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Clavijo "desaforado": desmontando cantinfladas

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Es conveniente desmontar, para empezar, algunas cantinfladas que Clavijo dijo en el Parlamento. Lo que se está investigando no es la decisión de privatizar la gestión del servicio municipal de Grúas, allá por los 2004 y 2005, sino las trapisondas perpetradas por Clavijo varios años después. Presionar al primer concesionario del Servicio, José Padilla,  para que contratara como empleados  “fuera como fuera” a varios amigos del propio Clavijo Batlle. Ahogar económicamente a  la empresa concesionaria Auto Grúas Poli  retrasándole los pagos del Ayuntamiento, para forzar su venta a esos mismos trabajadores, que compraron a ciegas la empresa concesionaria (2011), hipotecando sus propias viviendas, confiados en la protección del ya alcalde Clavijo, que les había sugerido que podía ser un “bonito negocio”.

Cuando la empresa entró en situación de insolvencia, con más de 300.000 euros de deudas con los trabajadores, la Seguridad Social y las haciendas estatal y autonómica, incumpliendo además gravemente sus obligaciones contractuales con el Ayuntamiento, Clavijo utilizó todo el poder de la alcaldía  para proteger los intereses de sus amigos: intervino “temporalmente” el Servicio; decidió al margen de la ley darle a la empresa concesionaria un préstamo en dinero público de 120.000 euros, para maquillar la bancarrota; y finalmente, prorrogó por cuatro años más (que pueden llegar hasta 15, según el contrato que sigue vigente) una concesión que -con la Ley en la mano- tuvo que ser resuelta, rescatado el servicio y sacado de nuevo a concurso público. Todo ello saltándose las advertencias de ilegalidad reiteradamente formuladas por la Intervención General del Ayuntamiento.

Porque, sépanlo todos los que lean estas líneas, la Empresa Auto Grúas Poli S.L. en el momento de ser intervenida por el Ayuntamiento (enero 2014) no estaba en condiciones de continuar prestando el servicio y se encontraba en situación de insolvencia, lo que la obligaba legalmente a convocar concurso de acreedores y a  iniciar el procedimiento para su disolución. De todo esto informaron el 8 de abril de 2014 los funcionarios comisionados para gestionar el Servicio una vez que fue intervenido por el Ayuntamiento. Clavijo guardó ese informe en una gaveta e hizo todo lo contrario de lo prescribían las conclusiones del Informe técnico y jurídico  de los interventores del Servicio.

La otra excusa de Clavijo -cuyos voceros jurídicos y periodísticos hablan de estas  andanzas como si se redujeran a la concesión de un préstamo sin plazo y sin garantía adecuadas (ocultando que es la propia concesión del préstamo el principal motivo de ilegalidad, como reiteró la Intervención)- es que el préstamo se concedió para pagar los sueldos atrasados que  los “otros” trabajadores, es decir los no incluidos en la nómina de amigos de Clavijo ni convertidos bajo su patrocinio en dueños de la Empresa, venían reclamando desde mayo de 2013. También es falsa: el préstamo lo concedió la Junta de Gobierno para pagar “los salarios de los trabajadores y gastos corrientes” de la empresa intervenida. De hecho, hasta hace poco no habían cobrado la totalidad de los sueldos pendientes.

Y sepan también que de los ayudantes de campo de Clavijo, el actual alcalde está imputado tanto por su participación en el préstamo ilegal, como por el papel que desempeñó en la prórroga del contrato y de la concesión del Servicio de Grúas. Y Pérez-Godiño lo está exclusivamente por  su participación en esa prórroga ilegal del contrato con Auto Grúas Poli, que según Clavijo y sus asesores nunca ha existido.

Estos días, ante la inminente entrada en vigor del Estatuto, la derogación del aforamiento y la pérdida de jurisdicción consiguiente del Tribunal Superior  de Justicia de Canarias, Clavijo y sus mesnadas están “desaforados”.

Han sacado a toda la banda de tambores y cornetas del Régimen: heraldos de Las Teresitas, mercenarios peninsulares (¿o godos?) al servicio del poder  comodesdelostiemposdelaConquista, medios de comunicación noqueados financieramente y, por eso mismo, conectados al respirador artificial de las subvenciones del oficialismo…

Y hablan desvergonzadamente del aforamiento como si se tratara de un derecho de Clavijo, cuando se trata de una prerrogativa del Parlamento para proteger la función parlamentaria. La prueba es que los aforados no pueden renunciar al fuero, sencillamente porque no es un derecho.

Y si algún sentido pudiera conservar aún el aforamiento, tanto de los diputados como de los miembros del Gobierno, nunca sería respecto a fechorías realizadas en el desempeño de otros cargos. Pretender utilizar el fuero como un burladero frente a la Jurisdicción ordinaria en relación a hechos cometidos antes de ser diputado o presidente del Gobierno, alinea a Clavijo con lo peor de  la clase política. Al lado de aquellos personajes  cuya utilización perversa  del aforamiento ha  empujado  a  amplios sectores de la ciudadanía canaria a exigir  y lograr su derogación.

El relato conspiranoico

Ahora resulta que la Fiscalía, que demoró siete meses -y tuvo que ser requerida en  dos ocasiones por la jueza de instrucción, para que informara sobre la procedencia de plantear al TSJC  la citación de Clavijo como investigado- “ha cambiado de criterio” mostrándose favorable a la imputación de Clavijo sin que nada nuevo haya acaecido en la investigación. Luego sería la llegada del PSOE al gobierno estatal, cuyo presidente no tendría otra cosa de qué ocuparse que de las andanzas del Clavijo alcalde, la única razón que explicaría ese súbito cambio de criterio de la Fiscalía. Así que  persecución habemus. La misma cantaleta del caso Las Teresitas, como un eterno revival.

En realidad, lo sorprendente ha sido que la Fiscalía no se hiciera eco antes, mucho antes, de los sucesivos pronunciamientos de la Audiencia Provincial (el primero de ellos de 17 de octubre de 2017) señalando los indicios de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias patentes en el Caso Grúas que apuntan a Clavijo como actor principal.

La verdad es que a mí no se me habría ocurrido que la exasperante indolencia de la Fiscalía  en este procedimiento o la ausencia de la Fiscalía Anticorrupción  en  la investigación  de delitos que caen dentro de su ámbito de actuación, obedecieran  a no se sabe qué instrucciones del anterior Gobierno estatal o a influencias soterradas del sempiterno gobierno de Coalición Canaria.  Siempre está uno a tiempo de aprender algo, aunque sea de la nada recomendable escuela de ATI.

Clavijo es el protagonista estelar de unos hechos de naturaleza delictiva: la concesión del préstamo ilegal y la prórroga más ilegal aún de una concesión que debió ser resuelta por imperativo legal, porque fue el inspirador de ambas decisiones y porque utilizó el poder de la alcaldía para saltarse las advertencias reiteradamente planteadas por la Intervención General , que es el órgano a quien corresponde el control previo de legalidad de todos los actos del Ayuntamiento que generan  obligaciones económicas para la Hacienda municipal.

Si Clavijo no hubiera dictado dos Decretos levantando los “reparos” de la Intervención, la Junta de gobierno no habría podido conceder el préstamo,  ni  Antonio Pérez-Godiño aprobar la ampliación por cuatro años más (y 3.2 millones de euros) de una concesión cuya caducidad debió ser declarada por mandato legal. Y lo que permite explicar las reiteradas ilegalidades de Clavijo y su favoritismo es su demostrada amistad  con los trabajadores a los que enchufó y luego convirtió en concesionarios del servicio de grúas. Y eso se llama tráfico de influencias. Aquí y en la China.

¿Tiene autoridad un alcalde para levantar los reparos de la intervención?

SÍ. Pero NO la tiene para realizar “ un ejercicio arbitrario del poder, proscrito por el artículo 9.3 de la Constitución”, “ dictando una(s) resolución(es) que no es efecto de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico sino, pura y simplemente, producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad”,  como ha dejado dicho la Audiencia Provinciales  de Santa Cruz de Tenerife. Es decir: la sensación de impunidad de Clavijo le llevó a creerse aquello de  “y mi palabra es la ley”, más propias de un corrido mejicano que de un Estado de Derecho. Esos Decretos ilegales son el cuerpo de los delitos de prevaricación (dos) y de los de malversación de caudales (otros dos). Porque en el caso Grúas todo está documentado. Y lo que está escrito, escrito está.

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