Soluciones ante una infamia anunciada

Escribía hace unos meses que no sabía si la reforma electoral que finalmente se consensuara sería la mejor o la menos mala, pero que en cualquiera caso iba a mejorar el sistema actual pues ningún demócrata, a no ser que lo sea de boquilla –como lo es demagógicamente algún plumilla a sueldo del mejor postor-, puede aceptar que se vuelva a aplicar una vez más -y ya van nueve- un sistema electoral en el que, por los efectos de la triple paridad y de las barreras electorales, se distorsiona torticeramente la voluntad popular ya que, a), dos formaciones políticas, Ciudadanos y Unid@s, se han quedado sin representación, pese a obtener entre los dos más de 70.000 votos; b), la Agrupación Socialista Gomera (ASG), con poco más de 5.000 votos, obtuvo 3 de los 4 diputados por La Gomera y, c), la formación que sacó más escaños –y que gobierna ahora en solitario-, CC, fue la tercera en votos, con poco más del 18%.

Debido a esa distorsión, es generalizada la exigencia de una reforma electoral que, a través de romper con la triple paridad y disminuir de manera drástica las barreras, logre mucha más pluralidad y proporcionalidad, permitiendo una autentica adecuación entre voluntad popular y representación; es decir, que el sistema gane en democracia. Parece que así lo han decidido PSOE, PP, Podemos y NC en la ponencia parlamentaria creada para estudiar la reforma electoral al acordar un sistema con 10 diputados más, uno para Fuerteventura, que compense su desventaja frente a La Palma que, con casi la mitad de población tenía un diputado más, u creando un colegio de restos con los nueve restantes; reforma a la presumiblemente estará de acuerdo, porque todas las fuerzas se benefician de esa reforma: con los resultados de 2015, entran Ciudadanos y Unid@s, crecen los demás partidos y CC sigue siendo la formación con más escaños).

Pero como era previsible, CC mantiene su oposición a cualquier reforma que rompa la triple paridad, fórmula que puede que tuviera su razón de ser hace 35 años al crear una serie de equilibrios entre las islas, pero ya no porque ese equilibrio ha venido provocando una excesiva desproporción entre el valor del voto entre los ciudadanos de las islas menos y más pobladas, que llega a ser, en algunos caso, de 18 a 1, distorsionando el voto popular.

Es verdad que los elementos esenciales del sistema electoral, por legitimar todo el sistema y por determinar la toma de decisiones en sede parlamentaria, son los cimientos sobre los que se asienta la consolidación del Archipiélago como ente político, y que en el actual se forzó compaginar los dos elementos representativos en este Archipiélago creando este injusto equilibrio que prima, en esa toma de decisiones, a los territorios insulares en detrimento de la población, pero hemos de convenir que por sus resultados es un modelo de muy poca calidad democrática.

Por ello es una ignominia que CC rechace cualquier reforma que mejore en términos democráticos el sistema electoral con la excusa de que rompe la triple paridad, cuando en realidad es que la razón de ese rechazo es que les perjudica electoralmente.

Pese a que CC se autoproclama nacionalista, su empecinamiento en la triple paridad se debe a que ya hace mucho tiempo que ha renunciado a cualquier intento ideológico de construcción nacional canaria debido tanto a la miopía de sus líderes –de cualquier isla, que no ven más allá de la punta de sus respectivos muelles-, como a su entreguismo a las tesis más ultraliberales y depredadoras del territorio (la ley del suelo es una buena prueba de ello, y el apoyo de las patronales canarias al rechazo a la reforma electoral es el pago por favores prestados), lo que imposibilita a los insularistas a indagar más que sea –no digamos ya debatir o aceptar que sea posible- en esa construcción (nacional) del Archipiélago con base en otros parámetros, puede que más complejos, pero desde luego mucho más democráticos.

Sin embargo, y ese es el mayor error que se está cometiendo, la reforma del sistema electoral canario no puede quedarse en la simple alteración de uno u otro aspecto del sistema, en absoluto; la presencia de dos representatividades, la poblacional y la territorial, condiciona a la hora de buscar un modelo organizativo -y electoral- que armonice al Pueblo con el Territorio para construir Canarias con garantías de éxito, en el que se respete tanto al sujeto político (el Pueblo canario) como la realidad territorial. Este es el verdadero pacto fundacional de Canarias. Somos islas, pero sobre todo Archipiélago. Obviar alguna de estas realidades o primar una en favor de la otra supondría otro desequilibrio tal que el remedio sería peor que el problema a resolver. Puede que hace 35 años fuera necesario apuntalar a las islas con el sistema de la triple paridad, pero desde luego ahora es imperiosa la necesidad –nos jugamos nuestra propia existencia como pueblo- de construir Archipiélago.

Quienes se aferran a la triple paridad tienen muy poca fe en el todo y esgrimen que esa es la única manera de garantizar el desarrollo de las islas no capitalinas. Creen que con cualquier otro modelo las islas no capitalinas pierden capacidad de decisión. Los detractores oponen que no pierde nadie rompiéndola porque el desarrollo de las islas más necesitadas se consigue con medidas concretas de carácter presupuestario que plasmen la solidaridad entre todos los canarios. Sin embargo, me parece evidente que las medidas presupuestarias dependen de quienes las aprueban, por lo que si las islas no capitalinas, a través de sus representantes, no tienen una presencia importante en la toma de decisiones, la aprobación de esas medidas quedará al albur de la buena voluntad de actores externos (miren si no lo que, pese a la garantía constitucional del REF, nos ha costado que el Estado cumpla y no siempre). Pese a ello, creo que la triple paridad no es la única manera, ni siquiera la mejor, de tener garantizada capacidad de decisión a la hora de aprobar los presupuestos.

La triple paridad distorsiona la voluntad popular, es cierto, pero casi todos los modelos alternativos propuestos –entre ellos el adoptado en la ponencia parlamentaria- postergan a las islas no capitalinas en la toma de decisiones porque su presencia real no es determinante (no hay paridad). Por eso, la ruptura real de la triple paridad es rechazada no solo por los insularistas sino por muchos habitantes de las islas no capitalinas, incluidos, aunque no lo digan públicamente, dirigentes de formaciones cuya posición oficial es la reforma del sistema.

Se quiera aceptar o no, si se elimina la paridad se rompe el equilibrio de representatividades existente y para que un nuevo sistema sea aceptado por quienes pierden capacidad de influencia y decisión hay que buscar mecanismos para que las islas no capitalinas, de una u otra manera, tengan un protagonismo similar al actual en la toma de decisiones.

Hasta ahora casi nadie, ni los que se aferran al actual sistema, ni quienes quieren tumbarlo a toda costa, se ha preocupado lo más mínimo por buscar ese otro equilibrio. Quizás unos no creían que fuese posible el consenso sobre la reforma, mientras que los otros que CC y ASG no iban a ser capaces, ante la presión social, de rechazarla.

Pero ya está aquí tanto un mínimo acuerdo de unos como el rechazo de otros y si no se dan alternativas reales no habrá una solución aceptada por todos, con el peligro de que la imposición de un sistema electoral sin nuevos equilibrios puede ser utilizado por los insularistas para alimentar su tradicional victimismo (parecido a lo que sucedió en los años 80 con la ley de aguas o con el pleito universitario).

Por ello es imprescindible que cualquier reforma intente encontrar nuevos equilibrios entre esas dos representatividades que logre desterrar viejos y nuevos recelos, buscando un modelo organizativo –y electoral– que armonizase el sujeto político (el Pueblo canario) con el hecho insular y archipelágico.

Por eso insisto en que la solución podría pasar por adoptar un sistema que separe las dos representatividades; es decir, que la población esté representada en una Cámara y los territorios, a través de sus órganos de gobierno, los Cabildos, en otra (ya existe un embrión de esta segunda Cámara: la Comisión General de Cabildos Insulares prevista en art. 13.4 del Estatuto vigente que perfectamente puede servir para tal fin aunque con ciertas modificaciones, aprovechando la reforma estatutaria en curso) a la que se le daría capacidad de veto en cuestiones que afecten a sus respectivos territorios.

Esa propuesta está ampliamente desarrolla en estos enlaces:

http://www.servicios.ulpgc.es/publicaciones/JPortal25/images/noticias/2016/ReformaElectoralDigital.pdf

https://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/extension5/junio16/libro_ullopina.pdf

Estoy convencido de que es imprescindible lograr ese nuevo equilibrio entre población y territorio, donde ambas representatividades participen en condiciones de cierto equilibrio en la toma de decisiones.

Pero hasta que eso no sea posible –dada la inmadurez política de nuestros políticos, reflejo de la de nuestra sociedad, la canaria, pero también la española, que no acaba de aceptar nuestras singularidades (aguas archipelágicas, REF, soberanía energética y alimentaria, relaciones directas con los países de nuestro entorno, etc.)-, como decía al principio de estas líneas, cualquier sistema que adoptemos va a ser mejor que el actual, por lo menos en términos democráticos.

En condiciones normales, la adopción de un nuevo sistema electoral requiere, primero, la reforma del Estatuto de Autonomía y, después, y en su caso, una Ley del Parlamento de Canarias. La reforma del Estatuto es necesaria porque desbloquea la posibilidad de adoptar varios modelos distintos (como permitir circunscripciones insulares conjuntamente con una archipelágica o introducir competencias a la Comisión de Cabildos para crear esos nuevos equilibrios) que con el Estatuto vigente no caben, así como rebajar la mayoría necesaria (tres quintos frente a la actual de dos tercios) para la concreción del modelo (básicamente, número concreto de escaños por cada circunscripción, listas abiertas o cerradas y fórmula electoral).

Por ello, ante el previsible bloqueo que CC y ASG, la solución para impedirlo sería introducir en la reforma del Estatuto actualmente en la Cortes, a modo de como en la actualidad lo hace la disposición transitoria segunda del Estatuto vigente con la triple paridad y la doble barrera, un modelo subsidiario que se aplicaría en las próximas elecciones de 2019 de no lograr un acuerdo en torno a un nuevo sistema.

La solución es, pues, relativamente fácil: aprovechando la reforma del Estatuto que se tramita, cambiemos esa disposición transitoria para introducir el modelo consensuado en la ponencia del Parlamento de Canarias y que, a falta de una nueva Ley electoral del Parlamento de Canarias por el rechazo de CC y ASG, sea el que rija en las próximas elecciones. Como ese sistema no les gusta, les forzaría a consensuar uno menos malo antes de las elecciones de 2019.

Con todas las dudas que puede crear ese nuevo sistema ya acordado; es decir, aceptando que no es el mejor, precisamente eso servirá como aliciente para lograr alcanzar entre todos un acuerdo para aprobar definitivamente un nuevo sistema electoral, sin esa provisionalidad, que alcance un nuevo equilibrio en el que todos estemos cómodos. Pero mientras eso ocurre, por lo menos los ciudadanos no sufriremos más nunca el oprobio de comprobar cómo la voluntad popular de los canarios ha sido de nuevo distorsionada. Al menos habremos logrado el triunfo de la democracia, que no es poco…