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El farolillo rojo sanitario

José A. Alemán / José A. Aleman

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Acaba de darse a conocer el informe anual de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Pasaré por alto la obviedad de que si existe una federación para su defensa es porque se la considera amenazada. Iré derecho al contenido del informe.

El resumen, en la parte que nos toca, es que Canarias continúa, desde hace ya cuatro años, entre las comunidades con servicios sanitarios más deficientes. Sólo los valencianos los tienen peores. Dado que no es novedad que las islas arrastren el farolillo rojo en todo, menos en porcentaje de parados, no me rasgaré las vestiduras para limitarme a ciertos detalles significativos, que numero en aras de la brevedad y de su mejor entendimiento.

1) Canarias invierte en Sanidad 1.413,33 euros por habitante. Está por encima de comunidades más pobladas y de mayores ingresos; como Madrid (1.135, 58 euros por habitante) y Cataluña (1.255). Y muy cerca de Navarra, donde la inversión es 1.455, 82.

2) De las mencionadas comunidades, Madrid aparece también entre las deficientes, en el puesto inmediatamente anterior a Canarias; Cataluña encabeza el grupo de las que cuentan con unos servicios “aceptables”; Navarra es de las que los tienen “buenos”. Asunto de gestión.

3) Madrid, Canarias y Valencia, por orden de menos a más deficientes, tienen en común que la Sanidad está en manos del PP: gobierna en las dos comunidades peninsulares y aquí es una de las áreas que le tocó en el reparto con CC.

Éstos son los datos destacables del informe. Ahora añado, también numeradas, unas apreciaciones acerca de la situación de la Sanidad en Canarias que refleja el tocho.

1) Subrayé que las peor cualificadas son tres comunidades en que el PP se encarga de la Sanidad, no por razones partidistas, que, sin duda, me atribuirán, sino porque la política sanitaria popular apunta a la privatización. Uno de los mecanismos utilizados son las concertaciones con clínicas privadas y el paralelo debilitamiento de la eficiencia de los establecimientos públicos.

2) En Canarias, los dineros presupuestarios para las concertaciones van en aumento. Pretextos: las listas de espera y cualquier circunstancia que contribuya a empeorar de la imagen de la pública. Lo que no impide, por cierto, según José Alfaro, portavoz de la Coordinadora Sanidad Pública de Calidad, que también haya esperas en las privadas.

3) Es sabido, en el caso de Gran Canaria, que hay plantas del Negrín que no se utilizan y que siguen muertas de risa buena parte de las del antiguo Hospital Militar. Son recursos ociosos que no interesa activar.

4) Nada les digo, por falta de datos cuantitativos, de la cantidad de médicos canarios que, al acabar la carrera, se marchan de las islas. Lo que añade al desastre buscado el gasto de formar profesionales que no encuentran trabajo aquí o a los que se ofrecen condiciones que les aconsejan coger puerta.

5) Tengo la sensación de que el modelo que se pretende es dejar a la Sanidad Pública reducida a lo benéfico-sanitario, como se decía antes, y a la adquisición de equipos de un coste tan elevado que no le sale cuenta a la privada adquirirlos, aunque sí tenerlos a disposición. Se impone el negocio, pues.

6) Los canarios toleramos este tipo de maniobras. Nos la están metiendo, perdonen la escatología, con vaselina. La desmotivación de la sociedad civil es tan evidente como que el partido que debería darle la réplica a esta política, el PSC, no está ni se le espera. Cuando Obama trata de potenciar la Sanidad Pública, para darle cobertura a 46 millones de estadounidenses que carecen de ella, se enfrenta a la oposición de las compañías de seguros y del potente sector sanitario privado. Obama, como antes Clinton y Kennedy, si mal no recuerdo, pretende acercarse al modelo europeo; aquí vamos en la dirección contraria sin que nadie rechiste.

El que avisa no es traidor, sino avisador.

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