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Igual de lejos, pero más Canarias

Aunque aparentemente, en el imaginario colectivo de Canarias no parezca ser relevante, la modificación del Estatuto de Autonomía tiene gran importancia para el futuro inmediato de quienes vivimos en las Islas. Es más, creo que si el nuevo texto es bien diligenciado por los entes institucionales públicos de nuestra tierra, alejando conocidas prácticas punibles en la gestión de los recursos de los que de manera creciente se va a disponer en los próximos años, estamos ante una gran oportunidad de crecimiento económico y social en Canarias.

Este nuevo cuaderno de bitácora para conducir el oportuno desarrollo del Archipiélago nos sitúa como una real comunidad ultraperiférica, con todo lo que ello implica a la hora de acceder al conjunto de derechos y ayudas que esa determinación tiene en Europa, si bien ese contexto ya nos venía dado, aunque ahora se debe consolidar la visibilidad para la proyección en muchos ámbitos de obvia necesidad. No obstante, veremos como se abrirá un campo inexplorado de determinados derechos, como el del acceso a una renta básica ciudadana en aquellos casos de evidente exclusión social, de manera que, puesto que en Canarias ese escenario es realmente sufriente, estamos ante uno de los preceptos más enérgicos de esta nueva norma.
 
Es especialmente reseñable también que se establezca de manera clara que indefectiblemente se debe contar con buenas administraciones públicas, es decir, con buenos y sanos gobiernos, lo que engarza, en definitiva, con la lucha contra la corrupción que se ha anclado en ciertas capas de la administración. En esa misma línea de actuación se inscribe el hecho de que el Gobierno regional, en caso de imperiosa necesidad, pueda impulsar decretos con rango de ley que puedan solventar situaciones de emergencia. Como curiosidad baste decir también que el propio Gobierno tendrá amplias prerrogativas competenciales en cuanto a los planes territoriales de ordenación y a los usos permitidos generalmente en costas y particularmente en playas, y muy concretamente en la dirección que se debe dar a la gestión de los títulos de ocupación y usos del dominio público marítimo-terrestre.
 
Por otro lado, en lo que es uno de los aspectos sustanciales del nuevo Estatuto de Autonomía, el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario adquiere gran entidad desde la perspectiva que ofrece su desvinculación de la financiación autonómica relacionada con el gobierno central respecto a las compensaciones que Canarias recibirá al margen de ella. Es aquí donde también adquiere preponderancia nuestra situación geográfica y lo que ella repercute en el equilibrio socioeconómico de las Islas en relación al resto del Estado. Así, ahora, más allá del papel que hoy tiene la Federación Canaria de Islas (Fecai), que aglutina a los cabildos y su rango de acción conjunta para con el Gobierno regional, los propios gobiernos insulares se alinearán en lo que se llamará la Conferencia de Presidentes, un ente que asumirá la responsabilidad de impulsar con el Gobierno autonómico todo lo que se pueda entender de interés general para quienes aquí vivimos.
 
A pesar de que nuestra historia reciente siempre ha ponderado los vínculos culturales y económicos con América -sobre todo el cono hispano- y África, ahora, en virtud de nuestra consideración de región ultraperiférica, el concurso canario podrá ser determinante en la cooperación internacional en estos ámbitos, de manera que el propio Estado habrá de reconocer esa interlocución como propia en asuntos como el comercio exterior. Igualmente, cuando en ciertas ocasiones se ha aludido a la posibilidad de asumir ciertas responsabilidades sobre las denominadas ‘aguas canarias’, éstas serán estimadas competencialmente por primera vez desde un plano isleño con el obvio paraguas estatal.
 

Normalmente se ha relacionado la modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias con una aparejada reforma electoral que buscara más proporcionalidad entre islas y densidades poblacionales. De hecho, así será, pues, en tanto que, en función de dicho cambio, se operará un incremento de escaños parlamentarios y el implemento de una lista regional, para redefinir esa justicia distributiva que habría de facilitar el acceso al Parlamento como principio rector de esa corrección. Se trataría, por tanto, de tratar de alcanzar el mayor equilibrio posible en nuestro sistema electoral, que traería también la desaparición del aforamiento para los diputados regionales.

El Estatuto de Autonomía de Canarias podrá servir de mucho si consideramos que necesitamos muchos cambios. Si pensamos, por el contrario, que las mejoras siempre se podrán postergar, no habrá posibilidad de crecimiento. Aun así, creo que algo cambiará porque algo está cambiando. 

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