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¿Y ahora qué?

José Miguel González Hernández

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Un sistema democrático de toma de decisiones quedaría vacío de toda sustancia ética sin la efectiva participación de la sociedad en el diálogo político, lo que precisamente trata de asegurar el proceso de formación de la voluntad racional. No se trata de establecer un modelo asambleario de consulta de forma permanente, pero tampoco se debe apostar por situaciones en donde se asiste a procesos de estrangulamiento normativo que provocan circunstancias nada deseables desde y para la sociedad. Es por ello por lo que se hace urgente la búsqueda de una ética de la responsabilidad colectiva en el ámbito global y local, que asegure no sólo crecimiento, sino un auténtico desarrollo social.

A este respecto, la concertación debe verse como un proceso de maduración de los sistemas democráticos de participación. En ella se intentan relanzar las facetas de la sociedad en las que la cohesión es parte fundamental como base y estructura de cualquier organización moderna y evolucionada, en la que la libertad de participación está presente. Las sociedades democráticas contemporáneas deben desarrollar un paradigma de negociación basado en el diálogo, con el objeto de desatar interacciones sociales dinámicas resultantes de acciones comunicativas subjetivas. La demanda de este tipo de procesos se hace latente cuando se detecta que falta, por un lado, armonizar la satisfacción de los derechos y deseos privados reclamados por individuos y grupos y, por otro, responder a las necesidades funcionales del sistema.

El diálogo debe erigirse como forma articuladora de una nueva cultura política y como potenciadora de los actores del desarrollo. A las partes integrantes en este tipo de procesos no hay que dejarlas de ubicar como entidades solo funcionales, en tanto defensoras de intereses de sus integrantes, sino que no debe dejar de anotarse que precisamente, en la defensa de los intereses sectoriales, se encuentra la ligazón con el proceso productivo y la generación de riqueza en la sociedad.

Por ello, la filosofía integral de los procedimientos de negociación de estas características debe comprometerse a luchar por la equidad y la igualdad dentro y fuera del sistema meramente productivo. O, en otras palabras, debe incluirse su acción en el medio social. Es decir, no sólo hay que incrementar la productividad y compaginar lo microeconómico y lo macroeconómico, contribuyendo de ese modo al crecimiento, al desarrollo y a la estabilidad. También, desde el punto de vista de la democracia, las organizaciones que se incluyen dentro de este sistema de toma de decisiones deben participar en la política en su más amplio ámbito. El proceso de la formación democrática de la voluntad ha de desembocar en la constitución de una voluntad racional en cuyo seno confluirá el interés común. De lo contrario, regir a espaldas de las voluntades solo ocasiona abstención, alejamiento y rebeldía, porque no solo se decide sobre los acólitos. Se decide sobre la totalidad.

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