Pobre Rajoy, pobre país

Dos millones de catalanes desafiaron este domingo el orden constitucional vigente, pasándose las advertencias de quien representa al Gobierno encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución –el propio señor Rajoy- mismamente por el arco de triunfo. Sabíamos que en España hay cierta tendencia a no cumplir las leyes (especialmente entre quienes nos mandan), pero resulta difícil entender que el Gobierno de un Estado que antes fue sólido y ha pasado en apenas unas horas de líquido a gaseoso, haya optado por mirar para otro lado mientras en Cataluña se celebraba –con extraordinario éxito de público y crítica- una enorme kermesse insurreccional.

Esta historia es mucho más antigua que todos nosotros, pero en términos prácticos comienza cuando Zapatero dijo aquella tontería de que cualquier cosa que viniera de Cataluña sería aceptada y el PP usó bastardamente las consecuencias de tamaña insensatez para pedir boicots al cava catalán, enfrenar a Cataluña con el resto de España y forzar la inconstitucionalidad del Estatuto. Desde entonces el Gobierno ha presentado el problema catalán como un enfrentamiento entre quienes defienden la legalidad y quienes la conculcan. Y eso es otra mentira: porque yo no he visto a nadie defendiendo la constitución este domingo. Ni al Gobierno del Estado, ni a los jueces del Estado, ni -desde luego- a la representación del Estado en Cataluña, que es la Generalitat. Lo único que he visto es a la tercera parte del censo electoral de Cataluña acudiendo a votar en masa por la independencia, en un referéndum todo lo de opereta que Rajoy quiera, pero de enorme carga simbólica y que exige a partir de ahora una solución política.

Mientras Rajoy sigue instalado en la inanidad de decir que el proces no lleva a ninguna parte, yo creo que si nos lleva a algún lado: de momento, convierte a España en un país de risa, una suerte de república bananera incapaz de hacer que su Constitución se respete y se cumpla. Así las cosas, si el Gobierno es incapaz de hacer cumplir la legalidad vigente, lo razonable sería que –al menos- convoque ya al conjunto de los españoles para negociar la reforma de esa legalidad. Si esta Constitución que nos ha dado casi cuarenta años de paz y más de treinta de progreso ha dejado de servirnos, porque ni la cumplen los ciudadanos ni la cumple el Gobierno, entonces ha llegado la hora de cambiarla por una que todos estemos dispuestos –y obligados- a cumplir. Incluso los que quieren una Cataluña independiente.