Estatuto, la historia de un fracaso anunciado

Las cosas se han hecho mal desde un principio. Lo hemos venido denunciando prácticamente en solitario desde entonces. Los contenidos de la reforma fueron encargados a un hermético comité de sabios, hurtando el imprescindible debate político en un tema de tanto calado y que tanto afecta a la capacidad de tomar decisiones desde y para Canarias en los más diversos ámbitos. Y, en todo momento, desarrollando el proceso completamente al margen de las organizaciones empresariales, sindicales y sociales de las Islas, así como al margen del conjunto de la ciudadanía del Archipiélago. Como fruto de esa errónea manera de hacer las cosas, el conocimiento del reformado Estatuto por parte de los ciudadanos y ciudadanas de las Islas es mínimo, situación que se repite incluso con los sectores más informados. Esto explica que los distintos avatares de su proceso de tramitación apenas generen interés en la opinión pública y pasen casi desapercibidos.El menos consensuadoAsimismo, la reforma del Estatuto remitida al Congreso cuenta con un escaso apoyo parlamentario: sólo lo votaron favorablemente 39 de los 60 diputados que integran el Parlamento de Canarias en la presente legislatura. De hecho, es el menos consensuado de cuantos hasta ahora han tramitado su reforma en las distintas nacionalidades y regiones. Lejos, muy lejos, del grado de consenso alcanzado en sus respectivos parlamentos por los estatutos de Cataluña o de Andalucía. Por otra parte, considero que en el texto remitido a Madrid se comete un grave error al dejar una parte substancial de la estructura competencial fuera del mismo. Esa estructura competencial, que básicamente apoyamos, queda incluida en una ley complementaria, la Ley Orgánica de Transferencias para Canarias (LOTRACA), que, además, no se va a tramitar paralelamente, quedando al albur de los acontecimientos políticos y, por tanto, sujeta a todo tipo de recortes. No es un tema baladí. Aspectos, como por ejemplo, las competencias en sanidad exterior, clave para controlar la entrada irregular de frutas y verduras, así como la introducción de distintas plagas en el Archipiélago, no figuran en el Estatuto sino en la LOTRACA. Como señalaba, desde Nueva Canarias apoyamos globalmente el marco competencial que recoge conjuntamente el Estatuto de Autonomía y la LOTRACA, porque consideramos que supone un avance respecto al actual. Aunque mantenemos algunas discrepancias que hemos hecho públicas desde un primer momento en aspectos como la definición de Canarias, los equilibrios institucionales o la reforma electoral. RetrocesoEn primer lugar respecto a la definición político institucional del Archipiélago, poniéndola en sintonía con los nuevos tiempos, cuando la inclusión del reconocimiento del sentimiento nacional va a marcar las mismas diferencias que en su momento marcó la frontera entre la consideración como nacionalidad histórica o no. Lo de Archipiélago Atlántico y Ultraperiférico no es más que una mera descripción, una definición puramente geográfica y no política; y que elude, además, el reconocimiento explícito de nuestro hecho nacional, retrocediendo incluso respecto al Estatuto actualmente en vigor, que tras su reforma en 1996 nos define como nacionalidad. Igualmente, Nueva Canarias ha mostrado su absoluta disconformidad con la comisión de doble capitalidad, que mantiene los desequilibrios entre las dos capitales canarias planteados desde el Estatuto del 82. Defendemos que el Parlamento sea alternante entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, como hoy lo es la Presidencia del Gobierno, equilibrando lo que hoy está absolutamente desequilibrado: Presidencia alternante y Parlamento con sede fija en Tenerife. Por otra parte, otra de nuestras importantes discrepancias con el Estatuto es la reforma electoral, que entendemos claramente insuficiente para corregir las barreras antidemocráticas que actualmente existen para acceder al Parlamento canario, solicitando que los porcentajes se asimilen a los que se exigen para entrar en ayuntamientos, cabildos o Parlamento español. Considero que no se ha tratado de abordar en profundidad esta reforma, para garantizar, asimismo, la adecuada presencia de todos los territorios insulares, pero superando el actual marco que castiga duramente a las islas más pobladas, incrementando el número de diputados de las islas capitalinas y, también, de las que han experimentado un relevante crecimiento poblacional en las últimas décadas. Por todo ello, desde Nueva Canarias consideramos que la reforma del Estatuto ha sido un completo fracaso, del que ATI-CC tiene la mayor cuota de responsabilidad, aunque también PSOE y PP han actuado de forma poco consecuente en distintas fases del proceso. Entendemos, además, que su debate se dificulta en un período preelectoral como el que nos encontramos, Y persistimos en solicitar que el mismo sea devuelto a Canarias y que se trabaje después de las elecciones del 27 de mayo para que nuestro nuevo marco de autogobierno, con más participación, debate y consenso, cuente con el máximo apoyo político y social.*Román Rodríguez es diputado y presidente de Nueva Canarias. Román Rodríguez*