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El AIEM y la soberanía alimentaria

Frente al 7% del tipo general, a quien compra tabaco le aplican un 15% de IGIC para desincentivar la adicción. Y en el otro extremo, las frutas y verduras no pagan nada para favorecer su consumo por sus acreditados beneficios para la salud. Es política fiscal que se emplea desde hace mucho para condicionar las decisiones de compra.

El AIEM, cuya propuesta de modificación se debate estos días, pretende lo mismo pero respecto a determinados productos que se importan y que también se fabrican o se cultivan en Canarias. No para recaudar impuestos sino para compensar el sobrecoste de las actividades industrial y agrícola en las Islas, y posibilitar que compitan en condiciones más justas. No para que pague arancel aquello que se importe sino para los consumidores compren local. No para encarecer la cesta de la compra sino para conseguir que metamos en ella una mayor proporción de referencias de kilómetro cero.

Los detractores dirán que los aranceles introducen distorsiones en el libre mercado, que el proteccionismo solo trae pobreza y que la globalización es el fenómeno que mejor lucha contra ella. Pues sí y pues no. Como hemos visto estas semanas aciagas de confinamiento no podemos confiar en que todo venga de China ni en dedicarnos solo y exclusivamente al turismo. La tan deseada diversificación de la economía necesita de estímulos directos (vía ayudas) e indirectos (vía impuestos).

El nuevo marco legislativo nos condiciona por partida doble. Por un lado la ley de cadena alimentaria obliga a fijar en contrato los costes de producción y a respetar márgenes comerciales razonables en cada eslabón de la comercialización hasta llegar a establecer los precios de venta al público. Esta transparencia es algo bueno para el agricultor, el ganadero y el pescador y sacará a la luz el sobrecoste de nuestra insularidad ultraperiférica: los productos canarios se tendrán que vender más caros.

Por otro lado, esa nueva regulación prohíbe sin matices la venta a pérdidas, prohibición que debería ser suficiente para acabar con la entrada en las islas de productos excedentarios de grandes operadores peninsulares y extranjeros a precio de saldo cuyo impacto sobre el agro local adquiere proporciones de catástrofe. Aun así, muchas referencias seguirán entrando a un precio inferior, que es precisamente lo que se pretende compensar con el AIEM.

La nueva normalidad nos va a exigir contabilizar los costes de otras cuestiones que todavía se consideran de manera tangencial como la lucha contra el paro y la despoblación, la necesidad -por salud pública- de equilibrar la dieta con alimentos más sanos, además de las consideraciones medio ambientales que estaban sobre la mesa: limitar los fitosanitarios, contener las emisiones de efecto invernadero o favorecer la prevención de incendios forestales. Una tarea compleja porque “lo barato” en dinero es siempre muy tentador.

Vamos por buen camino. El AIEM y el resto de medidas han conseguido posicionar el producto local canario en el mercado de forma relevante. Una encuesta realizada el año pasado para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca detectó, como características más positivas para las personas que residimos en Canarias, respecto a los alimentos de origen local, su frescura, calidad, el beneficio para la isla y su mejor sabor, por ese orden. Y a pesar de esa buena consideración estamos todavía en poco más del 50% de autoconsumo de productos frescos con un peso el PIB que no llega al 2%. Tenemos un margen de crecimiento muy importante. Y aun así, para el 32% de los encuestados el precio de los productos locales sigue siendo un problema.

La revisión del AIEM previsiblemente no va suponer el incremento del coste de la cesta de la compra de los productos frescos en cuyos precios intervienen múltiples factores, es posible que se reduzcan los márgenes comerciales de los importadores y permitirá competir mejor al sector primario que ofrece frescura, calidad y mejor sabor, como hemos visto. Y que pueda crecer, ofrecer empleo y crear riqueza, que de eso se trata.

*Alicia Vanoostende es consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. 

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