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El derroche frente a lo necesario

Narvay Quintero

Un estudio concluye que ninguna de las líneas del AVE es rentable. Ni siquiera el corredor con más tráfico, el que discurre entre Madrid y Barcelona, compensará el coste multimillonario de la red de la alta velocidad. No es rentable para las empresas, pero tampoco lo es para la sociedad. Este análisis, elaborado por Ofelia Betancor y Gerald Llobet, y presentado esta semana por el profesor Ginés de Rusy, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, revela cómo la desmesurada inversión aprobada por socialistas y populares hasta situar a España a la cabeza en kilómetros de alta velocidad ha sido y es un disparate que sirve a unos y a otros para sumar votos a golpe de kilómetros de AVE.

Las conclusiones del estudio elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) son demoledoras: todas las líneas presentan una rentabilidad social y financiera negativa y, por tanto, ninguna debería haberse construido. Sin embargo, pese a la sangría que supone anualmente la suma de nuevos tramos, el Ministerio de Fomento, en pleno año electoral, ha presupuestado para 2015 una partida de 3.561 millones de euros, un 11,5% más que en 2014, para poner en servicio 1.000 kilómetros más y conectar ocho ciudades más a una red que solo es superada en el mundo por China.

Cuesta creer que el Gobierno de un país que ha sufrido los recortes más sangrantes de su democracia se empecine en seguir avanzando en la ejecución de un proyecto que supondrá un lastre para futuros ejercicios económicos. De nada han servido las lecciones de una crisis que ha ahogado en la extrema pobreza a millones de personas. Todo sigue para algunos como si nada hubiese ocurrido.

Resplandece un rayo de esperanza en las cifras macroeconómicas y el mismo Gobierno que se ha abrazado a la austeridad durante casi cuatro años aumenta en más de 11 puntos la inversión en líneas de alta velocidad con las que pretende rascar votos en las ocho capitales en las que se vivirán inauguraciones a la antigua usanza pese a que siguen existiendo más de cinco millones de personas sin empleo y muchas de las que tienen un trabajo continúan bajo el umbral de la pobreza.

La alegría con la que el Gobierno del Partido Popular saca la chequera para pagar obras que solo servirán para aumentar el déficit en próximos años contrasta con su cabezonería en el desarrollo de proyectos de infraestructuras básicas como son las carreteras en Canarias. El entusiasmo con el que el Ministerio de Fomento planifica nuevas vías de AVE choca con las decisiones políticas que lleva a sus representantes a seguir recortando un convenio que, en tan solo cuatro años, se ha quedado sin 628 millones de euros.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró en su discurso de investidura que conocía las carreteras canarias y que su compromiso con su desarrollo sería incuestionable. La realidad en estos más de tres años se sitúa en las antípodas de las promesas del presidente. Canarias ha sido víctima en esta legislatura de un ensañamiento sin precedentes por parte de un Ministerio de Fomento en el que, desgraciadamente, han imperado los intereses del Partido Popular frente a las necesidades reales de los diferentes territorios.

El Gobierno que ha aplicado tijeretazos en todas las partidas que afectan a Canarias ha sido el mismo que ha inyectado más de 90 millones de euros para las carreteras de Baleares o que ha anunciado para este año una inversión en una carretera que no es de interés estatal y que afecta a una sola localidad: la circunvalación de Santiago de Compostela. Obvia recordar el origen del presidente del Gobierno y de la propia ministra de Fomento.

El estudio al que aludía al principio de este artículo señala que el problema radica que en España se han construido infraestructuras sin una planificación global entre los modos de transportes. Además del desmadre en las líneas de alta velocidad se han edificado costosos aeropuertos que hoy permanecen cerrados o autopistas que han tenido que ser rescatadas por el Estado. Y mientras tanto, los mismos que acusan al Gobierno de Canarias de no haber realizado una gestión acertada de sus fondos públicos, siguen sumando kilómetros a una red obviando con su derroche las carencias estructurales que siguen existiendo en territorios tan castigados por la crisis como en nuestro Archipiélago.

¿Cuántos proyectos se hubiesen podido financiar con una planificación a largo plazo de las infraestructuras de transporte? ¿Cuántos disparates nos hubiésemos ahorrado, por no decir vergüenzas, si el Gobierno del Estado hubiese actuado con sensatez? Y la pregunta más importante que nos planteamos hoy: ¿cuántos kilómetros de carreteras se podrían construir en Canarias y en otros territorios aislados con el presupuesto reservado par el AVE para facilitar el acceso a sus viviendas a millones de personas que solo piden una simple vía?

No cuestiono la inversión en infraestructuras, incluidas algunas líneas del AVE, que han contribuido a nuestro desarrollo, a la vertebración del territorio y a la creación de empleo, pero sí critico la ausencia de planificación y, sobre todo, el discurso de un partido que justifica sus recortes en Canarias por la crisis al mismo tiempo que aumenta la partida en otros territorios. Y no solo me refiero al convenio de carreteras sino también a la red de aeropuertos, cuyas obras pendientes, entre ellas la ampliación de la pista de El Hierro, dependerán de la voluntad de sus nuevos socios privados o, por ejemplo, que Fomento haya sido incapaz de establecer tarifas máximas para los trayectos aéreos entre Canarias y la Península.

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