Sin vascos ni catalanes no hay presupuestos (ni legislatura)

En los próximos meses tendremos elecciones vascas en abril y catalanas en mayo, que darán paso a las europeas de junio. Comicios que tendrán consecuencias en sus respectivos ámbitos territoriales, pero que también serán leídos en clave estatal. La convocatoria a las urnas en Cataluña, anunciada el pasado 13 de marzo por el president Pere Aragonés tras tumbarle el Parlament sus presupuestos, llevó al Gobierno central a anunciar que no presentará ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, prorrogando las actuales cuentas públicas; confirmando el decisivo impacto que tienen en la política estatal las formaciones nacionalistas vascas y catalanas. No es la primera vez que los presupuestos se prorrogan: entre los años 1979 y 2020 ocurrió en ocho ocasiones, de las que tres fueron con Mariano Rajoy en La Moncloa.

Con relación el intenso calendario electoral del período más próximo, los comicios que se celebrarán esta primavera en Euskadi y en Cataluña pueden dar un respiro al PSOE tras su retroceso en Galicia y los malos augurios de las encuestas sobre unas hipotéticas elecciones generales (muy) anticipadas, en las que hoy aparece bastante distanciado del PP. Y ayudar a los socialistas a recargar fuerzas para unas europeas, que se celebrarán en junio, en las que los primeros sondeos publicados tampoco resultan especialmente favorables al partido de Pedro Sánchez. Ni para el conjunto de fuerzas progresistas, tanto en el Estado español como en el resto de la Unión Europea.

En el caso de Euskadi, todas las encuestas hasta ahora conocidas coinciden en que PNV y EH Bildu se juegan la primera plaza, con una horquilla de 26-28 diputados para cada una de las dos organizaciones nacionalistas, a enorme distancia de sus competidores y acaparando conjuntamente el 68% de los sufragios y el 74% de los 75 diputados y diputadas que integran la Cámara vasca. El PSOE (10-12 escaños) apunta como tercero en representación y como el partido que puede decidir quién será el próximo lehendakari, con toda probabilidad repitiendo su colaboración con el PNV.

El PP, con 6-7 posibles actas, aparece en los estudios sociológicos como cuarto partido más votado y, eso sí, sin ninguna capacidad de influencia en la gobernabilidad del País Vasco. Completarían el nuevo Parlamento Sumar (1-2) y Vox, con un escaño (aunque el Sociómetro publicado el pasado jueves augura la desaparición de la extrema derecha de la Cámara vasca), sin que casi ningún sondeo ofrezca opciones de representación a Elkarrekin Podemos-Alianza Verde, que rozaría el 3% de papeletas, perdiendo los seis escaños que obtuvo en 2020.

Amnistía

Respecto a Cataluña, y en medio del complicado proceso de aprobación de la amnistía en las Cortes Generales, las elecciones pueden estar marcadas por el efecto electoral del anuncio de Carles Puigdemont de que encabezará la lista de Junts. Aunque los sondeos apuntan a una victoria del socialista Salvador Illa y a una dura pugna de ERC y Junts por la segunda plaza y por ser la primera fuerza independentista. Quedando en el aire una nueva mayoría soberanista en la Cámara.

En estas elecciones el PP, tras el fracaso de las negociaciones para establecer una candidatura conjunta con Ciudadanos, trata de acaparar la totalidad del voto que en los anteriores comicios retuvo el prácticamente desaparecido partido naranja, lo que mejoraría su representación en el Parlament. Pero siempre, en el mejor de los casos, como cuarta fuerza, sin opciones de gobernabilidad, y acaparando, como mucho, el 10% de los escaños. Y, asimismo, se produciría un retroceso de la CUP y de Vox, mientras que se podrían mantener los Comuns, ya sin Podem que, tras la ruptura de la coalición, decidió no concurrir a estos comicios.

Al igual que Galicia dispone de un ecosistema de partidos propio, donde el PP es siempre el claro vencedor electoral y casi siempre lo hace con mayoría absoluta, en el País Vasco y Cataluña es muy relevante el peso del nacionalismo. Y la presencia parlamentaria y social de la derecha españolista ha sido históricamente muy débil. Mientras que el PSOE ha recuperado su fortaleza en Cataluña, como también se demostró en las últimas elecciones generales, y resiste bien en Euskadi. En ninguno de los tres casos, Galicia, País Vasco o Cataluña, los resultados son extrapolables al conjunto del Estado. Tampoco lo son, por cierto, en el caso canario, que presenta también sus especificidades.

Es destacable que, en dos comunidades, Euskadi y Cataluña, que suponen conjuntamente 10,3 millones de habitantes, el 21% de la población del Estado español, las formaciones favorables a la amnistía pueden sacar, respectivamente, el 90% y el 74% de los sufragios; lo que conforma un Estado muy plural, con distintas realidades que se hace preciso articular de forma adecuada. Eso sí, en ningún caso, desde un centralismo uniformizador.   

Prórroga y dificultades

Como señalaba, la convocatoria de elecciones catalanas llevó al Ejecutivo de coalición progresista a renunciar a presentar los PGE para 2024 y prorrogar los de 2023. Resultaba casi imposible abordarlos con procesos electorales en las dos comunidades, Euskadi y Cataluña, donde están los partidos, de derechas e izquierdas, que sustentan parlamentariamente al Gobierno de coalición.

Considero que esa decisión no debería afectar a asuntos como la actualización de los salarios de los empleados públicos, la financiación autonómica y los fondos de la Unión Europea (UE). El Gobierno estatal dispone de un cierto margen para la discrecionalidad con el fin de gestionar, mediante decretos leyes, asuntos ineludibles y muy relevantes. Cabe recordar al respecto que, a finales de diciembre de 2023, el Consejo de Ministros, a través de un real decreto-ley, incluyó la revalorización de las pensiones y otras prestaciones de la Seguridad Social, situación convalidada posteriormente, el pasado 10 de enero, por el Congreso de los Diputados. También en ese decreto-ley se garantiza la gestión de los fondos europeos previstos para este año 2024.

Lo que sí decaerá son los créditos, ayudas y subvenciones anuales. Entre los más significativos para nuestra comunidad, los fondos para combatir la pobreza en las Islas, los 50 millones de euros destinados a la acogida de los menores migrantes no acompañados y los 20 millones para obras hidráulicas logradas, entre otras partidas, por Nueva Canarias en las cuentas públicas estatales de 2023 a través de Compromís en la Cámara Baja. Sin embargo, considero que los convenios plurianuales se podrán mantener.

Otra consecuencia será la paralización de las negociaciones para la condonación parcial de la deuda de las comunidades de régimen común. Creciendo, asimismo, la incertidumbre sobre la reclamación canaria en torno a la flexibilización de la regla de gasto para las comunidades, cabildos y ayuntamientos saneados.

El PP -incluido el vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, y la consejera de Hacienda, Matilde Asián- poco se puede quejar de la situación creada, cuando ya se encargaron de tratar de impedir la elaboración de las cuentas estatales para 2024, al vetar la senda fiscal del Ministerio de Hacienda, requisito inicial obligatorio para comenzar a elaborar las cuentas. Lo hicieron tanto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como utilizando su mayoría absoluta en el Senado. Su permanente acoso al Gobierno español está muy por encima de la defensa de los intereses de Canarias.

Además, la prórroga de los PGE 2024 es el penúltimo argumento que utiliza Clavijo para justificar la no reducción del IGIC del 7% al 5%, incumpliendo con el gran engaño que tanto CC como PP hicieron en la campaña electoral y hasta en el propio discurso de investidura. Ya inventarán otra.

Con los PGE prorrogados, los próximos meses conformarán un calendario electoral -vascas, el 21 de abril; catalanas, el 12 de mayo; y europeas, el 9 de junio- que no debería distraer de los retos pendientes, en Canarias y en el conjunto del Estado o en la Unión Europea. Entre ellos, los referidos al modelo de desarrollo sostenible y el bienestar de la ciudadanía, el crecimiento modulado y autocentrado, la fiscalidad progresiva y justa, la financiación y la calidad de los servicios públicos, la adecuada respuesta a los fenómenos migratorios, la superación del grave problema de vivienda o el combate contra la Crisis Climática. Así como el firme compromiso con la solidaridad y la paz.