Menos municipios, más centralismo

Por eso el ministro Soria afirmaba hace unos días que la culpa de la situación de Canarias, “de dos años para acá”, es del Gobierno autonómico porque “no se ha atrevido a disminuir el peso del sector público”. Hay que vaciar la educación, la sanidad, el control gubernamental sobre el territorio y demás para conseguir imponer la gestión privada sobre todos estos sectores estratégicos y para, entre otras cosas, como también decía Soria días atrás, más gallito que nadie y en su salsa, conseguir “más libertad para construir en la costa equipamientos y hoteles”. Sobra el Estado. Se pone en cuestión a los funcionarios, las autonomías, los ayuntamientos y pretenden hacernos creer que la culpa de la crisis reside en las instituciones y en las políticas públicas. Es una campaña antidemocrática en toda regla. Y no falta quien les baile el agua con todo el interés del mundo o con toda la ignorancia del mundo.

En las últimas semanas la artillería pesada ha estado dirigida hacia las comunidades autónomas y los ayuntamientos en un afán totalizador claramente orientado a devolvernos al centralismo franquista. Han puesto en marcha hasta un manifiesto contra las autonomías, en un ataque frontal a los pactos de la Moncloa y a la Constitución, para “concienciar a los ciudadanos de lo que para la integridad, la cohesión, la viabilidad económica y la solidaridad nacional supone el modelo de Estado de las Autonomías que tenemos” y han generado un intenso debate sobre la innecesaridad de muchos ayuntamientos y la conveniencia de borrar del mapa a miles de ellos.

Para justificarlo todo recurren de manera machacona y torticera a la deuda pública y a los costes que suponen mantener al conjunto de los municipios españoles. Y es aquí donde adquiere mayor calado la mentira: la deuda española se cifra en una cantidad que gira en torno a los cuatro billones de euros (cuatro veces el PIB) y aunque las cifras puedan variar algo, la generalidad coincide en confirmar que la deuda pública no llega al 16%, la de las familias está en torno a un 22%, la de las empresas en un 30,5% y la de los bancos por encima del 32% . Es decir, la deuda fundamental del país es privada en más de un 83%, y de ésta, casi dos tercios corresponde a los bancos y a las empresas. Del conjunto de la deuda pública española (solo el 16% del total del país, el 60,1% del PIB), el 46% concierne a la Administración central, el 10,9% a las comunidades autónomas y un raquítico 3,3% a las entidades locales (más de la mitad de ésta pertenece a ayuntamientos capitales de provincia y Madrid se lleva la palma). Es más, según el Boletín Estadístico del Banco de España, la local fue la única administración pública que redujo su deuda en el último trimestre de 2011 frente al aumento que se produjo en las otras.

Si bien el artículo 142 de la Constitución española señala que “las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño que la Ley les atribuye”, el 137 considera la autonomía local como básica dentro de la organización territorial del Estado y el artículo 9.1 de la Carta Europea de Autonomía Local define su “Principio de autonomía financiera”, lo cierto es que, aunque tras las primeras elecciones democráticas se pactó que el 50% de los recursos fuera para el Gobierno central, un 25% para las autonomías y otro tanto para los municipios, en estos momentos los entes locales sólo reciben un 13%. De cada 100 euros que pagan los ciudadanos, 60 corresponden a tributos del Estado, 34 a autonómicos y solo 6 van a las administraciones locales; sus ingresos dependen en un 50% de impuestos directos; soportan un 32% (más de 7.000 millones) de competencias impropias, que son de otras administraciones pero que atienden y financian los municipios; la desaparición del impuesto de actividades económicas, que suponía el 20% de los ingresos municipales, nunca fue compensada; la Ley de Financiación Local se pospone legislatura tras legislatura a pesar de que todos los presidentes prometen resolver el tema cuando llegan al poder; la definición del marco competencial nunca se ha llevado a cabo, con el enorme perjuicio que supone para los ayuntamientos; la dependencia de otras administraciones es asfixiante. Y aún así, la inversión pública ejecutada por los municipios ha sido considerablemente mayor que la realizada por las comunidades. En esta tesitura, el Gobierno canario se queda con parte de IGIC, además de revisar a la baja el Fondo de Financiación garante de parte de la autonomía de los municipios canarios, aunque aumenten las competencias asumidas por los recortes en educación y en servicios sociales y que se estén poniendo en riesgo los servicios básicos y cercanos que se prestan a la colectividad?

Pues bien, a pesar de todo esto el Gobierno central no ha dudado en ningún momento en intervenir a muchísimos ayuntamientos españoles con el traído y llevado plan de ajustes para el pago a los proveedores. Paradójicamente, de los 17.000 millones previstos para este fin, los ayuntamientos solo necesitaron 9.500, es decir el 50% de la deuda municipal no ha tenido que recurrir al fondo por su solvencia económica. Y anuncia ahora una fusión masiva de municipios, en función de su número de habitantes, sin justificación alguna, porque no existen estudios que aseguren que la medida supondría ningún ahorro económico. Porque estamos hablando de pequeños municipios donde sus cargos electos no cobran, donde los funcionarios de carrera trabajan en régimen de acumulación en varios pueblos a la vez, donde la orografía y sus especificidades no siempre hacen funcionar la economía de escala. Son además, los pueblos en los que menos casos de corrupción se han producido y los que menos deuda tienen.

Los municipios tienen su origen en la Comunidad de Aldea que nació a fines del siglo IX en el norte peninsular y se consolidó en la comuna de la Edad Media. Para Italo Calvino son un conjunto de memorias, deseos y lenguajes y en el siglo XIX, Alexis de Tocqueville los definió como el lugar donde reside la fuerza de los pueblos libres. Joan Subirats dice que “el local es el mejor espacio para ofrecer respuestas concretas e integrales a los problemas”? En definitiva, hacer desaparecer municipios porque sí, es hacer desaparecer realidades históricas, es crear enfrentamientos gratuitos, romper la cohesión social y crear desarraigos, es enfrentar a los que más tienen con los que menos, instaurar la crispación, romper la convivencia, forzar relaciones vecinales y humanas?Es quebrar la célula principal de la participación de la comunidad en las decisiones colectivas. Es un tremendo paso atrás en la democracia. Pero me temo que esto no le interesa lo más mínimo a los mercados. Ni a un Gobierno sometido a los mercados.

Antonio Morales