La Unión Europea contra sus ciudadanos

Pues habría empresas que se trasladarían a comunidades autónomas con los sueldos y los impuestos más bajos y, ante tal situación, las autonomías con niveles salariales y fiscales más elevados tendrían que bajarlos para evitar la deslocalización de empresas. Las comunidades autónomas recaudarían menos, harían menos políticas sociales y, mientras los trabajadores verían deteriorarse sus condiciones de vida, los sectores adinerados seguirían prosperando. A largo plazo, se multiplicarían las fuerzas partidarias de romper con el Estado. Pues bien, esta antiutopía para España es realidad para una Unión Europea (UE) que, cada día más, se estructura de forma hostil a los intereses de los peatones de la historia y de manera favorable a, por ejemplo, los 200.000 nuevos millonarios europeos de 2007.

La UE ha organizado un espacio económico que incluye a veintisiete estados, con veintisiete niveles salariales distintos y con veintisiete tipos de fiscalidad diferentes. Ello ha creado un espacio económico que hace competir a trabajadores europeos contra trabajadores europeos a ver quién vende más barato su esfuerzo. También los estados compiten unos contra otros a a ver cuál baja más los impuestos a las empresas para que así se instalen en su territorio. La tendencia que desencadena esta estrategia es la reducción de los recursos del estado para gasto público social (sanidad, educación, pensiones) y el deterioro de las condiciones laborales.

En 2004, cuando entraron diez nuevos estados a la UE con un nivel de riqueza, salarios y fiscalidad muy inferior a los de la preexistente Unión Europea de los Quince (UE-15), el presupuesto comunitario apenas aumentó. Ese raquítico presupuesto impidió financiar políticas de convergencia social para los estados más pobres recién incorporados. Tampoco se acordó la necesaria armonización fiscal entre los estados de la Unión. El resultado fue un aumento instantáneo de la desigualdad (la relación de renta per cápita del país más rico con el más pobre era de 3 a 1 en la UE-15 y de 5 a 1 en la UE-25) y que, ya en 2005, cinco estados de la UE redujeran el tipo nominal del Impuesto de Sociedades (Austria, Finlandia, Francia, Grecia y Holanda).

En el ámbito laboral, los salarios de la UE-25 pasaron de representar el 67,4% de la renta, en 2003, al 66%, en 2007. Lejos quedaba el máximo histórico del 73,4% de 1962. En la UE-27, entre 2002 y 2007, han aumentado el empleo temporal, el empleo a tiempo parcial, el número de autónomos desempeñando funciones de asalariado y la cantidad de personas con dos empleos. El gasto público en protección social supuso el 28,2% del PIB en la UE-15, en 1995, y el 27,2% en la UE-27, en 2005. El deterioro sociolaboral avanza con lentitud y perseverancia.

La Europa social habría exigido armonización fiscal, niveles de protección social y laboral mínimos garantizados, medidas contra la deslocalización de empresas, expansión del presupuesto comunitario (del 1 al 5% del PIB, como proponen los economistas del Grupo EuroMemorandum), preservación y desarrollo de un importante sector público, reconocimiento al Parlamento Europeo del protagonismo que, en democracia, debiera tener y fin de la independencia del Banco Central Europeo.

En la UE, el campo de juego ha sido diseñado a semejanza del de la España imaginada al comienzo de este artículo. Sus déficits democráticos y sociales son sistemáticamente ignorados por los partidos políticos mayoritarios, que apoyan lo esencial del modelo y pelean por matices. Nos muestran a la UE como la cigüeña que trae subvenciones y omiten el papel que podríamos jugar democratizando la estructura política europea y emancipándola de la tutela y la minoría de edad que le han impuesto los poderes económicos.

(*) Ramón Trujillo es coordinador de Izquierda Unida en Tenerife.

Ramón Trujillo *