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Nadie debe morir al aire libre, sin techo y de noche

Y sin embargo, sucede. Tragedias soterradas con un mismo denominador común, definidas por varios factores adversos que ponen en cuestión la solidaridad ciudadana, la eficacia de los servicios sociales, una estructura social refractaria a implicarse en casos humanitarios de extrema marginalidad, y por supuesto una gestión política deplorable e incapaz de solucionar el problema humanitario.

Cuando surge la noticia necrológica de un indigente muerto debajo de un puente, se moviliza la opinión pública y los medios de comunicación se vuelcan en la información de detalles y descripción del hecho, acompañando el criterio de cómo podía haberse evitado. Incluso se especula con la identidad de la víctima y su posible historia de desgracia continua. No sirve de mucho porque ya nada puede hacerse por el muerto. Un caso puntual de trágico desenlace en una supuesta biografía marcada por el infortunio. Mala suerte, y ya está.

Pero si al día siguiente se produce otro episodio, como así ha sucedido en Santa Cruz de Tenerife, en una plaza pública con el mismo resultado de muerte abandonada en exclusión humanitaria, parece que la conciencia colectiva comienza a inquietarse; atenta y preocupada por si al tercer día aparece otro cadáver abandonado. Es evidente que una sociedad estructurada hacia el estado del bienestar, no puede permitirse esta aberración.

El problema está perfectamente localizado. Es responsabilidad política plantear las operaciones adecuadas a su resolución. Todos los parámetros adyacentes de tipo económico, organizativo y operativo de los Servicios Sociales, deben ser suficientes y eficaces a la hora de abordar situaciones de vulnerabilidad extrema y necesidades básicas sin posibilidad de cobertura.

No trataremos aquí la multiplicidad de competencias sobre esta área, solapadas e interfiriéndose unas a otras con un exceso patógeno de burocracia. Gobierno Central, Autonómico, Ayuntamientos y Cabildos incidiendo en la misma gestión sobre Servicios Sociales, pero con criterios distintos, según los intereses de cada formación política y, por supuesto, aplicando el recurso de escurrir el bulto y eludir responsabilidades mediante el truco de echar culpas a otro del propio fracaso.

Así no funciona nada. Pero en el caso que nos ocupa, estamos hablando de vidas humanas. No podemos resignarnos a la derrota social que significa esta lacra humanitaria por defecto de medios, o falta de voluntad por resolverlos. Algo parecido sucede con la violencia de género y los asesinatos in crescendo a manos de criminales injertados en un escenario social en calidad de auténticos depredadores peligrosos. En ambos casos, algo tiene que cambiar porque lo que se está haciendo hasta ahora, no sirve de nada.

La participación ciudadana es importante por el espíritu de colaboración que no siempre es bien aceptado por las instituciones. Como si interpretar los problemas a ras de suelo supusiera injerencia o menoscabo a la supuesta labor oficial. Pero está claro que el actual problema humanitario de las muertes en “exclusión urbana” está en manos de la Administración.

SOLUCIONES

Posibilidades de erradicar los defectos funcionales que asolan el área más sensible a nivel municipal.

-Importante. Definir las competencias asignadas y disponibles para obrar en consecuencia. Sin reservas y usando todos los medios disponibles.

-Exigir la asignación económica suficiente para cumplir el cometido encomendado. Así como la contratación de personal adecuado al objetivo pretendido

-Fundamental. No basta con la preparación técnica o profesional de las personas implicadas en el elevado cometido que aquí se les encomienda. Imprescindible añadir una sensibilidad humanitaria a toda prueba, para poder empatizar con los verdaderos problemas de las víctimas. Aquí se incluye no solo a los trabajadores de campo, sino sobre todo, a los directores, concejales, consejeros y demás responsables que operan desde los despachos.

Más reflexiones: El albergue municipal no puede asumir la problemática social por varias razones.

-Debiera ser de responsabilidad insular, puesto que acoge personal de todo Tenerife. El Cabildo debe implicarse.

-Por motivos de insuficiente capacidad, habría que implantar otros centros de acogida en el Norte, La Laguna, y en el Sur; la zona turística por excelencia donde resolver, por ejemplo, el grave problema de los “sin techo” que han invadido la terminal T-1 del aeropuerto Reina Sofía.

-Considerar las diferencias impuestas por estados de salud, adicciones a drogas, alcoholismo o patologías mentales. Es inhumano e inviable aglutinar a todo el mundo bajo el mismo techo. Habrá que articular medidas y espacios diferenciados para atender cada caso según su situación real, de atención sanitaria, física, psíquica o estado de salud.

-Atención específica y especial a los sintecho. No es necesario explicar por qué.

Solo añadir que la lección aprendida de la legislatura anterior en el Ayuntamiento de Santa Cruz, con respecto a los Servicios Sociales, sirva como escarmiento de cómo no se deben hacer las cosas. Solo se necesitan personas adecuadas, medios suficientes y la voluntad política de resolver cada uno de los problemas que se planteen, tratados con la sensibilidad humanitaria de cuya falta tanto se adoleció en años anteriores.

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