Oposición frontal ante la ampliación del Puerto de Las Nieves

El proyecto apoyado por el Gobierno de Canarias para la construcción de un segundo muelle en el pueblo de Agaete es un claro reflejo de un tipo de actuación política que desoye descaradamente los intereses de los ciudadanos, en especial a sabiendas de que la naviera que realiza el trayecto Gran Canaria-Tenerife no alcanza a completar ni el 35% de su capacidad total de forma regular.

La compleja relación de tensión entre las demandas de la población, por un lado, y las respuestas y medidas desarrolladas por parte los gobiernos, por otro lado, genera un espacio de incertidumbre, un silencio hueco en el que, en este caso, los intereses económicos de las grandes navieras de Canarias han sabido insertar una falsa necesidad de los habitantes del archipiélago. La justificación primordial del proyecto hace hincapié en la reducción del tiempo de viaje entre Gran Canaria y Tenerife como la solución a una problemática en las comunicaciones dentro de la Comunidad. Una ficción ya resuelta con la puesta en marcha del servicio de fast ferry de Naviera Armas que conecta Las Palmas de Gran Canaria con Santa Cruz de Tenerife.

La sociedad civil ha demostrado en numerosas ocasiones su oposición a este proyecto visibilizándose en multitudinarias manifestaciones en la capital de Las Palmas. La construcción del macro muelle supondría una tragedia medioambiental para Agaete, además de abrir la posibilidad de que las compañías de cruceros añadan un nuevo puerto a sus rutas, profundizando en el modelo económico sectorial basado en el turismo y que tanto daño ha hecho a las costas canarias. El coste de oportunidad de este proyecto queda reflejado en las diversas iniciativas que han organizado los vecinos del Valle de Agaete para frenar la construcción de un segundo muelle. En el municipio de Agaete viven en torno a 5.500 personas, de las cuales, según una encuesta encargada por el Ayuntamiento, un 81,5% están en contra del proyecto.

Esta oposición construida desde grupos vecinales y asociaciones de variada tipología pone encima de la mesa, una vez más, la incapacidad del Gobierno de Canarias para insertar la lucha contra el cambio climático y el respeto al medio ambiente como eje transversal en sus políticas. En el marco de una propensión cada vez mayor de resaltar la necesidad de converger en una estrategia de desarrollo sostenible global, un atentado contra la fauna y flora del Norte de Gran Canaria no puede acometerse sin que sea, al menos, señalado y criticado. Así lo han expuesto desde el grupo Ecologistas en Acción, quienes denuncian el impacto negativo que tendría el desarrollo de este proyecto, tanto en el medioambiente como en la salud de los habitantes de la zona. En particular, la construcción de un segundo muelle conllevaría la producción de residuos que afectarían directamente a especies protegidas cuyo hábitat corresponde con este área, como la tortuga boba o la almeja canaria. La lucha entre lo local y lo global aterriza en el Puerto de las Nieves como una muestra más de la necesidad de hacer políticas que vayan ligadas a la vida de la gente y no solo a los datos macroeconómicos. La contraposición entre los intereses empresariales salvajes y la opinión pública respecto a la ampliación del Puerto de las Nieves continúa en una línea de movilización popular que ya se vivió en el Archipiélago Canario a raíz de las prospecciones petrolíferas en la zona.

Sin embargo, una vez más asistimos a un claro ejercicio de la política de poder desde el Gobierno de Canarias, una tendencia de corte caciquil que resuena escandalosamente a las dinámicas clásicas de Coalición Canaria.

Irina Betancor Almeida, internacionalista y analista política independiente.