Segundas residencias, otro patinazo del Gobierno

Caben varias consideraciones ante esta propuesta. En primer lugar, el hecho de que se ha enviado una Comunicación a la Comisión Europea en nombre de Canarias, que incluye una propuesta polémica en relación al acervo comunitario sin buscar el previo consenso de la misma en las Islas, sin discusión ni en el Parlamento ni en la sociedad canaria. Es más, parece que sin acuerdo siquiera entre los dos partidos del Gobierno, puesto que Soria ha manifestado su desacuerdo sobre la misma. Se rompe así la exitosa tradición de llevar a la UE propuestas sustentadas en amplios acuerdos parlamentarios y sociales para la defensa o modificación del estatus de Canarias en Europa. Con ello se acaba con la tradición de consensuar las propuestas en materia de política comunitaria desde Canarias.

Desaceleración

En segundo lugar, hay que señalar que el fenómeno del incremento de la población inmigrante en Canarias está vinculado fundamentalmente al modelo de crecimiento económico y a su expansiva demanda de trabajo para distintas actividades que no cubre la población local y en determinados territorios de las Islas. La propia desaceleración económica está ya disminuyendo este fenómeno, incrementando el paro entre los residentes y los inmigrantes, y haciendo que empiecen abandonar las islas muchos de estos últimos que vinieron a las Islas a buscar trabajo. No se entiende esta irresponsable propuesta cuando ha sido estudiada en profundidad en otras ocasiones, tanto por el Informe sobre población e inmigración que emitió en 2003 la Comisión de Expertos creada en 2002 por la Presidencia del Gobierno, como por diversos dictámenes posteriores del CES y de otros especialistas.

En tercer lugar, es preciso señalar que la adquisición de segunda residencia no influye de forma significativa sobre el incremento poblacional. El propio Gobierno reconoce que estas compras de segundas residencias se realizan tanto por población local como foránea y, además, también reconoce implícitamente no conocer su “alcance cuantitativo”. Por tanto, sin conocer qué porcentaje de estas adquisiciones realizan personas foráneas, de forma imprudente y unilateral presenta una propuesta de limitación sobre estas viviendas a la Comisión Europea, generando más problemas que soluciones.

Y, en cuarto lugar, y este sí es el verdadero problema, ha habido en los últimos años una acelerada compra de viviendas como segunda residencia o simplemente como materialización de inversiones de los ahorros en las zonas turísticas. El problema real que se produce en las zonas turísticas de las islas desde la entrada en vigor de la moratoria y de la Ley de Directrices de Ordenación del Turismo, que limita edificar nuevos alojamientos turísticos, es la masiva desviación de la construcción hacia residencias de alto nivel. Esto genera dos graves consecuencias. Por un lado, la introducción en el mercado una oferta turística irregular pues en muchos casos estas residencias (al margen de que sean habitadas temporalmente por sus propietarios) son alquiladas a turistas muchos meses al año o incluso todo el año. Al no tener la consideración de alojamientos turísticos (pues está regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos), no tributan como tales, no generan empleo y son una competencia desleal con los alojamientos turísticos tradicionales.

Esto sucede porque el Gobierno no cumple con la Ley de Directrices de Ordenación del Turismo. Según la Directriz 32, la Consejería de Turismo “desarrollará la regulación de las nuevas actividades y modalidades de alojamiento y equipamiento?a fin de facilitar la especialización de la oferta.” Y también “impulsará la regularización de la oferta, mediante el perfeccionamiento de la regulación, la eliminación de la oferta ilegal y no reglada, y el establecimiento un sistema de seguimiento y control eficaz y suficientemente dotado de medios legales, materiales y humanos.” Estas regulaciones tenían que estar en vigor en enero de 2004, es decir nueve meses después de aprobarse las Directrices. No han hecho nada en cinco años.

Por otro lado, la masiva construcción de residencias está produciendo una gran ocupación de suelo en zonas turísticas. Si el Gobierno canario quiere poner freno a esta ocupación de territorio y controlar la oferta turística ilegal que están suponiendo muchas de estas residencias no tiene que acudir a Europa sino que ya tiene las competencias para intervenir en la legislación canaria. De hecho, las propias DOT, en su Directriz 12, contemplan las pautas para la ordenación del uso residencial en zonas turísticas. Y en concreto su apartado 4 establece claramente que “el planeamiento insular, o el territorial derivado del mismo, podrá establecer límites globales y de ritmo de crecimiento de la oferta residencial en zonas turísticas, en función de la capacidad de carga de las mismas o el modelo territorial adoptado.” Y eso es lo que no han hecho.

Por tanto, está en manos del Gobierno poner soluciones a la masiva construcción residencial en zonas turísticas y en otras zonas del litoral: a través de la adecuada ordenación territorial, el planeamiento insular y municipal. Cumpliendo la legislación territorial existente y, en todo caso, actualizando en la anunciada revisión de la Ley de Directrices la respuesta a este fenómeno. La capacidad de tomar estas decisiones está competencialmente en Canarias pero hay que saber y querer ejercerla. Y no echar las culpas a otros o pretender que terceros resuelvan la evidente incompetencia de este Gobierno, con el agravante de crearnos complicaciones en la UE. Este Gobierno, una vez más, se equivoca, no ejerce como tal y crea problemas en vez de resolverlos.

* Presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez*