El ''interés general'' degradado a cabo

Si Berriel se muestra aguerrido en defensa de los servicios jurídicos de la Comunidad, no le fue a la zaga Paulino en la del “interés general”. Lo que está bien, pero me parecería mejor si explicaran ambos dos qué coño de gestión es ésa que no paran los servicios jurídicos de pleitear y el presidente de anunciar que no cumplirá lo ordenado en vía judicial.

Las dos intervenciones se produjeron en el Parlamento y conviene relacionarlas en clave del “interés general” invocado por Paulino. Así, cabe considerar que las leyes de protección del medio natural son eso, de “interés general” ante la sistemática destrucción de las islas. Y pienso que tal “interés general” debe prevalecer sobre cualquier otro, por lo que no entiendo que Berriel diera por descontado que la protección tiene un precio a abonar a los intereses particulares perjudicados. No niego, ojo, el resarcimiento razonable a esos particulares, pero una cosa es una cosa y dos cosas que prevalezcan sobre el tan mentado “interés general” con indemnizaciones de cuantías galácticas que lo rebajan a cabo.

La cuestión, en fin, se reduce a la razón o a los motivos de que prevalezcan los intereses privados sobre el general degradado. El caso Tebeto evidenció fallos de la administración que llevaron a su astronómica indemnización y propició la salida a superficie de nuevos asuntillos, gravosos para las arcas públicas, que cobran significación tras el reconocimiento por Berriel de los más de mil millones “ahorrados” gracias a los servicios jurídicos. Lo que, traducido a romance, indica que el deficiente desarrollo y la peor aplicación de la legislación protectora del medio ambiente, del “interés general”, han permitido a los intereses privados encontrar resquicios y hasta amplios espacios para actuar. Si unas veces los servicios jurídicos sacaron a la Comunidad del mal trance, no han podido hacerlo en otras; las suficientes para poner en aprietos las finanzas regionales que, una vez más, recurren al recorte de los presupuestos relacionados con el bienestar social para “equilibrar” la cosa. Esto es lo que hay.

En lo de Tebeto se ha insinuado que las deficiencias de la gestión gubernamental fueron deliberadas con el propósito de favorecer a Bittini en perjuicio de lo público. Yo no sé si eso es cierto y aunque prefiero que no lo sea, no puedo pasar por alto que la mera sospecha indica la falta de confianza generalizada en los gestores autonómicos. El hecho de que a raíz de Tebeto se conocieran nuevos casos que permanecían solapados, si no medio ocultos, legitima más, si cabe, la desconfianza. La sensación de que nos están desvalijando cunde.

No hace falta que insista en que el Gobierno de una democracia decente ya habría actuado contra los responsables. Aun descartando el ánimo de delinquir, no tengo duda alguna de la existencia de descuidos, de notable irreflexión y de negligencias varias, por lo que no es de recibo que el Gobierno se limite a dar gracias a los servicios jurídicos de que las cosas no fueran peor y a anunciar que no pagará? sin echar una mirada autocrítica a su interior y sacar de sus puestos a quienes, como mínimo, han demostrado incompetencia e incapacidad.

Pero no quieren ni por nada remover cargos para mantener, aunque sea pegado con saliva, el pacto CC-PP. Lo que puso en evidencia el diputado popular Miguel Jorge Blanco al afirmar, ante la cámara parlamentaria, que también tienen responsabilidad los funcionarios inspiradores de la legislación proteccionista, origen de todos los males, por lo visto. Ya dispararon en Tebeto contra la diputada Francisca Luengo y erraron; después cargaron las tintas sobre Bittini que, al fin y al cabo, actuó en su propio interés, como no podía ser de otra manera en este sistema de mercado; ahora buscan nuevos blancos a los que tirar entre los funcionarios. Lo que sea con tal de que no nos fijemos en ellos, en quienes gobiernan y deciden, en los que han de aplicar las leyes y se las saltan con demasiada frecuencia; como en el caso conocido ayer mismo, ésa es otra, de los parques eólicos adjudicados en Gran Canaria: el 82%, nada menos, está fuera de la ley, lo que amplia el desastroso legado del PP que, encima, aspira a hacerse de nuevo con el poder en la isla a la que han condenado a seguir sin subirse al tren de las energías alternativas; la misma isla a la que machaca Soria desde el Gobierno para convencer a los pusilánimes de que sin él no hay paraíso; ni tetas, claro.

Para mí, las intervenciones de Berriel, Paulino y Jorge Blanco revelan la estrategia CC-ATI de despejar a córner y aprovechar a tope la mansedumbre isleña de la que esperan obtener los votos necesarios para continuar gobernando como si nada. Por el “interés general”, que llaman ahora al muy particular de seguir en el machito hasta que las ranas críen pelo..