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Espacio de opinión de Canarias Ahora

Territorio limitado, turismo ilimitado

Ben Magec

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Recientemente hemos visto cómo se siguen aprobando, con el beneplácito de las instituciones públicas canarias, macroproyectos que perpetúan un modelo turístico y territorial completamente insostenible en el ámbito social y medioambiental de las islas.

Es el caso, por ejemplo, del Dichosa Wellness Clinic, un hotel y balneario de lujo con más de 80 piscinas y 564 plazas alojativas en La Palma declarado, además, de interés insular por parte del Cabildo palmero. Declarar el interés general de una iniciativa privada puede parecer incongruente, pero no es nuevo en la isla. En 2023 también se usó esta figura para un hotel y un campo de golf en La Pavona, con nada menos que 1400 plazas alojativas. En ambas sesiones plenarias desde Ben Magec - Ecologistas en Acción intervinimos para argumentar, entre otras, la problemática de instaurar el modelo turístico de masas en La Palma, una oposición también reflejada por la población palmera en manifestaciones, protestas y recogidas de firmas. Sin embargo, las dos declaraciones fueron aprobadas por unanimidad de los partidos políticos presentes.

En Tenerife las noticias no son mejores. El macroproyecto turístico Cuna del Alma pretende urbanizar una de las pocas zonas sin masificación turística de la isla, el Puertito de Adeje, con más de 400.000 m2 que se reparten entre 420 villas de lujo, hoteles y demás infraestructuras. En 2014 y 2017 se emitieron informes negativos para este proyecto y la promotora inició las obras sin una evaluación de impacto ambiental. Además, se paralizaron de forma cautelar en 2022 por la amenaza inminente de daño ambiental al hábitat y las especies protegidas, así como la destrucción de un yacimiento arqueológico, iniciándose también el consiguiente expediente sancionador. La lucha contra la destrucción de este espacio natural movilizó a la población tinerfeña, llegando incluso a paralizar las máquinas encadenándose a ellas y levantando un campamento dentro de las obras durante meses. Pese a todo, el Gobierno canario, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, archivó recientemente la sanción que se le impuso a la promotora por haber iniciado las obras sin evaluación de impacto ambiental y, además, dejó caducar otra sanción por el destrozo de un yacimiento arqueológico en la zona.