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Sanidad universal y gratuita

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Hace apenas un mes el Ejecutivo de Rivero se lucía anunciando su propuesta de reparto de alimentos próximos a caducar entre las personas más necesitadas. Lo presentaron casi como una genial medida anticrisis, de esas que van continuamente improvisando y de las que nunca evalúan sus consecuencias. Y lo hicieron obviando el trabajo silencioso que distintas organizaciones no gubernamentales llevan a cabo de forma ejemplar a favor de las personas más desfavorecidas.

Esta semana el Gobierno ha dado una vuelta de tuerca más en su originalidad y en su capacidad, eso sí, de obtener una barranquera de titulares mediáticos.

Aunque haya sido a costa de generar una innecesaria alarma social y de trasladar más dosis de angustia a los hombres y mujeres afectados por el desempleo y por la futura pérdida de prestaciones, así como a los que ya no las están percibiendo.

Su anuncio a bombo y platillo, advirtiendo que pueden perder sus derechos y, además, que se arriesgan a que se les emita factura por el Servicio Canario de Salud (SCS) por recibir atención sanitaria, es una decisión por completo desafortunada y que ha encontrado como respuesta un amplio rechazo político y social.

Derecho

Hay que despejar alarmismos y decirlo de forma clara y rotunda: todos los ciudadanos españoles, independientemente de su situación laboral, social o económica, tienen derecho a recibir asistencia sanitaria pública y gratuita porque así está establecido por la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986. El primer artículo de la mencionada norma establece de forma diáfana que son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y extranjeros que tengan establecida su residencia en territorio español. Aunque no sorprende este nivel de desconocimiento por parte de quienes, más preocupados en intereses bien distintos, en nada participaron en la conquista de estos derechos.

Un derecho que ha sido ratificado en el Real Decreto 63/1995 de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

En este sentido, he condenado las referidas advertencias del Gobierno canario a los parados que se hayan quedado sin prestación por desempleo y que no arreglen su tarjeta sanitaria en un periodo de 90 días, de que tendrán que pagar las facturas de su atención sanitaria. En mi opinión, se trata de un trámite burocrático que puede resolverse entre administraciones sin necesidad de generar más problemas a quien peor están sufriendo los efectos de la crisis económica.

Se confirma por declaraciones de miembros del Gobierno que en el origen de esta falsa polémica se encuentran algunas desavenencias del Ejecutivo de ATI-CC y PP con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS); y en vez de sentarse a resolverlas, como es su responsabilidad, ha preferido trasladar las consecuencias a los más débiles.

Falso problema

Este mal Gobierno que padecemos tiene en el ámbito sanitario como principal preocupación el favorecer al máximo los intereses privados. Además, y como en otras ocasiones, el Ejecutivo de ATI-CC y PP está generando un falso problema por sus peleas con el Gobierno central, olvidándose de que los ciudadanos deben recibir atención sanitaria no en función de que trabajen o no, sino porque es su derecho como españoles o residentes en el Estado. En ese sentido, invitaba estos días a los ciudadanos a que, en el caso de que les llegue alguna factura del Servicio Canario de Salud, se la remitan al presidente del Gobierno de Canarias.

Es la respuesta que se merece un Gobierno sin capacidad y sin la menor voluntad de resolver los problemas; y que se empeña en enredar y generar falsas polémicas a modo de columnas de humo que oculten su falta de ideas y de proyectos para esta tierra y su gente.

* Presidente de Nueva Canarias

Román Rodríguez*

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