Corrupción y terror (Colombia)

Curioso. El reconocimiento del delito por parte de Chiquita Brands Internacional aparece tres años después de haber vendido sus posesiones en Colombia a una empresa local (¿quizás a los paramilitares o a amigos suyos?) y no antes, aunque sus actividades ilegales ya eran del dominio público. Los activos de la compañía en la zona ascendían a miles de hectáreas de plantaciones. Esta multinacional bananera, como cuenta Leonardo Mindez, fue acusada durante el siglo pasado de explotación laboral, contaminación ambiental en sus “plantaciones de Centro y Sudamérica y colaborar con el tráfico de drogas. En el bananagate de 1975, reconoció haber sobornado al dictador hondureño Oswaldo Arellano”. Posiblemente Colombia solicite la extradición de diez directivos de Chiquita, instalada en el estado gringo de Ohio, implicados en los pagos a los paramilitares asesinos. Aunque lo dudo mucho porque lo promete el presidente Álvaro Uribe, sospechoso de vinculaciones con la parapolítica.Por otro lado, una jueza federal del estado gringo de Alabama, Karon Bowdre, anunció que el 14 de mayo iniciará un juicio contra la empresa estadounidense de minería Drummond por el asesinato de tres sindicalistas en Colombia. Nada menos que un ex jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Rafael García (ahora preso por sus vinculaciones con los paramilitares), acusó al presidente de Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, de haber entregado personalmente un maletín con 200.000 dólares en efectivo para asesinar a los líderes sindicales y otras tareas. El dinero tenía como destino los bolsillos del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.Otro proceso judicial en marcha. “En 1996 -escribe Iván Cepeda- en el municipio de Carepa, Antioquia, un grupo paramilitar ingresó en la embotelladora (de Coca Cola), asesinó al líder sindical Isidro Segundo Gil y reunió a los empleados para decirles que si no liquidaban el sindicato los iban a matar”. Quemaron, de paso, la sede sindical. El gerente Ariosto Mosquera había amenazado públicamente a los dirigentes obreros, diciéndoles que tenía listos a los mercenarios para acabar con ellos. Las advertencias y las campañas de terror contra los trabajadores alcanzaron a las cinco plantas que tiene la Coca Cola en Colombia, en las que laboran 8.700 empleados. Con jornadas de 16 horas diarias, un salario por debajo del mínimo legal, sin derecho a sindicalizarse. Como puede notarse, el famoso refresco burla las leyes del país.Las empresas Coca Cola, Drummond y Chiquita representan apenas la punta del iceberg en cuanto a las formas utilizadas por las multinacionales estadounidenses que operan en Colombia. Más allá de la explotación brutal, violan los derechos más elementales de los trabajadores, en general impunemente, con la aquiescencia del Gobierno. Además, manejan organizaciones oficialmente consideradas terroristas para atemorizar a los trabajadores o asesinar a sus líderes. El de Colombia forma parte de los gobiernos latinoamericanos halagados por su democracia, financieramente mimados y militarmente protegidos por Washington. Naturalmente. Rafael Morales