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Declaraciones triunfalistas y daños colaterales

Carlos Castañosa

Las Palmas de Gran Canaria —

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Quizá se trate de un exceso de sensibilidad por mi parte para intentar contrarrestar los efectos demoledores de titulares exultantes de gozo, por el espectacular éxito económico de la gestión política y empresarial mediante la que se ha zanjado definitivamente la crisis. El crecimiento vuelva a ser imparable y los beneficios de las empresas se sitúan en el 28 % de 2016 (un 200 % acumulado durante la remontada económica), pero… ¡Oh, qué desgracia más desagradable! Sucede que los sueldos de los trabajadores no solo no se han incrementado al unísono, sino que han disminuido algunas décimas porcentuales para embadurnar de inmundicia la vitrina de los trofeos que detenta la minoría poderosa de nuestra maltratada sociedad civil.

A esta sufrida mayoría de contribuyentes forzosos y votantes indefensos, se le ha engañado, y se les sigue mintiendo, con fines especulativos de alta perversidad. La explotación sistemática del pueblo, culminó con la “burbuja inmobiliaria”. Continuó con el archimillonario rescate de las cajas. Abandonados a voracidad inversora de los “fondos buitre”. Para colmo, se impuso un sistema de austeridad que no afectó a los de arriba, sino que mediante el artificio de una ignominiosa “reforma laboral”, se cargó toda la responsabilidad de la recuperación económica en los escalones más desfavorecidos. Aquellos que sin tener ninguna culpa de la debacle financiera gestada desde la malhadada ambición de una cúpula infecta, tuvieron que asumir el sacrificio impuesto para que otros, pocos pero infames, pudieran salir a delante.

Al parecer, siguen en ello. Objetivo cumplido de que al sustituir la dignidad del trabajo por la maldición bíblica del “sudor de la frente” ha surtido el efecto deseado. El regreso a la cuasi esclavitud de tiempos no demasiado lejanos, redunda en pingües beneficios para el patrón. El riesgo presente estriba en que se le haya cogido gustillo a un sistema tan rentable, y en lugar de rectificar avaricias para compartir parte de los beneficios en favor de una ética elemental por razones humanitarias, se opte por continuar esquilmando derechos fundamentales de las personas, con el riesgo que ello supone por la histórica gota de agua que colme el vaso rebosante de injusticias.

Si imperase la inteligencia y el sentido común en favor de todos, no solo de los pocos de siempre, se podría recuperar el pretendido estado del bienestar. Algo tan simple como “trabajo digno, igual a salario digno”, redundaría en el reparto proporcional de la riqueza generada por la actividad productiva, gestionada con equidad desde la empresa para mejora del producto servido o manufacturado. Calidad incompatible con la precariedad laboral en condiciones de miseria.

La ministra Báñez, en su papel de vender euforia fatua con las medias verdades de su sempiterna creación de puestos de trabajo (tacho uno de los de antes y lo sustituyo por tres “mano de obra barata”, hasta que me salgan las cuentas), ha llegado a la conclusión actual de que para vestir al muñeco del éxito macroeconómico, finalmente hay que subir los sueldos. La reacción de los estamentos y organismos empresariales no ha tardado en aparecer. “Lo de subir o no los salarios es potestativo de los empresarios. No de los políticos”. Son los mismos que por estos lares se quejan de la falta de mano de obra en el Sur porque los potenciales trabajadores del Norte son muy vagos y no quieren desplazarse. O sea, contratos de cuatro horas para trabajar ocho, o más, y el resto te lo pago en mano (si te pago). El sueldo de miseria se consumiría en el transporte, o no llegaría para cubrir el mínimo alquiler de una vivienda. Amén de la inhumana triquiñuela del mes de prueba sin salario, al cabo del cuál: “Lo siento. No das el perfil”. Así se puede enlazar un sistema de mano de obra gratuita, ante la pasividad oficial.

Estas agrupaciones CEOE, FEPECO, ASHOTEL… (algunas espléndidamente subvencionadas con dinero público; como los sindicatos y partidos políticos) debieran dignificar su ideario y principios éticos evitando que alguno de sus desaprensivos congéneres, incurriesen en esa aplicación salvaje y torticera de la reforma laboral. No se entiende que aquí aparezca un extranjero, empresario desalmado, que monte, por ejemplo y por decir algo, una cadena de panaderías y otra de pizzerías, y pague poco, mal y tarde a sus empleados. O no les pague y los despida gratis. Que deba dinero a la Seguridad Social, a proveedores, a sus socios y, para colmo, que incumpla la normativa de accesibilidad a sus recintos donde, por correlación, una inspección de sanidad podría extraer datos muy inquietantes.

Permítanme el atrevimiento de recomendarles, a la señora Báñez y a los empresarios que sientan tal vocación, la muy aleccionadora lectura de la obra “La gran mentira de la economía”, del ilustre profesor Gonzalo Bernardos.

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