Yo no sé a ustedes, pero a mí me deprimen estas cosas. Por lo repetitivo con el añadido de tratarse de asunto relacionado con Anfi, la empresa que se llevó al macho Soria a Salzburgo y Noruega en jet privado y con la que mantiene estrecha relación Manuel Fernández, diputado autonómico popular. No digo que haya relación; sólo subrayo la mala pata del PP. A González lo envió Soria al municipio moganero para que arreglara aquello y es el día que no sé decirles si lo consiguió. No perderé el tiempo hablando de responsabilidades políticas. De nuevo volvió a señalarse la mano del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, como la que mece la cuna de jueces y fiscales para deshacerse de sus rivales políticos en la pugna por la presidencia de Canarias. De nada vale replicar que no se trata de una exclusiva isleña y que resulta significativa la cantidad de casos que se han dado en la Península, incluso en lugares donde López Aguilar no es candidato. Entonces se reduce lo de Canarias a hijuela de la gran operación de acoso y derribo del PP por parte del PSOE. No hay modo por lo que es preferible no discutir y evitar la melancolía. Hay que aceptar, pues, que en España no ocurre nada. No se ha malversado, robado, prevaricado, etcétera. Son invenciones psocialistas para putear al PP. Todo obedece a que jueces y fiscales están a lo que ordenen Zapatero y López Aguilar (o Las Palmas, vía Sanedrín veguetero en lo que a Zerolo se refiere). El resto simple bulla mediática orquestada asimismo por el PSOE. Iba a decirles que nadie en su sano juicio puede creerse que las cosas son así, pero me callo porque, es evidente, hay quienes se lo creen y lo proclaman. De ese modo, poco a poco ha dejado de alegarse la presunción de inocencia porque los imputados se han convertido en inocentes, a secas; en mártires de la causa pepera victimados por el estalinismo zapateril.Frente a los despropósitos, anima lo suyo, no crean, la noticia de que la Federación Canaria de Municipios (Fecam) considera al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana el mejor en Atención Ciudadana. Por su sistema de ahorrarle esperas a los administrados; la adecuación de los horarios de oficinas a las necesidades del ciudadano; el confort de las instalaciones; el cumplimiento de los plazos; la claridad y exactitud de la información acerca de a qué funcionario o a qué otra administración han de dirigirse para gestionar los asuntos y un largo etcétera ilustrativo de que, después de todo, es posible hacer las cosas bien. No sé lo que durará el contento en aplicación del axioma de que lo bueno no dura, pero ahí está.