral canaria también es de una importancia crucial. No se puede exigir la participación en los comicios como un deber cívico fundamental y luego tirar a la basura 150.000 votos de electores que se han tomado muy en serio su concurrencia a las urnas por no haber superado los mínimos de acceso del 6% regional y del 30% insular de la actual Ley. Así se consigue el fomento de la abstención, el alejamiento de la democracia de la ciudadanía y la impunidad de quienes se sienten cómodos ejerciendo un poder carente del control popular. La disputa del poder desde los distintos territorios insulares originó la forzada e irreal triple paridad (entre provincias, entre islas capitalinas, y entre islas capitalinas y no capitalinas). Ignorando el derecho individual del ciudadano, el Estatuto quiso salvaguardar el interesado “equilibrio” territorial que, a la postre, ha transformado la deseable política global del archipiélago canario en una política de contienda de unas islas contra otras. De ahí la necesidad de reformar el Sistema Electoral y de corregir todas sus fallas: • Frente a la falta de proporcionalidad demográfica de diputados elegibles en cada territorio es necesario establecer un número mínimo de diputados por isla y asignar el resto a cada circunscripción según el último censo disponible en el momento de la convocatoria.• Frente a la falta de consideración de la Comunidad como una sola entidad política es conveniente una lista regional que permita a los canarios elegir de forma más directa a su Presidente, y sin tener que delegar tan ostensiblemente su voto en los grupos parlamentarios ni que sopesar los posibles pactos que pudieran realizar. • Frente a los mínimos de acceso al Parlamento del 6% regional y del 30% insular, que han expulsado a 150.000 electores del hemiciclo, el tope máximo del 3% y 5% en los respectivos ámbitos sería deseable.Algunas formaciones políticas han manifestado su ferviente adhesión a la reforma de la Ley Electoral, y otras no quieren saber nada de ella. Un tercer grupo dice estar dispuesto a llevarla a cabo, no con una reforma estatutaria, sino con una Ley del Parlamento. Los canarios deben saber que esta vía es una suerte de huída hacia la nada porque los puntos fundamentales que han de reformarse, el número de diputados por isla y los porcentajes de barrera, son actualmente Disposiciones Transitorias del Estatuto que para su modificación por Ley del Parlamento requerirían su aprobación por dos terceras partes. Una reforma Estatutaria que incluyera estas modificaciones bastaría aprobarla por mayoría absoluta.En general los partidos políticos han mantenido propuestas de reforma de la Ley Electoral con criterios variables e incluso contradictorios y han modificado sus posiciones en los medios informativos antes y después de los resultados electorales conforme a sus intereses políticos más inmediatos. En lo que respecta al desarrollo de una Ley de Bicapitalidad casi la totalidad de las formaciones políticas ha mantenido un mutismo sepulcral. Si la reforma electoral causa contrariedad entre los partidos, la Ley de Bicapitalidad les produce auténtico pavor. Para la modernización de Canarias, muy necesaria ya, a veinticinco años de la aprobación del primer Estatuto, Demócratas para el Cambio espera contar con el caudal de los demócratas canarios cualquiera que sea su tendencia política. El desarrollo de una Ley de Bicapitalidad basada en la equidad del poder, y la reforma de la Ley Electoral basada en la equidad entre ciudadanos son indispensables para conseguir una política canaria verdaderamente autonómica. El Estatuto que ahora está pendiente de tramitación en el Congreso no contempla ninguna de las reformas que pretendemos. Los ciudadanos, no los partidos, tendremos que llevarlas adelante con nuestro esfuerzo.(*) El presente artículo lo firman también Gloria Arteaga Ortíz, Joaquín Fernández González, Cristina Reina Monzón, Manuel Roríguez González, José Brito López y la adhesión de ciento cuarenta y seis simpatizantes más.http://democratasparaelcambio.blogspot.com Vicente Mujica Moreno y José Marrero Henríquez*