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¡Vivan las 'caenas'!

José A. Alemán / José A. Alemán

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Iba de cesta de la compra y de cómo el Gobierno canario ni siquiera actúa en lo que está a su alcance: ese encarecimiento de por lo menos el 20% que, según los comerciantes, supone la mala aplicación de tributos y tarifas a la llegada de las mercancías a Canarias. La alusión a los trenes se inscribe en el feroz acriticismo paulinés del y tú más que sale por peteneras hasta casi sonar al ignorantón ¡vivan las caenas!

Otros lectores, menos complacientes con el poder, se refirieron a hechos como el de que enviar un contenedor a Canarias sea más caro que hacerlo a la Conchinchina; o a las dificultades burocráticas para traer a Canarias del extranjero componentes tecnológicos. Justo por donde iba mi comentario y que al Gobierno y a sus denodados partidarios se la suda.

Una buena ocasión para volver sobre el REF que el Gobierno defiende dice que contra Madrid. Gallarda actitud si no ocultara que el REF pervirtió el sentido de las especialidades económicas, fiscales y comerciales; el acervo histórico, ¿recuerdan? Éste se orientó durante siglos a posibilitar la actividad económica y favorecer a los consumidores con productos más baratos. Pero los consumidores nada pintan y el REF quedó reducido a unas cuantas ventajas fiscales para los empresarios y a un modo de hacer caja las corporaciones locales. Nada hace el Gobierno respecto a su incidencia en la cesta de la compra, pero se rompe el culo en defensa de las ventajas empresariales por motivos que el lector deberá adivinar. Así de crudo. Y sesgado.

La RIC es el caso más conocido. El Estado demora el cobro del Impuesto de Sociedades para capitalizar la inversión empresarial. Los fondos RIC son, pues, técnicamente, dinero público y tiene su coña, por ejemplo, que el Gobierno canario baraje obtener préstamos de ese fondo con los correspondientes intereses que se abonarían a costa, otra vez, del ciudadanaje. Es como si uno le dejara dinero a otro y a renglón seguido se lo pidiera prestado con intereses. Sería absurdo en los negocios privados; no en los públicos porque hay un tercero, el ciudadano, que paga.

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