RTVC, peor imposible

El Parlamento de Canarias puede cerrar la presente legislatura cometiendo un grave error, haciendo un flaco favor a la democracia, si finalmente decide aprobar el Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) en esta legislatura que agoniza mediante una formulación de reparto entre partidos que se aleja del espíritu de la ley aprobada el pasado mes de diciembre. Una ley que apoyamos la mayoría de los grupos y que apuesta claramente por un órgano rector profesional e independiente, que garantice el pluralismo y la máxima transparencia sin subordinaciones al Gobierno, partidos o empresas.

El Consejo Rector de la RTVC es un órgano colegiado, clave en su nuevo modelo organizativo, que emana del Parlamento y cuyos miembros deben cumplir unos estrictos requisitos de cualificación, experiencia profesional e independencia política y empresarial.

Según la norma, aprobada a finales de 2014 por el Legislativo con el rechazo, por cierto, del PP, el Consejo Rector es el órgano colegiado de administración y gobierno de la RTVC. Debe estar integrado, según específica su articulado, por personas “de reconocida cualificación y experiencia profesional”. Capaces, además, de dirigir, con elevada autonomía, un órgano que gestiona unos 40 millones de euros anuales de dinero público.

Sus funciones son muy relevantes. Desde la representación y administración del ente público Radiotelevisión Canaria hasta la capacidad de nombrar y cesar el equipo directivo de primer nivel de RTVC.

Asimismo, el consejo es responsable de aprobar la organización básica del ente, supervisar la labor de dirección de RTVC y de sus sociedades, desarrollar los principios básicos de producción o aprobar las cuentas anuales y el anteproyecto de presupuesto, así como el responsable último en contratar bienes y servicios.

CC, PSOE y PP han preferido optar por un reparto de puestos entre los tres partidos, en lugar de buscar un equipo multidisciplinar y de alta cualificación, sin adscripciones partidarias ni empresariales, para impulsar la transformación que precisan la radio y la tele canarias.

Comisión de Control

Alguna de las personas propuestas inicialmente no reunía ninguno de los requisitos que exige la ley para formar parte del consejo, como puso en evidencia Nueva Canarias, en su momento, en la comisión de Control de Radiotelevisión Canaria del Parlamento.

Su único mérito era su adscripción a un partido. Las formaciones políticas que fraguaron el pacto sobre el Consejo Rector habían decidido votarle, pese a las evidencias, haciendo la vista gorda de manera muy poco responsable: “yo no cuestiono los méritos de los tuyos y así no cuestionas los de los míos, da igual que cumplan o no los criterios establecidos”. Una situación bochornosa que estuvo a punto de ratificarse sin que ninguno de los grupos mayoritarios pusiera la menor objeción.

Esa situación de partida se modificó con la retirada de uno de los candidatos, que ni de lejos cumplía con las condiciones mínimas para desarrollar la función asignada al consejo.

Pero otra de las candidatas a este órgano, propuesta por el PSOE en esta segunda vuelta (tras la retirada tan argumentada como digna de Francisco Moreno), también genera muchas dudas. Presentando indicios más que evidentes de absoluta incompatibilidad, por relaciones empresariales y familiares, para ejercer su función, lo que no hace más que enmarañar aún más la situación del Consejo Rector, pudiendo llevar a judicializar la misma.

El artículo 11.6 de la ley de RTVC deja claro que las personas aspirantes al consejo no pueden tener vinculación “directa ni indirecta” con empresas del sector, como sucede en el caso que nos ocupa. Y la propia ley de incompatibilidades de la administración pública es, asimismo, completamente rotunda en este tema.

Calidad democrática

Pero al margen de esta posible incompatibilidad, lo más grave, sin duda, es llevar al último pleno del Parlamento la ratificación de una propuesta de Consejo Rector para los próximos seis años, generada mediante cuotas que responden a la composición de la Cámara que termina estos días su tarea. Y que, como señalan numerosos sondeos, será bien distinta a la que nazca de las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.

Como he destacado en otras ocasiones no comparto el sistema de cuotas. Creo que no se ajusta a lo que la nueva ley de la RTVC plantea. Pero aplicarlo, encima, sobre la base de un Parlamento agonizante, a diez días de la convocatoria de los comicios electorales, suena a baja calidad democrática, a vieja política y a falta de respeto a la ciudadanía.

La decisión compartida por CC, PSOE y PP hace un flaco favor a la política, al Parlamento canario y al funcionamiento y a la credibilidad de las instituciones. Más aún en tiempos de cuestionamiento y desafección ciudadana, más grave, si cabe, en el caso del PP que hace todo lo posible por conseguir dos representantes en una televisión que, como han señalado de forma reiterada, pretende cerrar. Pero también considero que las formas escogidas, profundamente partidistas, dañan a la RTVC, al naciente Consejo Rector y a sus propios integrantes. Peor, imposible.