Pérez&Pérez ( y2)

No es casual que los sectores santacruceros conservadores, los que añoran todavía la Provincia única, reclamen para Santa Cruz la capitalidad regional en solitario. Tampoco lo es que en Gran Canaria haya quienes reclaman, no menos miméticamente, la doble autonomía. Reproducen, sin más, los polos del pleito insular porque ni políticos ni politólogos se han ocupado jamás de explorar, teóricamente al menos, otras sendas.

Los mecanismos de instalación y defensa del “centralismo autonómico” son, como digo, trasuntos de la centralización provincial. Los topes de acceso al Parlamento, que Santiago Pérez propone rebajar al 5%, impiden que las islas no capitalinas ganen en auténtica representatividad al verse sus obligadas a integrarse en partidos controlados desde las capitalinas; el caso de CC es el más claro.

“Perfecciona” el sistema la sumisión de los cabildos queden sometidos al “centro autonómico” mediante el control por el Gobierno de sus recursos financieros y la frecuente invasión de sus competencias de papel. Por ahí se tocan la iniciativa de Santiago Pérez y la reivindicación de una nueva ley de Cabildos formulada por José Miguel Pérez.

Esta ley debería hacer efectivo el gobierno de cada isla por su correspondiente corporación, que hoy es puramente retórico. Se trata de extender y profundizar en la autonomía a partir de la recuperación de la secular tradición autonómica canaria; que fue lo que intentó la ley de Cabildos de 1912, el único intento serio de organizar las islas de acuerdo con su constitución física archipelágica. No se consiguió porque al desinterés de las clases dominantes en una ley promovida desde las islas menores para zafarse de las mayores se unieron las convulsiones del siglo XX.

Téngase en cuenta que entre 1914 y 1918 se libró la Gran Guerra. Vinieron enseguida los años 20 en los que destaca, a nuestros efectos, la Dictadura de Primo de Rivera, que en 1927 decretó la División de la Provincia. Los cabildos no habían tenido tiempo de cuajar, hubo disposiciones de Madrid que mermaron sus posibilidades potenciales y el remate fue la División que reforzó, duplicándolo, el sistema provincial centralizador. Es cierto que la División permitió a Gran Canaria progresar como no lo hubiera hecho en la Provincia única; pero no es menos cierto que el problema de fondo permaneció larvado hasta que asomó la cabeza con la autonomía. También es verdad que sin la virulencia pública de otros tiempos porque los intereses en juego, que siguen estando ahí, ya no arrastran multitudes.

Dos años después de la División se abrió la crisis de 1929 que empató con la guerra civil del 36, la segunda guerra mundial y las casi cuatro décadas de franquismo con el predominio absoluto de los gobernadores civiles provinciales y la reducción de los cabildos, a través de las dos mancomunidades, a doblete de la Provincia. Desde las dos capitales se controlaba las islas en provecho de quienes influían en los centros de decisión, siempre que acataran la autoridad de los gobernadores civiles designados por Madrid. Lo que hicieron con sumo gusto.

La ley de Cabildos de 1912 no tuvo, en fin, oportunidad de asentarse y desarrollarse. Y cuando llegó el Estado de las Autonomías Canarias no contaba con teorizaciones y análisis suficientes para apreciar la potencialidad de los cabildos, que algunos quisieron entonces suprimir. A falta de referentes, el Estatuto se limitó a reproducir en otros términos el modelo provincial. Esto resulta ya tan evidente que José Miguel Pérez acierta al hablar de “centralismo autonómico”, que es el provincial maquillado.

El “centralismo autonómico” beneficia hoy a ATI-cc y lo único que puede hacer Gran Canaria es aguardar a que se vire la torna para coger el machito y hacer lo mismo en sentido contrario. Con las islas no capitalinas de espectadoras. Pérez&Pérez no han dicho nada nuevo, pero desde sus puestos políticos han abierto la posibilidad de un debate sobre la representatividad parlamentaria y la organización y el funcionamiento político-administrativo canario, de acuerdo con su realidad de archipiélago variado. No confío mucho en que haya debate dada la pobreza intelectual de la clase política, pero tengo que insistir en aras de la democracia y la estabilidad política y social. El que avisa no es traidor sino avisador.