La excelencia pasa por menos ahogamientos

Puede creerse que los accidentes de tráfico sean el tipo que mayor número de muertes causa en Canarias. Y sin embargo, las estadísticas indican lo contrario: el pasado año, treinta y ocho personas dejaron la vida en las carreteras insulares; y en las playas canarias, setenta y dos, casi el doble, fallecieron por ahogamiento. Más datos: en lo que llevamos de 2017, han muerto por esta causa veintiséis personas, por lo que estamos, a falta de ocho meses -entre ellos los veraniegos- para concluirlo, ante el número más elevado desde 2000. A estas alturas, en 2016, se habían ahogado en aguas canarias dieciséis personas.

Las cifras no pueden causar indiferencia. Hay que reconocer al periodista grancanario, Sebastián Quintana, la iniciativa de una campaña audiovisual que bajo el título Canarias: 1.500 kilómetros de costa, trata de sensibilizar para, cuando menos, reducir estos registros que, entre otras cosas, pueden terminar convirtiéndose en una contrariedad para la propia promoción de nuestra oferta turística. Las playas canarias no pueden ser sinónimo de inseguridad. Ni para nativos ni para visitantes.

Quintana, que compareció recientemente en el Parlamento regional para explicar los pormenores de su campaña y demandar la implicación de las instituciones, habla de una cultura de la seguridad acuática como base indispensable para prevenir accidentes fatales. Cierto que la desinformación y las imprudencias generan hasta el 90% de estos fallecimientos, en su mayoría turistas que desconocen las características de las zonas de baño -por muy calmadas que aparezcan- y se arriesgan o se confían cuando igual apenas saben nadar. No digamos cuando se acercan a avenidas o diques de protección donde, pese a estar señalizados los días de mar bravo o temporal, suelen acercarse o traspasarlos en busca de una estampa o sensación que puede terminar mal.

“Los turistas desconocen que estamos en medio del Atlántico y que cada punto de la costa tiene su personalidad”, dice el periodista, preocupado porque la carencia de esa cultura acuática pueda agrandar el problema a medida que se incrementen los flujos de visitantes. La prevención, por tanto, es primordial, sobre todo cuando muchos destinos turísticos archipielágicos siguen basando su producto en la fórmula sol y playa. De la misma manera que se insiste en campañas sobre el cuidado de la piel, habría que optar por acciones similares para evitar los ahogamientos. Si Canarias es un destino turístico de primer orden internacional y puede presumir de excelencia en muchos aspectos y prestación de servicios, es consecuente que se esmere en la preservación de la integridad física y emocional de sus habitantes y visitantes.

Ya se ha dicho que la implicación de las instituciones públicas es decisiva para la consecución de este fin. El Gobierno autónomo, en primer lugar, habrá de aprobar un decreto que propicie la creación de un sistema de protección o salvamento para que se cumpla en las quinientas setenta y nueve playas contabilizadas en el litoral canario. Ya se intentó en 2003 pero no hubo respaldo local y el vacío, incomprensiblemente, se ha prolongado, por lo que las playas insulares carecen de normativa reguladora de su vigilancia. Y como ésta es una tierra de paradojas, pese a los 1.500 kilómetros de costa, sí existe tal normativa para piscinas e instalaciones acuáticas que exige a los titulares o propietarios disponer de un socorrista mientras estén abiertas al público.

Demostrado: la seguridad en las playas -no bastan las banderas azules distintivas- requiere de información y de dotaciones. Si el 80% de los ahogamientos en nuestras aguas acaba en muerte, hay que actuar para evitar que merme el atractivo y para que la excelencia siga siéndolo allí donde más se precisa.