Un giro a la derecha

Las distintas previsiones para este 2012 confirman, una vez más, la ineficacia de las medidas que se vienen aplicando, apuntando a que llevarán a la completa parálisis de la economía y a nuevos record en el número de desempleados. Como ejemplo, la reciente del BBVA que pronostica para España una caída del PIB del 1,3% y 700.000 desempleados más en el presente año. Y en Canarias, si no se toman medidas de estímulo podemos alcanzar los 400.000 desempleados antes de final de año.

Sin embargo, no se produce el mismo continuismo en el resto de las políticas de un Ejecutivo, el de Rajoy, que está llevando a cabo una contrarreforma de carácter profundamente conservador, que lo sitúa incluso a la derecha de los gobiernos de Aznar.

Así sucede en el caso de la Justicia, con una regresión sin precedentes cuando el ministro Gallardón pretende modificar el sistema de nombramiento de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hasta ahora compartían las Cortes Generales con las asociaciones profesionales, garantizando su pluralidad. Ahora, la composición de los órganos quedará exclusivamente en manos de las asociaciones, lo que supondrá mayor corporativismo y un perfil absolutamente conservador.

También constituye un paso atrás el implantar el copago para quienes recurran una sentencia en segunda instancia, lo que limita las posibilidades a los ciudadanos y ciudadanas con menos recursos económicos. Así como la grave involución de recuperar la cadena perpetua, en el país europeo con más porcentaje de presos y con más dureza en las penas que se imponen. Cargándose el principio de rehabilitación que inspira nuestro sistema penal y asociándonos a los estados más conservadores. O las anunciadas modificaciones en la conocida como ley del aborto, que limitan la capacidad de decisión de las mujeres, vuelven al viejo sistema de supuestos, cuando el de plazos da muchas más garantías, abriendo la puerta al incremento de intervenciones clandestinas.

Educación

En la Educación sucede otro tanto, con un conjunto de decisiones tomadas sin debate social y sin ningún consenso. El ministro Wert elimina Educación para la Ciudadanía, asignatura que potencia desde el ámbito escolar valores universales de democracia, tolerancia, respeto a la diferencia e igualdad, doblegándose ante los sectores más intransigentes, en una sociedad que ha dado muestras de ser más abierta que algunos de sus dirigentes políticos. Y, además, lo hace basándose en argumentos endebles e incluso falsos, como ese manual inexistente que han utilizado para denigrar a la asignatura.

Igualmente, la reducción de la ESO un curso, para dárselo al Bachillerato y a un primer año obligatorio de FP, supone rebajar la intensidad de las enseñanzas que alcanzan a todos los escolares e introduce elementos de privatización y/o de facilitar un mayor desvío de alumnos a los centros privados.

El dislate último, la caprichosa modificación del temario de oposiciones, retomando el de los años 93 y 96, solo se verá levemente atenuado (aunque ha causado problemas y malestar a los posibles opositores) porque serán pocas las comunidades que las convoquen ante las exiguas plazas que se permiten: el 10% de la reposición que serían, en el caso canario, 80 plazas, dado que han sido 801 los docentes jubilados. Este es un asunto de enorme trascendencia, puesto que van a ir desapareciendo decenas de miles de plazas docentes, sanitarias y del conjunto de los servicios públicos en el conjunto del Estado al no cubrirse anualmente las vacantes.

Desobedeciendo las recomendaciones europeas no se plantea mejorar la deficiente financiación educativa. Y, además, como el Ministerio de Educación no se plantea medidas de fondo, cambios metodológicos y de formación inicial y permanente de los enseñantes, así como dotar a las aulas de los suficientes recursos materiales y humanos, para poder actuar frontalmente contra los elevados índices de fracaso escolar de Canarias y de España. Asimismo, se produce un retroceso brutal en el apoyo a la I+D+i.

La posición ante las energías también retrata al nuevo Gobierno. Las nucleares se potencian, cuando Alemania inicia el camino contrario, cerrando una decena de plantas y marcándose el objetivo de un 80% de producción renovable en 2050. Soria impulsará el carbón, enormemente contaminante. Y atiza un golpe mortal a las renovables con la suspensión de las primas, en lo que parece una muestra de que se gobierna más para satisfacer los intereses de las eléctricas que para defender un planteamiento de futuro.

Hecho de enorme gravedad para el conjunto del Estado, pero mucho más para Canarias que perderá 1.000 millones de euros de inversión y en torno a 5.000 empleos. Frenando la posibilidad de que superemos nuestro actual retraso (7% de producción por energías renovables, frente al 20% estatal y el 70% de Navarra), cuando nuestro Archipiélago reúne las mejores condiciones tanto en energía solar como eólica e hidroeléctrica, clave para acumular los excedentes de la eólica. Y condenándonos, por tanto, a los combustibles fósiles, altamente contaminantes y que nos hacen dependientes del exterior.

Su actuación respecto a las prospecciones petrolíferas merece capítulo aparte. Por un lado, porque las pretende frenar en Baleares y Valencia, cosa que ha agradecido el PP en esas comunidades, para no dañar “el medioambiente, el turismo y la imagen”. Daño que no parece preocuparle en el caso canario, en el que ha actuado con menosprecio a las instituciones insulares y al propio Gobierno de Canarias. Ha actuado sin consenso, sin información a la ciudadanía, en un tema que, con las reglas de juego actuales, solo ofrecerá beneficios para la multinacional que lo explote y perjuicios para Canarias.

Por su parte, Cañete proyecta una ley de costas que amnistía a los que han construido ilegalmente, ocupando dominio público, y prepara el camino para la privatización de las playas. Mientras en Sanidad la ministra Mato no ha descartado la implantación del copago y revisa la dispensación de la píldora del día después, en una política nada congruente que puede volver a hacer elevar el número de abortos, a la baja en el período reciente.

En definitiva, estamos ante un Gobierno que ha dado un giro a la derecha y que amenaza con hacer retroceder importantes avances sociales y eliminar numerosos derechos cívicos; y que parece más atento a contentar a los sectores más duros e intransigentes del PP y de su electorado que al sentir, más moderado, de la mayoría de la sociedad. Un Ejecutivo, respaldado por la amplia mayoría absoluta de la que dispone, que nos hará retroceder décadas si no hay una contestación social y política a sus medidas, tanto de los que siempre nos opusimos a las mismas como de votantes desencantados del PP.

*Román Rodríguez es diputado en el Parlamento Canario y presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez*