Las instituciones frente a la crisis

Comparto las decisiones del Gobierrno central respecto a la inversión pública. Me parece razonable el nivel de inversión que está proponiendo el Estado de 33.000 millones de euros, de los que 22.000 millones estaban en los presupuestos y 11.000 millones ha metido adicionalmente como medida de choque, destinándose 8.000 millones para el Fondo de Inversión Local. Así como sus compromisos respecto a las prestaciones sociales a los parados y su negativa a facilitar el despido libre que vienen exigiendo las organizaciones empresariales y la derecha política.

Aunque pienso que el Gobierno español debe plantearse medidas como las acordadas por el Gobierno británico con la banca el pasado mes de enero, inyectando 23.500 millones de euros en créditos a las pequeñas y medianas empresas que tienen la garantía del Estado. Su objetivo es dar acceso al crédito a pymes que son económicamente viables pero están pasando problemas financieros debido a las restricciones crediticias.

Igualmente, es preciso priorizar selectivamente el gasto de las administraciones con austeridad y eficiencia. En la actualidad estamos ante una crisis de demanda frente a la cual hay que actuar con el efecto multiplicador de la inversión pública. El gasto público, por tanto, se debe centrar en inversión pública lo más productiva y sostenible posible, para hacer frente a la ausencia de inversión privada y mantener las rentas. En estos momentos, más que nunca, es exigible a las administraciones públicas la adopción de iniciativas dialogadas y consensuadas con el resto de instituciones y con los agentes económicos y sociales que permitan respuestas eficaces y con impacto real en la economía. Esa es la vía que hemos puesto en marcha en el gobierno de Gran Canaria.

Cabildo

En efecto, desde el Cabildo de Gran Canaria, a pesar de nuestro escaso presupuesto y limitada estructura competencial, estamos poniendo en marcha disntintas acciones en esa línea. Entre ellas, el plan de medidas para el fomento de la competitividad de Gran Canaria, un plan de inversiones (modesto, debido la disminución de recursos este año) de unos 50 millones de euros en obras para 2009 y la búsqueda de operaciones de prefinanciación privada de carreteras insulares ya sea con fondos RIC o con capital de las empresas interesadas. Se insciben también en esa senda la puesta en marcha del Consorcio Turístico de San Bartolomé y el impuso al ferrocarril Las Palmas de Gran Canaria-Sur de la isla, que supondrá una inversión de 1.000 millones de euros en los próximos años

¿Qué hace el Gobierno de Canarias en este contexto de profunda crisi económica? Desgraciadamente para las Islas y sus habitantes, poco y mal.

La reunión celebrada el pasado 17 de febrero entre el Gobierno de Canarias y los representantes de empresarios y sindicatos para abordar la grave crisis económica ha supuesto una nueva frustración. En la misma el Gobierno canario actuó de 'oyente' de sus interlocutores, sin hacer ninguna propuesta concreta para hacer frente a la actual crisis.

Además, el Ejecutivo ni siquiera presentó balance alguno (tampoco lo ha hecho en el Parlamento) del desarrollo del Plan sobre dinamización de la economía aprobado en marzo de 2008. Si lo hubiera hecho tendría que explicar dónde ha quedado su propuesta de limitar el aumento del gasto público corriente y establecer como criterio de crecimiento mínimo de la inversión pública el del PIB nominal en los Presupuestos de Canarias. Porque la realidad incontestable es que en los Presupuestos aprobados por ATI-CC y PP para 2009, siendo el crecimiento nominal previsto del PIB un 0,3%, el gasto corriente aumenta nada menos que un 4,1% y, lo que es peor, la inversión nominal se reduce un 4,3% (58 millones de euros menos) respecto a 2008. ¿Qué credibilidad se puede esperar de un Gobierno así?

REF

A falta de propuestas el Gobierno distrae la atención hablando de modificar el Régimen Económico Fiscal (REF) sin concretar el carácter y alcance de tales cambios. El nuevo REF canario entró en vigor en 2008 y está aprobado hasta el año 2013. Su alteración requerirá arduas negociaciones con Madrid y con la Comisión Europea, que durarán mucho tiempo, por tanto no sirve como medida coyuntural que tenga impacto real en la situación económica de las islas que son las que hay que tomar ahora, en el supuesto de que las propuesas fueran consensuadas y aceptables. Mientras, el consejero de Economía yerra gravemente al persistir en el apoyo a un sector del empresariado que pide una moratoria en la materialización de la RIC justamente cuando más falta hacen esas inversiones en Canarias.

Hay que actuar ante una situación que refleja dramáticamente los 223.000 parados que hay en Canarias, el doble de los que había hace un año y 7 puntos por encima de la tasa estatal, y el continuo cierre de pequeñas y empresas. Se pueden y deben adoptar iniciativas concretas desde las administraciones públicas en la actual crisis económica. Tal y como plantean las medidas implementadas por el Estado o las que el Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha en esta dura coyuntura.

Caminos bien distintos a los elegidos por el Gobierno de Canarias, incapaz de liderar y unir a la sociedad del Archipiélago frente a la crisis. Un gobierno sin ideas y sin credibilidad cuyos llamamientos a la unidad y al consenso suenan vacíos pues chocan con la práctica de ATI-CC y PP de imponer sus criterios como están haciendo con la Ley de Medidas Urgentes y con la celebración de reuniones en las que no se acuerda nada.

Román Rodrïguez*