Cemento para las fieras

El proyecto nació bichado. Cuando nombró a su Gobierno Paulino Rivero destacó la figura del primer Director de la Agencia Canaria por el Desarrollo Sostenible y contra el Cambio Climático. Rivero justificó el nombramiento de Faustino García Márquez porque era un técnico que se había destacado por “su compromiso con el desarrollo sostenible”. Unos meses después Domingo Berriel, un técnico comprometido con la especulación insostenible (recordemos las conversaciones del Caso Góndola), firmó la autoría del proyecto de Ley de Medidas Urgentes y lo envió a la Agencia que dirigía García Márquez. Y en ese momento se mezcló el aceite y el agua (no sabemos si tenía mucho boro), y ya sabemos que esta mezcla es imposible. García Márquez hizo un informe de la Ley de Medidas Urgentes y avisó que estábamos asistiendo a un cambio de modelo sobre el territorio, Márquez dijo que esta ley supone “poner en baratillo al suelo rústico”. Estamos ante una propuesta de liberalización del suelo siguiendo la doctrina ultraliberal que definió hace unos días el diputado-abogado de Anfi Manuel Fernández, cuando dijo que la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible “no puede convertirse en un órgano represor”, Fernández asumió las tesis del primo de Rajoy que niegan el cambio climático, o sea que niegan el objetivo que quiere combatir un departamento del Gobierno canario.

El presidente del Gobierno de nuestra gente subió ayer a la tribuna del Parlamento para mostrar su alegría por la aprobación de una ley que, según él, nace con un gran consenso social. Estamos hablando de una ley que no obtuvo ni siquiera la mayoría absoluta de la cámara ya que la respaldaron 30 votos. Son públicas las críticas de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, el Colegio de Arquitectos de Canarias, la Federación ecologista Ben Magec, las patronales turísticas... Es la primera vez en la historia autonómica que una ley que influye en la ordenación del territorio nace sin consenso parlamentario. Cuando estamos hablando de una caída histórica en la llegada de turistas, el gobierno plantea la construcción de más hoteles y premiar con tres nuevas plazas a los que destruyan una.

El vicepresidente del Gobierno José Manuel Soria, acude por segunda vez este viernes al TSJC para aclarar si pagó o no pagó sus vacaciones en ANFI y su viaje a Austria y a Noruega. La jueza quiere saber si la familia Soria disfrutaba de unos agostos nórdicos y austriacos gratis total a cambio del apoyo de las instituciones que controlaba PP Manolo (el cabildo y el grupo parlamentario del PP) a los proyectos de los propietarios de ANFI. El problema no está en la cantidad de billetes que caben en el minichó de PP Manolo, en el origen del dinero que ¿entregó? en la recepción de ANFI el actual consejero ¡de Hacienda! El problema es cuántos proyectos turísticos nuevos hay que permitir a los amigos delos que gobiernan, cuántas playas y barrancos hay que seguir destruyendo mientras baja la llegada de turistas, cuánto dinero negro hay que blanquear en el pago de las próximas campañas electorales, cuánta especulación hay que permitir para calmar a las fieras que engordan sus cuentas corrientes con la venta de cemento. Paulino Rivero dijo que esta ley nacía para que en Canarias nadie pase hambre. ¿Cuánto cemento hace falta para llenar las barrigas de las fieras y lograr que dejen de pasar hambre?

Juan García Luján