Un respetito a los jueces

Baltazar Garzón, héroe del Partido Popular en la época en la que persiguió el terrorismo de Estado practicado durante el gobierno de Felipe González, se ha convertido en un villano por haber investigado la trama corrupta del PP en el caso Gürtell. Los profesionales del Derecho consideran insólito que el Tribunal Supremo haya admitido que Francisco Correa, líder de la trama corrupta, pueda ejercer la acusación particular contra el mismo juez que lo está investigando por el caso Gürtell. Más insólito todavía son las prisas del Tribunal Supremo por apartar a Garzón de la Audiencia Nacional, porque de esta forma se sienta un precedente: los corruptos pueden apartar a los jueces presentando una querella contra ellos.

No se puede pedir respeto para un Tribunal Supremo que admite otra querella de Falange Española contra un juez que se limitó a tramitar una denuncia por genocidio presentada por asociaciones de la Memoria Histórica contra los mandos franquistas. El mismo juez que ha podido abrir procedimientos por genocidio contra Pinochet y contra el gobierno de Guatemala, no sólo no puede investigar el genocidio franquista sino que debe sentarse en el banquillo de los acusados por perseguir delitos que no prescriben. En Chile, Guatemala y Argentina hay abiertos procesos judiciales contra los responsables de las dictaduras militares de los años sesenta, desde Latinoamérica están dando lecciones de democracia a España, que siempre quiso presentarse como un modelo de transición política ante sus antiguas colonias.

No entraré en la tercera causa que se sigue contra Garzón por cohecho en relación a los cursos que dio en la Universidad de Nueva York, que fueron patrocinados por el Banco de Santander. Después de participar en los coloquios universitarios el juez archivó una querella que se había presentado contra Emilio Botín, el máximo accionista del Santander. Es verdad que Garzón decidió el archivo a propuesta del Ministerio Fiscal, pero sería bueno que haya una ley de incompatibilidades para los jueces. El exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que participa en la plataforma de apoyo al juez Garzón, declara este martes en El País que “Llevamos 25 años en que las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras y progresistas, han celebrado congresos comiendo en la mano de los bancos y cajas de ahorro, que han aportado cantidades importantes, han pagado gastos de alojamiento y seguramente algo más.”

Dice Villarejo que la querella de Francisco Correa contra Garzón admitida por el Tribunal Supremo es la alianza de los tribunales y los corruptos. También considera que la extrema derecha ha sometido al Tribunal Supremo. En Canarias hay un precedente. El pasado mes de septiembre el Tribunal Supremo condenó a la revista Cuadernos del Sureste por un artículo publicado sobre Felipe Fernández Camero. Este señor fue secretario del ayuntamiento de Arrecife y simultaneó su puesto público con el asesoramiento a empresas privadas que tenían intereses que afectaban a esa corporación local. Camero fue apartado de su puesto de secretario de Arrecife por el gobierno del Estado debido a las prácticas que se denunciaban en el artículo de Cuadernos para el Diálogo. Además Fernández Camero está imputado desde el año pasado por un delito de presunto tráfico de influencias durante su etapa como secretario del ayuntamiento de Yaiza. Sabiendo todos esos datos, lo que se le ocurrió al Tribunal Supremo fue condenar a la revista que contó los hechos.

Y el Consejo General del Poder Judicial pide que respetemos al Tribunal Supremo. Parece que el órgano de gobierno de los jueces desconoce aquel refrán popular que dice: “Cuando los que mandan pierden la vergüenza los que obedecen pierden el respeto.”

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Juan García Luján