Aena de nuevo en la picota... (de la que nunca ha salido)

La Central Sindical Independiente, CSI-F, desde su sección AENA/ENAIRE, ha solicitado la creación de una Comisión de Investigación en el Congreso sobre el proceso de privatización del Ente. Se pide también el cese de su actual presidente, D. José Manuel Vargas, por su deplorable gestión empresarial y el escándalo de la infravaloración inicial –precio de venta de la OPV: 58 euros–, que le ha hecho perder al erario público varios miles de millones de euros. Pues si la operación de venta del 49 % supuso un ingreso al Estado de 4.263 millones, al multiplicarse en la actual cotización por casi el triple –más de 164 euros por acción–, dicha capitalización representa una pérdida para las arcas del Estado de 7.791 millones de euros. Beneficio flagrante a riesgo cero para selectos y seleccionados inversores extranjeros, o particulares bien informados, quizá con la conveniente antelación. (Datos del CSI-F).

La otra pata quebrada del Sr. Vargas, y motivo de reivindicación para su cese inmediato, es la nociva aplicación de la reforma laboral, contra los intereses laborales de los trabajadores del Ente, que han visto drásticamente reducidas las plantillas, congelados sus salarios y externalización de actividades que redundan en conflictos operativos que afectan a la seguridad y a la calidad del servicio que merecen los usuarios. (Léase “Eulen”, p.ej.).

No nos engañemos: AENA es un monopolio estatal –en un estado de derecho, y sin parangón en ningún país de nuestro entorno–, fundada en 1990 bajo la bandera del servicio al ciudadano y gestión de los intereses del pueblo; siendo como fue en su día la “joya del reino”, porque a pesar de la gestión política era una máquina de fabricar dinero, bajo su condición de monopolio ejerciente. Culminó, como era lógico, con impunidad por sus desmanes e inmunidad absoluta por su vinculación política, ante una deuda brutal, así reconocida, generada en dos años (2011/2012) de 14.000 millones de €, so pretexto de las faraónicas obras, la T-4 de Madrid y la T-1 de Barcelona. Ausencia de transparencia en aquellas cuentas al amparo de los dos únicos partidos que, desde el 23-F, han controlado este país y han favorecido este elemento fundamental de nuestro sector estratégico, cuya importancia como tal –Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (hoy ENAIRE)– está en riesgo, como tantos otros, por la obsesiva compulsión política de hacer caja a base de privatizaciones estratégicas, que dejan a un país indefenso por cuatro perras con las que comprar amigos con disponibilidad de puertas giratorias.

De esos 14.000 millones, nadie habla ni se sabe qué vida llevan. Cierto que superado el trance del derroche suntuario de aquellos desaforados dos años, se volvió al negocio rentable del monopolio intocable, y comenzaron de nuevo los beneficios de unos 600 millones al año, uno tras otro. A dicho ritmo tendrían que pasar 22 años de ganancias sostenidas para cancelar la deuda. En lugar de aprovechar el tirón y regresar paulatinamente a la rentabilidad, se optó por la privatización del 49 %. Pero en apariencia, solo se vendieron acciones sobre los previstos 600 millones anuales de beneficios. Y los inversores, encantados de la vida y forrándose. ¿Pero qué fue de aquella deuda?... Demasiado dinero para estar en algún sitio.

Por todo ello, es plausible y digna de elogio la iniciativa sindical de exigir explicaciones en sede parlamentaria. Una comisión, no solo para echar al presidente, sino para aclarar cuentas, mediante la auditoría pertinente, y terminar con este oscurantismo. Y ya de paso, que la misma comisión investigadora confirme fehacientemente la verdadera culpabilidad de quienes cerraron intencionada y premeditadamente el espacio aéreo español aquel vergonzoso 3D de 2010, con estado de alarma incluido, militarización del control aéreo y desprestigio internacional por una operación que solo pretendía destruir un colectivo –hoy exonerado judicialmente de toda culpa– porque su situación laboral no era compatible con el proceso de privatización de AENA puesto en marcha entonces. La demoledora campaña de desprestigio mediático desplegada entonces contra los controladores, debiera ahora rectificarse con el mismo énfasis que se puso bajo los auspicios de una única fuente interesada, en favor de la veracidad que, como derecho constitucional, merece la opinión pública.

No olvidemos la incompatibilidad de los conceptos “servicio público” y “rentabilidad del negocio”. La privatización parcial, con riesgo de definitiva, implica el deterioro del primero en beneficio de los intereses inversores como única prioridad. Desde Canarias, la especial vulnerabilidad que implica la dependencia de una gestión que afecta a la conectividad, con la pasividad de las autoridades locales, debe mantenernos alerta ante hechos consumados como aquella esperpéntica implantación del AFIS en La Gomera y El Hierro, la reciente chapuza con la T-2 fantasma de TFS, o la renuencia a activar la CAT III en Los Rodeos para aterrizar con visibilidad cero y evitar el destrozo operativo de tantos desvíos a TFS por causa de la niebla.

Una situación de indefensión demasiado inquietante por no estar en buenas manos.

Este artículo ha sido publicado en www.elrincondelbonzo.blogspot.com