El desalojo

También se reunió Irene Khan con los socios de Amnistía Internacional en el local de la calle Santo Domingo de Santa Cruz de Tenerife para darles a conocer los proyectos inmediatos de la organización, intercambiar opiniones y dar una rueda de prensa para exponer los resultados de su visita y la repuesta de las autoridades canarias a los problemas relacionados con la aplicación de los derechos humanos.

Ese mismo día, lunes 16, un agente de la policía local entregaba un escrito firmado por la concejala de patrimonio del ayuntamiento de Santa Cruz en el que se daba un plazo de 20 días para que esta asociación declarada de interés publico desalojara el local “por ser necesario para la ubicación de determinadas dependencia municipales”. El mismo aviso (supongo que el agente era otro) fue entregado en ATAN el martes 17 durante su reunión semanal. El escrito del desalojo salió de la consejería de Patrimonio el jueves día 12 y tuvo su entrada el trece en la policía local. ¡No tardó mucho la policía local en localizarnos! Sin embargo, el alcalde de la ciudad, Miguel Zerolo ha declarado “cuando la Policía ha ido a esa casa, siempre ha estado cerrada, se ha llamado por teléfono y una vez no lo cogieron; durante más de seis meses la Policía acudió y como nunca estaba abierta, levantó un certificado como que el local estaba cerrado”. No hay duda, los hechos vuelven a dejar al alcalde como un nuevo Pinocho, pues es evidente que Miguel Zerolo, en este caso, también miente.

La responsable de Patrimonio no quiso ser menos que su alcalde y, a los pocos días se desmintió a sí misma al afirmar en Diario de Avisos “que no sabía a qué usos iban a ser destinados los locales de ATAN y Amnistía” y añadió que “se había cursado esta orden de desalojo dado que le había sido imposible ponerse en contacto personalmente con los representantes de ATAN y AI. Llevábamos tiempo intentando por todos los medios localizar a sus representantes, pero fue imposible, y no ha habido otra forma que notificar por escrito que deben desalojar el local”. Para ordenar el desalojo no utilizaron, como habían hecho en otras ocasiones, el fax, el correo electrónico o simplemente los contestadores telefónicos de ambas asociaciones. Por ejemplo, la Sección de Patrimonio respondió en año 2007 a una solicitud de Amnistía para que el ayuntamiento regularizara la cesión de los locales mediante un fax donde se decía únicamente que “examinado el Inventario Municipal de Bienes y Derechos consta que el inmueble es propiedad municipal” y que “su uso se encuentra cedido en precario a Amnistía Internacional y a ATAN.”

Además de mentiras, la concejal de patrimonio recurre a las medias verdades para suplir su carencia de argumentos y justificar el desalojo. Para comprobarlo basta leer la información publicada en el Diario de Avisos: “Sarrautte se afanó por dejar claro que la decisión tomada con respecto a este local no es un caso aislado, sino que se enmarca en su intento de recuperar edificios patrimonio del Ayuntamiento regularizando su situación, pues hay algunos donde incluso hay bares y negocios, en los que el Ayuntamiento paga la luz y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y eso no se puede permitir”. Si esto es así ¿porqué somos los primeros en sufrir tan drástica medida cuando en nuestros locales jamás han existido bares, pagamos la luz, el agua y, por la dejadez de los responsables municipales, hemos tenido que mantener el edifico?

No somos unos “okupas”, señora, por el contrario siempre hemos querido usar estos locales de manera legítima y con el beneplácito del ayuntamiento. Lo venimos intentando desde hace muchos años: En octubre de 1991 el entonces presidente de ATAN, Wolfredo Wildpret de la Torre, envió un escrito al ayuntamiento (no contestado) en el que trasmitía la solicitud de la Junta Directiva para que se diera el visto bueno a la ocupación del local.

Estos dirigentes municipales no acertaron ni en el fondo ni en la forma. Han actuado de manera arbitraria, pues es una decisión tomada por la voluntad, gusto o capricho sin sujeción a reglas o leyes ni a la razón y, por ello, es una decisión que deja en entredicho la honestidad de estos dirigentes municipales. Y, por si esto fuera poco, el intento de desalojo -y la vigilancia policial de nuestras asociaciones- pone en evidencia la falta de respeto del alcalde y de su concejala de Patrimonio a los principios democráticos básicos contemplados en la Constitución Española.

*Eustaquio Villalba Moreno es socio de Amnistía y de ATAN Eustaquio Villalba Moreno*